La orquesta del Titanic

Durante la noche del 14 al 15 de abril de 1912, la Wallace Hartley Band, más conocida como La Orquesta del Titanic, tuvo un comportamiento heroico. Todo el mundo conoce la historia. Mientras el RMS Titanic, el más lujoso y moderno trasatlántico de todos los tiempos, se hundía en las frías aguas del Atlántico Norte los ocho integrantes del grupo musical, primero en el salón de primera clase y después en la cubierta de botes, no dejaron de interpretar su repertorio para contribuir al mantenimiento de la calma y evitar el pánico del paisaje. Los ocho perecieron ahogados y su memoria, un siglo después, sirve de ejemplo de abnegación y entrega en el cumplimiento del deber.

En Zapaterolandia, un Estado sin enjundia y una Nación en porciones, la conducta colectiva se asemeja mucho, demasiado, a la que inmortalizó la orquesta de Wallace Hartley. La diferencia estriba en que, en el Titanic, el número de pasajeros era de 2.224. Ocho hombres se sacrificaron en bien de esos dos millares y pico de personas y, seguro, algunos entre ellos y gracias a la música no engrosaron la lista de los 1517 fallecidos. La proporción se invierte en nuestro caso. Un gigantesco coro de más de 40 millones de ciudadanos, arrebatados por «una corazonada» y otras cuantas zarandajas propagandísticas, asistimos a nuestro propio naufragio colectivo en beneficio de un solo pasajero, José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre que, para mayor sarcasmo, nos ha estrellado con sus quimeras y obstinaciones contra el iceberg de la crisis financiera internacional y, peor aún, contra el de nuestras crisis domésticas que, desde el ladrillo a la falta de productividad, ahondan la profundidad del problema económico vigente.

Si Rodrigo Rato, como debiera, siguiese al frente del Fondo Monetario Internacional el Gobierno, tan hábil en exculpaciones como corto en percepciones y nulo en resoluciones, podría aducir razones partidistas para disimular el gravísimo señalamiento que acaba de hacernos el FMI. La economía mundial se recupera, excepto la española. El PIB decae y el paro sigue creciendo. Sobrepasará el 20 por ciento. A pesar de ello, en una rara conducta más grave y demoledora que las crisis que nos afligen, el coro nacional sigue en cubierta sin dejar de cantar. Nos hundimos, parece que contentos, sin que la contestación al único y privilegiado pasajero le tache de las posibilidades del futuro.

M. Martín Ferrand

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El Rey no gobierna, pero reina

Hace unos días don Juan Carlos pidió públicamente a todos los poderes existentes en la sociedad española que se pusieran de acuerdo con el fin de mejorar el sistema educativo. Se trata de un hecho cargado de significación, como destacó ABC en un comentario editorial. Luego el Rey ha asumido el protagonismo en las negociaciones para la sede olímpica. La intervención del Rey es una prueba más de que su poder no es meramente residual, como sostuviese el inglés Dicey, sino que «sobre y por encima de las demás personas» el Rey ha de cuidar la convivencia de todos nosotros.

Apartándose de Dicey, el belga Louis Wodon defendió la preeminencia de los Reyes en las Monarquías parlamentarias. Así se consagra en nuestra Constitución. El Rey, en efecto, no ha de limitarse a contemplar el espectáculo de autores, agentes y actores en acción, sino que interviene arbitrando y moderando (como expresamente lo prevé el artículo 56.1); el Rey no sólo aconseja, anima y advierte, sino que guarda y hace guardar la Constitución (artículo 61.1). El Rey reina.

La preeminencia regia salvó la democracia en este país el 23-F. En aquella triste jornada, hechos impensables en ciertas Monarquías europeas (de Reyes con simples prerrogativas de poderes residuales) obligaron a Don Juan Carlos a ejercer la potestad arbitral, guardando y haciendo guardar la Constitución. El momento fue dramático: las instituciones se pararon en seco. Como árbitro, el Monarca hubo de ingeniárselas, de forma espléndida, fabulosa, apreciando las circunstancias y tomando decisiones. Y el Rey ganó, y los españoles; gracias al árbitro y al guardián, nos encontramos aún gozando de libertades públicas y participando democráticamente en los asuntos políticos. Continuamos siendo ciudadanos.

No faltan quienes se lamentan de que la prerrogativa regia sea muy reducida. También se ha puesto en duda la posibilidad constitucional de la intervención del Monarca en situaciones de emergencia. Vuelve a repetirse el conocido aforismo: «El Rey reina, pero no gobierna». Se habla mucho sobre el asunto, pero sospecho que son pocos los que se toman la molestia de leer detenidamente nuestra Gran Carta política de 1978.

