Con ser grave que miembros de ETA y de las FARC colombianas colaboraran para atentar en suelo español, no es eso lo más importante del caso. Lo tremendo de verdad es que tales encuentros se produjeran bajo el auspicio del Gobierno venezolano. No da lugar a dudas el auto del juez Eloy Velasco, que asegura que militares del régimen bolivariano apoyaron a los terroristas de ETA que dieron cursillos a los de las FARC sobre cómo manejar explosivos y cómo hacer para asesinar en nuestro país al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y otros altos cargos, entre ellos la ex embajadora colombiana en Madrid, Noemí Sanín. El relato del magistrado es claro: los etarras se desplazaron desde Maracaibo acompañados «por una persona que vestía un chaleco con el escudo de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela» y un vehículo con escolta de militares de aquel país.
Estamos ante un gravísimo caso de cobertura al terrorismo desde el aparato del Estado venezolano. Se sabía ya desde hace tiempo que Chávez protegía y financiaba a las FARC. Que lo hiciera también con relación a ETA obliga a nuestro Gobierno a responder con firmeza y a no mirar para otro lado. La doctrina española dice que son terroristas quienes apoyan el terrorismo. Se llame Chávez o como se llame quien preste tal cobertura, habrá que actuar con toda la contundencia que permite el Estado de Derecho.
José Antonio Vera
www.larazon.es
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