A estas alturas no es ningún secreto que la ETA contaba con santuarios en ciertos países caribeños donde los terroristas son recibidos con los brazos abiertos por ciertos gobiernos de extrema izquierda con los que nos empeñamos en llevarnos bien. Desde siempre el castrismo ha simpatizado con la causa etarra y ha prestado cobijo a sus miembros. Para los Castro, estos asesinos sin escrúpulos son una variedad europea de guerrilleros que luchan por la revolución. Desde su perturbada lógica, por lo tanto, es perfectamente comprensible que los asista y asile en su país. De hecho, hace unos meses, el Gobierno cubano expulsó a un equipo de agentes del CNI que habían viajado hasta la isla para vigilar de cerca a la colonia de etarras que vive exiliada en Cuba. Porque allí, en los predios de la familia Castro Ruz, no se andan con los paños calientes a los que nosotros les tenemos mal acostumbrados.
Pero lo que es bueno para Castro lo es también para Hugo Chávez, su aventajado alumno hispanoamericano que está ya muy cerca de instaurar una férrea e irrespirable dictadura comunista en Venezuela, calcada punto por punto y coma por coma a la cubana. Los etarras, pues, han encontrado un nuevo puerto seguro para evadir la Justicia española e, incluso, para prosperar en la política local. Eso mismo es lo que ha sucedido con el matrimonio de terroristas formado por Arturo Cubillas Fontán y Goizeder Odriozola Lataillade, que han pasado de ser deportados a primeras figuras del Gobierno venezolano.
Estos dos agraciados por la lotería chavista no han sido los únicos. Según Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, hasta doce integrantes de la ETA viven en Cuba y Venezuela, lugares donde han continuado con sus actividades terroristas. El magistrado acusa a los procesados de colaborar con los terroristas colombianos de las FARC, a los que lleva varios años adiestrando y con los que ha trazado planes comunes. Según se desprende del auto del juez, los etarras enseñaron a los miembros de las FARC, entre otras especialidades, a montar bombas con teléfonos móviles o a manejar el explosivo C4. Todo, por supuesto, durante la tregua-trampa que la ETA declaró y que sirvió para que los hombres de Zapatero se bajasen, literalmente, los pantalones en una negociación que desembocó en el atentado de Barajas.
Las acusaciones son de un peso tal que sorprende que todo se haya llevado a término bajo la protección del Gobierno venezolano, un Gobierno que dice ser amigo de España y que recibe mimos constantes por parte de su homólogo español. Zapatero es el representante de Chávez en Europa y todavía está por ver que censure alguna de los muchos excesos en los que ha derivado la revolución apadrinada por el padre del así llamado “socialismo del siglo XXI”.
Porque, y esto es lo importante, a pesar de las buenas relaciones que Zapatero insiste en mantener con Chávez, al que le presta apoyo político y diplomático, el hecho es que el dictador venezolano va a lo suyo y cumplimenta su propio programa caiga quien caiga. No puede entenderse si no que la ETA, que es la principal enemiga de España y de los españoles, haya hecho tantos y tan buenos negocios dentro de la República Bolivariana. Urge una respuesta del Gobierno de Venezuela y la extradición de los procesados por Velasco. Si no se obtiene ninguna de las dos exigencias, la política y la judicial, como mínimo habrá llegado el momento de romper las relaciones diplomáticas con un Gobierno –que no con el pueblo venezolano– que respalda y alimenta a una banda terrorista que lleva más de 40 años asesinando españoles.
Editorial LD
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