El artículo 56 afirma con estilo rotundo: «El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones...». Esta facultad de arbitrar y moderar tiene un gran alcance, tanto en situaciones de normalidad como, sobre todo, en momentos difíciles para la Nación, en circunstancias excepcionales. Por eso el repetido aforismo se presenta con una segunda versión que refleja mejor el estatuto regio en la Constitución española; ya lo he escrito en el título: «El Rey no gobierna, pero reina». Reinar es, justamente, arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones.

Pero ¿qué es arbitrar? El Diccionario de la Real Academia recoge tres significados del verbo que sirven para aclarar el artículo 56: a) Arbitrar es proceder uno libremente, usando de su facultad y arbitrio; b) arbitrar es ingeniarse; c) arbitrar es dar o proponer arbitrios. Con cualquiera de las tres maneras de entender el vocablo llegamos a la conclusión de que, en castellano, arbitrar es algo más que hacer respetar las reglas de un juego sin intervenir en él.

Pero sigamos consultando el Diccionario y veremos que «arbitrio», además de ser la facultad que tenemos de adoptar una resolución con preferencia a otra, es «la facultad que se deja a los jueces para la apreciación circunstancial a que la ley no alcanza».

Es sumamente esclarecedora esta última significación. En aquellos supuestos de hechos no contemplados por la ley, el árbitro puede y debe intervenir. Así hay que interpretar la potestad regia de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones.

Benjamín Constant, a principios del siglo XIX, habló del «poder neutro», «augusto poderío de la realeza», «que en cuanto el peligro se anuncia, le pone término por vías legales constitucionales», y cincuenta años después Prévost-Paradol, desarrolló y vulgarizó la teoría del Rey-árbitro: «colocado por encima de los partidos, no teniendo nada que esperar o temer de sus rivalidades y sus vicisitudes, su único interés, como su primer deber, es observar con vigilancia el juego de la máquina política con el fin de prevenir todo grave desorden. Esta vigilancia general del Estado debe corresponder al árbitro».

En España -insistimos- el Rey no gobierna, pero reina. A distancia de los acontecimientos y por encima de ellos, como quería Constant, pero no desinteresado de cuanto importante suceda en el país. Sabino Fernández Campo, con su inigualable experiencia, viene abogando, en ponencias académicas y conferencias públicas, por la mayor presencia del Rey en la vida social, cultural y política, además de su protagonismo en lo deportivo. Un Rey siempre vigilante de la marcha de las cosas públicas, pero con presencia activa cuando se ponen en peligro los valores supremos que la Constitución ampara. Árbitro que ha de inventar, que ha de ingeniarse, en los casos de situaciones límites que el legislador ni ha previsto ni humanamente pudo prever.

He aquí la difícil y trascendental obligación del Rey al ser concebido constitucionalmente como árbitro.

¿Cómo debe definirse, en suma, el estatuto jurídico-político de los Reyes? Contestaré con dos expresiones doctrinales. La una se apoya en experiencias monárquicas del Continente; la otra es inglesa, tanto por su autor como por los datos que se tienen en cuenta.

Según el citado Louis Wodon, el hecho de que la Constitución belga -igual que otras- limite los poderes del Rey a aquellos que expresamente le son atribuidos, no impide que exista una preeminencia regia. Razona Wodon: «El rey tiene deberes por encima de la letra de la Constitución; el juramento que presta le obliga a mantener la independencia nacional y la integridad del territorio; y el monarca, por otra parte, realiza actos importantes -advertencias, consejos, recomendaciones políticas- que no son refrendadas por los ministros. Hay, en pocas palabras, elementos fundamentales anteriores y superiores a la misma Constitución, y es el rey, jefe del Estado, a quien corresponde mantener esas bases de convivencia».

En Inglaterra, sin Constitución escrita, no resulta fácil precisar el estatuto de la Corona. Tiene uno que adentrarse a la aventura, «por el vivo y desordenado laberinto de la historia de un país». Dicey subrayará por ello -dije antes- que la prerrogativa es «el residuo de la autoridad discrecional, o arbitral, que un tiempo dado está jurídicamente en manos de la Corona». Otros poderes -por ejemplo, el Parlamento, el Gobierno- conservan sus facultades, o las aumentan. Al rey sólo le pertenece el residuo del Poder, lo que las demás instituciones le dejan. Esa es la «prerrogativa regia».

