Libertad, igualdad, "islamidad"

La Europa que sale en los periódicos acaba de patibulear de nuevo al Papa, esta vez por decir en Camerún que con el reparto de preservativos se corre el riesgo de extender el sida.

La ministra alemana de Salud le ha llamado "irresponsable"; el gobierno de Sarkozy le ha acusado de "poner en peligro la protección de la vida humana", igual que varios dirigentes de la Comisión Europea, la ONU y el Fondo Monetario Internacional; Bélgica ha presentado una protesta oficial ante el Vaticano; España ha obsequiado a África con un millón de condones, y tramita la reprobación del obispo de Roma en el Parlamento con la bendición del PP. En fin, parece que los líderes europeos de diestra y siniestra piensan lo mismo que el ex-primer ministro francés Alain Juppé: "Este Papa empieza a ser un verdadero problema para el mundo".

Pero el problema no es Benedicto XVI. El Papa repite la doctrina de la Iglesia, basada en lo que ve cuando atiende a un tercio de los enfermos de sida en África. Además, la posición de Benedicto XVI coincide con las conclusiones de la ciencia no ideologizada. Recordemos, por ejemplo, el artículo "El Papa puede tener razón", publicado en el Washington Post por el investigador de la Escuela de Salud Pública de Harvard Edward C. Green, donde este confeso progresista sostiene que la evidencia empírica respalda al Papa. Así pues, el problema de fondo no es Benedicto XVI, sino la Iglesia Católica: la única institución mundial que se atreve a hablar del hombre y con el hombre sin someterse a los dogmas progresistas internacionales.

La enemistad entre el orden progresista y la Iglesia no es nueva. Las ideologías que zarandean Europa desde la Ilustración siempre vieron en el cristianismo un enemigo, y en la Iglesia un rival que era preciso menoscabar. Así lo proclamaba Mirabeau en los Estados Generales de la Francia revolucionaria: "Si queréis una revolución, es necesario comenzar por descatolizar Francia". Hegel legó el mismo consejo a su posteridad espiritual: "Sin que se altere la religión no puede tener éxito ninguna revolución política". En este contexto deben entenderse las religiones de la razón, las constituciones civiles del clero, las iglesias patrióticas, las expropiaciones de bienes eclesiásticos, las exclaustraciones y destierros de religiosos. Los horrores del s. XX culminaron este proceso, que De Lubac resumió con exactitud: "Cuando el hombre construye un mundo sin Dios, acaba construyéndolo contra el hombre".

La ideología secularista que hoy predomina en los foros de poder representa una vuelta a las fuentes del pensamiento revolucionario. Aparece con un nuevo atractivo, despojada de su estética guillotinesca y chequista, al modo como la espada torna a brillar tras limpiarla de sangre. Pero su objetivo sigue siendo el mismo que indicaron Spinoza y Rousseau: sacralizar el Estado y estorbar la influencia de la religión en la vida social. Así lo entendieron las logias masónicas desde el s. XVIII, y así lo recogió el PSOE en su manifiesto por el laicismo de 2006. El Estado debe ser el referente moral definitivo. Sólo a él corresponde definir lo justo y lo injusto mediante las mayorías parlamentarias. "Ninguna fe –como repite Zapatero– puede oponerse a las leyes". De este modo, el Estado se convierte en la última autoridad civil y religiosa, a la que el hombre debe someterse para su salvación.

Desde hace medio siglo, este relato laicista parasita también las instituciones internacionales. Algunas son creación de los Estados; otras emanan de opacos entes mundiales. Pero la mayoría se dice representante de una "voluntad global" que converge hacia un credo de paz y fraternidad, tal vez esbozado en los Objetivos del Milenio. En este sentido, la globalización no conlleva la desaparición del Estado moderno, sino la extensión planetaria de su servidumbre, en nombre –una vez más– del paraíso terreno. Ahí está la clave de la reprimenda internacional a Benedicto XVI: sólo el Estado y sus prótesis mundialistas pueden conformar el orden moral internacional. Si la Iglesia no se somete a este credo, se convierte en un estorbo para la felicidad del hombre, o incluso en criminal y genocida. El utopismo parece dispuesto de nuevo a sojuzgar a la humanidad, y esta vez a escala planetaria.

