Sin perdón

Ni perdono ni olvido, afirma una buena parte de las víctimas de De Juana entrevistadas por este periódico. Lo sienten así muchas víctimas, aunque no lo manifiesten en público. Y la mayor parte de la sociedad, que tampoco perdona y menos olvida. Sus crímenes están presentes en la memoria de los ciudadanos españoles. Y la rabia, la indignación, la tristeza, la frustración.

No faltarán voces que ante la nueva movilización antiterrorista contra De Juana agiten las acusaciones de populismo o de utilización partidista del terrorismo. Ya lo hicieron durante el escándalo de su excarcelación, demostrando que los males políticos que explican este enorme fracaso de la democracia española aún afectan a nuestro país.

Esos males constituyen la esencia de este caso. Más aún que la falta de arrepentimiento de este etarra y su reivindicación de los crímenes pasados y de los futuros. Conocíamos su escalofriante perfil criminal y psicológico, y sabíamos que, en su caso, como en el de tantos otros, la reinserción que algunos reivindican es una quimera pueril y gratuita. Que es imposible y que los criminales de esta calaña utilizan las puertas abiertas del sistema judicial para burlarse de las víctimas y hacer un corte de mangas a la sociedad.

De Juana no es recuperable y lo sabíamos. Pero lo que aún no sabemos es si la democracia española está definitivamente preparada para que éste y otros etarras no sigan haciendo saltar por los aires los principios de nuestro sistema político. Y es que el éxito de su chantaje al Estado se produjo hace apenas un año y medio y la negociación con la banda terrorista acabó hace aun menos tiempo. No se trata de los problemas del viejo Código Penal, de la inexperiencia de la joven democracia, de la ingenuidad de nuestros políticos. Se trata de lo ocurrido ayer, el año pasado.

Hace apenas un año y medio, un conocido intelectual de la izquierda me insultaba airadamente en un programa de la televisión catalana cuando yo criticaba la excarcelación de De Juana. El estilo desaforado, histérico y ofensivo de este intelectual no es, por supuesto, representativo de la izquierda ni de nadie. Pero lo que sí lo es, o al menos lo fue anteayer, es la disposición a una gravísima cesión del Estado ante el chantaje de uno de los más grandes criminales de este país. En eso consistió la excarcelación de De Juana.

Y por eso fue decidida, hace apenas un año y medio, por el mismo ministro de Interior que ahora proclama que el único destino de los terroristas es la cárcel. Para mantener la negociación con ETA, aquella negociación en la que el Gobierno y Rubalcaba, el mismo que ahora persigue a ETA, estaban dispuestos a formar una mesa política con los compañeros de De Juana para decidir el futuro político del País Vasco.

Añádanse a estos males el de la nula rectificación mostrada en España por todos los opuestos al cumplimiento íntegro de las penas y a la reforma de nuestro sistema penal, siempre amparados en el supuesto progresismo. Hace un año y medio, hace cinco y ahora. Por error, un artículo de mi compañero César Alonso de los Ríos apareció ayer en estas páginas bajo mi nombre. Pero lo cierto es que la defensa que César Alonso de los Ríos hacía en ese artículo de la cadena perpetua podía haber sido también firmada por mí. Y es que la cerril negativa a plantear siquiera esta posibilidad es una buena muestra de lo que ha dado de sí nuestro sistema judicial para defender a las víctimas de criminales como De Juana.

Las víctimas y la sociedad que ni perdonan ni olvidan son el fruto de esta historia de errores, incumplimientos y cesiones. De la incapacidad del sistema judicial para hacer justicia y resarcir a las víctimas. De la incapacidad del sistema político para mantener la firmeza y los principios democráticos frente a ETA.

Y esas heridas abiertas aún sangrarán más de lo que lo han hecho cuando De Juana inicie, hoy, su vida en libertad. Queda el último capítulo de esta historia de vergüenza e injusticia. El de esa sociedad vasca que apoya y ampara a De Juana. Porque le admira o porque le teme. Da lo mismo.

Le preparan homenajes, protección, reivindicación. Los mismos que hace apenas un año y medio negociaban con nuestro Gobierno y exigían su excarcelación.

Edurne Uriarte
Catedrática de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco

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Otro día de infamia

A Rafael Ricardi, un pobre toxicómano del Puerto de Santa María, le cayeron 36 años de prisión por una violación que no cometió, y nadie le ha pedido disculpas después de que cumpliera trece expiando un delito ajeno. Le han puesto en libertad con el seco ritual carcelario, adiós muy buenas, y eso es lo que hay. Trece años por nada. Hoy, Ricardi verá en la televisión un alboroto en la puerta de un presidio por la que habrá salido Iñaki de Juana Chaos, condenado a más de 3.000 años por asesinar a 25 personas, y probablemente no entenderá nada. Como tampoco lo entienden los deudos de las víctimas de ese serial killer al que cada muerto le ha salido a menos de un año de condena. Veintiún años por veinticinco asesinatos. Eso también es lo que hay.

Pero no se puede llamar justicia al sistema que permite casi simultáneamente este doble sinsentido. Un sistema que tiene agujeros sin fondo por los que caen los inocentes y por los que escapan los culpables. Un sistema que tritura la vida de un hombre sin recursos y tira a la basura sin respeto el dolor de las víctimas de un delirio de violencia política. Un sistema que ofende el sentido común al permitir un agravio de infamia.