Hace más de cuarenta años publiqué un libro titulado «Las Monarquías europeas en el horizonte español». Defendí allí la tesis de la preeminencia regia. Amigos íntimos me comunicaron que en aquellas páginas había mucha fantasía, pues nuestro horizonte político estaba cerrado. En 1966, además, éramos pocos los que nos afanábamos por la instauración aquí de la democracia y menos aún los que teníamos la vista puesta en una Monarquía parlamentaria, con un Rey que arriesga cuando tiene que arriesgar, que asume el protagonismo en los asuntos difíciles.

Manuel Jiménez de Parga

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

Ex Presidente del Tribunal Constitucional

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De nuevo el Valle de los Caídos

Leo que, en su sagrada misión de rescatar los odios antiguos, las Cortes debaten sobre "los republicanos del Valle de los Caídos", y Garzón y otros individuos envenenados de rencor –o de ganas de hacer negocio, porque todo va junto– lanzan ahora una campaña sobre el enterramiento "ilegal" de imaginarios republicanos bajo la cruz del valle. Durante años se negó la existencia de izquierdistas en aquel lugar, para quitarle su carácter de monumento a la reconciliación, ahora se trata de que, como dice una de esas personas, "mi madre no se explica por qué su padre está (enterrado) con su verdugo". Aparte de que este tipo de testimonios hay que mirarlos con lupa, porque la falsificación de la propia biografía se ha convertido en un deporte en la izquierda, vale la pena observar la irreconciliable mala leche concentrada en tan breve frase.

¿Verdugo? Las izquierdas se sublevaron contra la república en 1934 y comenzaron la guerra civil, mientras que el "verdugo" defendió la legalidad. Luego las izquierdas destrozaron la legalidad republicana a partir de febrero del 36 y trataron de imponer una revolución, y con todo ello provocaron la reanudación de la guerra. El "verdugo" consiguió vencerlas, algo que los rencorosos jamás le perdonarán. Y en el Valle de los Caídos el "verdugo" ordenó que se enterrasen no solo soldados y otras víctimas de su bando, sino también del bando contrario, en señal, ¡precisamente!, de reconciliación. Es cierto que el "verdugo" los enterró a todos bajo una gran cruz, símbolo de un cristianismo que las izquierdas quisieron erradicar hasta del recuerdo, destrozando incluso las cruces de los cementerios, como ahora pretenden borrar el pasado con su "memoria histórica" estilo Gran Hermano. Y que están enterrados todos bajo el común epígrafe "Por Dios y por la patria", lo que no deja de resultar una ironía, cuando las izquierdas lucharon contra la religión y también contra la patria. Pero una ironía reconciliadora, a fin de cuentas. Como señalaban Besteiro o Marañón, en definitiva ganaron los mejores, y lo manifiesta el propio monumento a los caídos de los dos bandos. Algo que jamás habrían hecho sus enemigos, a quienes recomendaba la Pasionaria utilizar los cadáveres de los nacionales como abono de los campos.

Muchas veces he recordado que, contra la pretensión de muchos cínicos de izquierda e hipócritas de la derecha (aquí se han invertido las tornas de la definición de Drieu La Rochelle) la reconciliación no se alcanzó en la transición, sino que la transición fue posible porque la reconciliación estaba alcanzada desde mucho tiempo antes: muy pocos fuimos los que nos opusimos al franquismo, y aún menos los que luchamos de verdad. Reconciliación odiada con un fervor ciego por los locos de siempre, que no se resignan a que los españoles convivamos en paz.

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Fuera de España se emplea mucho el término "nacionalista" para caracterizar a los franquistas durante la guerra civil (que tampoco se llamaban a sí mismos "franquistas"). En realidad la propaganda del Frente Popular se hizo aún más nacionalista que en el bando contrario, probablemente por motivos de ocasión, para movilizar a la gente (contra la invasión extranjera, etc.), aunque con perfecta insinceridad. Pero los de Franco se llamaron "nacionales" y evitaron el término "nacionalistas", porque consideraban que defendían a la nación pero, en la tradición derechista española, veían el nacionalismo como una doctrina anticristiana, que hacía de la nación una especie de dios nuevo. El lema básico era "Por Dios y por la patria", como aparece en los recordatorios de los caídos. En primer lugar Dios, y en segundo lugar la patria. En cambio desapareció el tercer término del lema tradicionalista: "Por Dios, por la patria y el rey", siempre por ese orden de importancia. La guerra civil no se libró por la monarquía, como tuvo ocasión Franco de recordarle a Don Juan.

http://revista.libertaddigital.com/un-nacionalismo-espanol-1276208991.html

Pío Moa

http://blogs.libertaddigital.com/presente-y-pasado