Hace cien años Vladimiro Solobiov, un filósofo ruso muy familiarizado con la cultura musulmana, recordó que cuando se exige al hombre reconocer al Estado como una fuerza suprema, que se someta a él por completo, se realiza un acto de islam, que quiere decir sumisión o resignación. Un acto de anonadamiento equivalente al que realizan cada día los musulmanes, sometidos a un orden social incapaz de distinguir a Dios del César. Desde esta perspectiva, es significativo que revolución e islam regresen a las fuentes, laicistas unas y yijadistas otras, precisamente en el mismo momento histórico. Y que justamente ahora mundialicen sus estructuras para imponer su particular islamidad. Y que ambos intenten domesticar a la Iglesia mediante restricciones a la libertad religiosa, políticas cesaropapistas y alianzas de civilizaciones.

Secularismo y yijadismo representan un retroceso histórico de veinte siglos, a los tiempos en que el César y Dios se confundían. El "Sí, podemos" del secularista Obama significa que el criterio último de razón es la voluntad del hombre. El "Sólo Alá legisla" del yijadista Sayyid Qutb significa que la voluntad de Dios puede estar más allá de la razón. Pero ninguna de estas consignas es capaz de sustentar un orden internacional que refleje el íntimo carácter racional de Dios y del hombre. Así lo dijo Benedicto XVI en Ratisbona hace tres años, avisando de que el laicismo sordo a lo divino menoscaba la razón, y de que el islam que no actúa según la razón es contrario a la naturaleza de Dios. Entonces se enfurecieron los musulmanes. Ahora se venga el laicismo, chillando con voz plastificada.

Guillermo Elizalde Monroset

© Fundación Burke

Estados fallidos

El asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg ha puesto contra las cuerdas al gobierno guatemalteco de Álvaro Colom. La noticia lleva varios días revoloteando por los cintillos de medio mundo.

Rosenberg, una persona honorable, lo advirtió mediante un video impactante cuatro días antes de ser ultimado por unos sicarios todavía desconocidos: el presidente, la primera dama y otros funcionarios importantes planeaban matarlo por su conocimiento de un crimen previo. El mandatario, por su parte, ha negado toda responsabilidad en el hecho, y hay que esperar a que ciertas investigaciones independientes determinen sobre su presunta culpabilidad. Hasta los políticos son inocentes mientras no se demuestre lo contrario.

A raíz de esta monstruosidad, he vuelto a leer y a escuchar una aseveración un tanto confusa: ''Guatemala es un Estado fallido''. En efecto, es uno de los países con mayor índice de criminalidad del planeta. Pero ¿es realmente un Estado fallido? Ahora está de moda hacer esas afirmaciones. Lo dijo hace poco el Departamento de Defensa de Estados Unidos con relación a México y el creciente poder del narcotráfico. México, suponen, puede un día colapsar súbitamente. Es lo que sucedió en Haití, país ingobernable intervenido por Naciones Unidas y patrullado por varios millares de soldados extranjeros.

¿Cuándo un Estado se convierte en ''fallido''? No se trata del nivel de pobreza, educación, sanidad, o de la imposibilidad de enfrentar terribles calamidades naturales. El asunto es más simple: estamos ante un Estado fallido cuando es imposible obtener justicia o protección para ejercer nuestro derecho a que nadie nos mate, secuestre o extorsione sin la razonable expectativa de que el delincuente pagará por su crimen. El Estado falla cuando se envilecen las instituciones de derecho.

A tenor de esa definición, en efecto, Guatemala, México y otras naciones latinoamericanas son Estados fallidos o están camino de serlo. No creo, como supone el Departamento de Defensa norteamericano, que se aproximan a un colapso súbito que puede desintegrarlas en facciones rivales que se hagan la guerra cruelmente, como sucede en el Congo o Sudán. Pero es indudable que en varias naciones latinoamericanas apenas hay seguridad ni protección para la vida, los crímenes suelen quedar impunes, las fuerzas del orden público muchas veces son cómplices de los delincuentes o son ellas mismas las que violan las leyes, y es inútil acudir a los juzgados porque la justicia es muy lenta, muy incompetente, o los jueces venden las sentencias a quien les pague la cantidad adecuada, o a quien prometa no matarlos, porque existe la regla no escrita de los dos metales: plata o plomo. Plata, si sentencian como quieren los delincuentes; plomo, si se ajustan a la ley y los castigan.

El propio presidente mexicano, Felipe Calderón, lo declaraba hace pocas semanas: la mitad de las fuerzas de la policía habían sido corrompidas por el narcotráfico. Hablaba de un universo de 450.000 personas. Si el dato es cierto, no estamos en presencia de un problema de la policía, sino de la sociedad mexicana. Doscientos veinticinco mil personas de todas las regiones del país es una muestra transversal de la nación mexicana. En Guatemala, a la escala del país, debe de suceder lo mismo. La pregunta obligada, pues, es cómo se llegó a esa situación.