Con De Juana ha fallado toda la estructura moral y política de la democracia, incapaz de articular una respuesta penal a su mayor desafío. Una democracia acomplejada ante la cadena perpetua, timorata a la hora de evaluar el carácter perverso del terrorismo y su incapacidad intrínseca de arrepentirse. Una democracia que durante décadas ha preferido negarse a sí misma, con ceguera contumaz, la necesidad de defenderse de manera terminante ante la sistemática y organizada agresión de un designio político visionario. Una democracia enferma de debilidad, de dudas y de divisionismo.

Toda esa carga pusilánime ha hecho crisis en este caso clamoroso que ofende la dignidad colectiva por su carácter chapucero y su torpeza jurídica. Ha faltado sentido de la previsión, determinación política, cohesión institucional, y ha sobrado conformismo, cobardía y tacticismo. No sólo ahora, en el reciente encogimiento maniobrero de un tramposo «proceso de paz», sino desde el principio, cuando los partidos democráticos se negaron a revisar un Código Penal elaborado desde bases ajenas al reto de la violencia terrorista. El resultado es una desoladora ausencia de respuestas que desemboca en la impotencia estéril de un absoluto, lacerante, pesimista y estrepitoso fracaso. Todo ha fallado: la legislación, la voluntad, la perspectiva, la estrategia, la Justicia, el Estado. Lo único indemne en este generalizado despropósito es la gigantesca entereza moral de unas víctimas que resisten la humillación y el oprobio sin merma de dignidad y sin una sola concesión a la tentación de la venganza.

Al final, éstos son los hechos. Rafael Ricardi, toxicómano, inocente, trece años de cárcel. Iñaki de Juana, terrorista, culpable de 25 asesinatos, veintiún años de prisión. Y seguimos llamando justicia al sistema que consiente esta ignominia.

Ignacio Camacho
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De Juana Chaos, en la calle

El etarra Iñaki de Juana Chaos sale hoy de prisión. El terrorista más sanguinario del «comando Madrid» de ETA recupera su libertad sin pedir perdón por sus 25 asesinatos, sin haber pagado las indemnizaciones a sus víctimas, sin haber dado muestra alguna de arrepentimiento y sin condenar el terrorismo. Lo hace como un héroe de la izquierda abertzale que no sólo se ha reído a carcajadas de las víctimas y sus familias, como él mismo ha confesado, sino que se ha mofado de las normas del juego democrático a través de sus huelgas de hambre, su sospechoso título universitario y demás tretas administrativas para dar esquinazo a los pagos que debe realizar a los damnificados por sus matanzas.

Los más de tres mil años de cárcel a los que fue condenado por su sangrienta trayectoria materializada en al menos once atentados se vieron reducidos a dieciocho a consecuencia de la flaqueza del antiguo Código Penal y gracias a la obtención de varias redenciones extraordinarias y controvertidos beneficios penitenciarios. De hecho, tendría que haber sido excarcelado en agosto de 2005. Pero un mes antes, la Justicia decidió mirar con lupa sus últimas actuaciones en busca de pruebas para evitar su salida y las encontró: unos artículos publicados en el diario «Gara» en diciembre de 2004. Tras una considerable rebaja respecto a la sentencia inicial de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo le enviaba a prisión tres años por amenazar a los directores de varios centros penitenciarios.

Esta condena que hoy expira ha sido testigo de uno de los episodios más bochornosos del abuso de poder en la era democrática de nuestro país, que las víctimas del terrorismo no olvidan. Ocurrió en marzo del pasado año, en plena negociación con la banda terrorista, cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió recompensar a De Juana con una excarcelación hospitalaria aderezada con una serie de privilegios injustificables. Era la primera vez que el Estado de Derecho cedía ante un órdago lanzado por un terrorista a través de una manipulación del Poder Judicial para encubrir de falsa legalidad una decisión política. Este chantaje terrorista que ETA y De Juana supieron aprovechar dejando en ridículo al Gobierno generó una oleada de rechazo en todo el país, que se echó a la calle para exigir su vuelta a prisión. Sin embargo, no fue hasta un día después del anuncio de la ruptura del alto el fuego permanente de ETA cuando el Gobierno ordenaba la vuelta del etarra a la cárcel de Aranjuez.

Ahora, con la puesta en libertad de Iñaki de Juana Chaos, resulta inevitable pensar que ETA ha ganado una nueva batalla a la Democracia. No es para menos, teniendo en cuenta que a De Juana cada uno de los 25 asesinatos que ha cometido sólo le ha supuesto ocho meses de cárcel. Si a eso se añade que residirá en la misma calle que otras cinco víctimas de ETA, a las que no ha pedido perdón, la desazón en la ciudadanía es aún mayor.

Por eso, a estas alturas resulta poco reconfortante para las víctimas del terrorismo que las fuerzas políticas improvisen en caliente un acuerdo para evitar que los etarras se mofen de esta manera de sus víctimas y se evadan de pagar sus deudas con ellas. Una vez más el pacto llega tarde, al igual que la decisión de la Fiscalía de investigar de nuevo al terrorista para devolverle a su celda. Está claro que urge, sin dejar lugar a electoralismos oportunistas, un trabajo más serio para reformar la legislación antiterrorista y no dar margen de impunidad alguno a los terroristas. En suma, evitar que haya más «De Juanas» en libertad.

Editorial
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