El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha puesto negro sobre blanco los principales vínculos del régimen de Hugo Chávez con la trama terrorista formada por las FARC y ETA. En un detallado auto hecho público ayer, el juez Velasco describe el largo historial de colaboración entra ambas organizaciones terroristas, acreditado con documentos oficiales, testimonio de terroristas arrepentidos y, sobre todo, archivos informáticos hallados en el ordenador del dirigente de las FARC Raúl Reyes, muerto en la operación antiterrorista lanzada por las fuerzas colombianas contra su campamento en la frontera con Ecuador, en marzo de 2008. Estos datos permiten al juez Velasco dar por acreditada «la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA». Son numerosas las referencias a los campamentos de las FARC en suelo venezolano, donde entrenaron terroristas de ETA, así como la colaboración de militares y miembros del servicio de inteligencia militar de Venezuela en un traslado de terroristas de ambas organizaciones por el país centroamericano. En particular, el auto destaca el amparo y la promoción que dio el Gobierno de Hugo Chávez al etarra Arturo Cubillas Fontán, quien simultaneó un alto cargo en el Ministerio de Agricultura con su condición de responsable de ETA en la región. Fruto de esa colaboración ETA-FARC habría sido la conspiración para asesinar en España a diversas personalidades colombianas.
El procesamiento de Cubillas, entre otros, y la petición al Gobierno español para que inste su extradición desde Venezuela, ponen al Ejecutivo en la obligación de adoptar una posición de firmeza frente al Hugo Chávez cómplice de ETA, olvidando los tiempos de compadreo con el Hugo Chávez bolivariano y progresista, icono de esa irremediable izquierda europea. Esta es la única opción que le queda al Gobierno para ser coherente con su encomiable política contra ETA y con el respeto a las decisiones jurisdiccionales. Pero, además, la respuesta no debe quedar sólo en la genérica petición de explicaciones que ayer ordenó Zapatero a Moratinos: debe alcanzar a una revisión profunda de las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Chávez, porque no es posible tener discursos contradictorios sobre la lucha contra el terrorismo y el compromiso internacional -sea de España o de terceros países- para acabar con las organizaciones terroristas, sean ETA, las FARC o los talibanes afganos. Si Chávez se quita la careta y se muestra como padrino de alianzas terroristas, el Gobierno español no puede permanecer indiferente.
Editorial ABC
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