La respuesta también es bastante obvia: durante muchas décadas los políticos y los funcionarios públicos, en contubernio con buena parte de la sociedad, fueron erosionando el Estado de Derecho hasta debilitarlo peligrosamente. Cada negocio ilegal, grande o pequeño, que pública y descaradamente hacían, o cada mordida que daban (o pagaban), sin consecuencias penales de ninguna clase, acabaron por configurar una cínica percepción de las relaciones entre el Estado y la sociedad: las leyes no se promulgaban para cumplirlas, sino para poner precio a las violaciones.

A partir de ese punto, todo era posible. ¿Por qué los policías no van a robar, si lo hacen los políticos o los funcionarios designados? ¿Por qué los matones no van a cobrar extorsiones, si lo hacen los jueces y los fiscales? Era absurdo esperar que las personas con poder o con audacia iban a seleccionar escrupulosamente qué leyes cumplir o qué leyes violar. Donde se tolera la corrupción y reina la impunidad es perfectamente predecible un crescendo imparable de la clase de delitos y del número de delincuentes que los cometen.

Queda, pues, la pregunta obligada: ¿es posible revertir este viejo proceso de pudrición institucional y restablecer el imperio de la ley? Sí: pero todo comienza por el mea culpa y la regeneración de la clase dirigente, tanto del sector público como de la sociedad civil. Es una ceremonia poco frecuente, pero es factible. Todavía hay esperanzas.

Carlos Alberto Montaner
© Firmas Press

Bibiana "la pensaora"

Agradeceremos primero, en lo que vale, la precisión terminológica a la ministra de Igualdad: "las jóvenes pueden ponerse tetas" sin conocimiento de sus padres, luego –según Aído– por qué no van a poder abortar sin ese mismo conocimiento. Hay que salvar el único acierto de lo nuevo de la ministra, que es precisamente la palabra "tetas", la cual, pronunciada hoy día en público con cierta contundencia, te convierte automáticamente en un maltratador de género. 

En castellano la palabra de la ministra es tal vez mi segunda acepción favorita después de la primera de Woody Allen, que no es, como se sabe, "te quiero" sino "es benigno". Según la bienpensancia española ambiente, las jóvenes se ponen pudorosamente "pecho", que es una palabra que sirve para poner delante la carpeta del instituto pero para nada más práctico. Aído hace un ejercicio de desmitificación agradecible: son tetas operadas se ponga la gente como se ponga. Gracias, ministra, por el rescate de la infamada palabra castellana, pero no parece demasiado para ser la única intervención ministerial suya que se sostiene, aunque sea siliconada, desde que llegó al cargo. 

¿Qué tendrán que ver, por demás, las tetas con el asesinato progre? Como Aído se siga liando ella sola y las alcachofas continúen a su alcance, terminará por emparentar al feto de trece semanas con unos marcianitos cabezones de origen desconocido y comparando el aborto con hacer gárgaras frente al espejo. Para mí que ésta lo que hacía dentro de aquella agencia andaluza de promoción del Flamenco no era estudiar palos y pegar jipíos, sino que estaba empleada de "pensaora" del cante. 

Julio Camba escribió sobre esta figura absolutamente incomprensible fuera de España en alguno de esos tomitos que le compilaban sobre esto, lo otro y lo de más allá. En las juergas flamencas clásicas estaban los señoritos, los palmeros, los tocaores, los cantaores, los agradaores, que se encargaban nada más que de agradar (pongamos por caso: "qué arte tiene usted, don Manuel, para coger la chulla de jamón por derecho") y los pensaores, que han evolucionado por lo visto, bajo la Andalucía de Chaves, en pensaoras. La "pensaora", hubiese escrito hoy quizás Camba, es esa sombra que se sienta en la silla de enea presidiendo la juerga flamenca, sin necesidad ni de agradar, sin tocar palmas, con expresión de profunda concentración, casi dolor, y que al final, cuando cesa el griterío, se gana la propina de su cargo a dedo diciendo una sola frase lo más seria posible, para darle a la juerga su necesario toque de gravedad, pues España no ha sido nunca país alegre, contra lo que cree la propia Aído. 

– El feto es un ente, no un ser. 

Silencio abrumador. Ha hablado. Y ya la "pensaora" de la promoción del flamenco se habrá ganado que la hayan hecho ministra. Aído es una ministra voluntariosa buscando aún la frase definitiva para dejar a todos sus señoritos patituertos. Es "la pensaora" de toda esta fiesta progresista. 

José Antonio Martínez-Abarca

abarca@libertaddigital.tv