Evitemos el politiqués y digamos las cosas en román paladino:
- Legalizar las terminales de la ETA que habían sido justamente prohibidas es colaborar con la ETA.
- Aportardinero público a dichas terminales a través de ayuntamientos y otras instituciones es colaborar con la ETA.
- Dar promoción internacional en Bruselas a los etarras como gente de paz es colaborar con la ETA.
- Tratar de silenciar a la AVT y, al no lograrlo, dividir y desacreditar a las asociaciones de víctimas, como ha hecho Peces Barba por orden de Rodríguez, y ha redondeado el PP, es colaborar con los asesinos.
- Negociar con la ETA en estos y parecidos términos es convertir al terrorismo en un modo de hacer política, y un modo privilegiado, por las concesiones obtenidas. Es atentar frontalmente contra el Estado de derecho.
- Procurar salvar a etarras de la persecución judicial es colaborar con el terrorismo.
- Y, sobre todo, inventar "estatutos de segunda generación" contra la Constitución y la unidad española, al margen del pueblo y por puro interés de la casta política, convirtiendo algunas autonomías en nuevas naciones en régimen de estado asociado, es tratar de satisfacer a la ETA en un 90% de sus aspiraciones.
- Digamos, en fin, que no es lo mismo detener a terroristas para que cumplan condena que para que salgan más o menos pronto convertidos en héroes populares.
Unos políticos que obran así son delincuentes, cómplices de los asesinos, dicho sea también en román paladino, y sujetos a la justicia igual que sus protegidos etarras
Ante los hechos, mucha gente se pregunta cómo pueden estos políticos haber llegado a tal abyección. Convencida de tener un gobierno democrático, no acaba de creer lo que ocurre ante sus ojos. Máxime cuando, al mismo tiempo que realiza tales actos, el Gobierno, secundado por Rajoy y su grupo, no se cansan de abominar retóricamente del terrorismo. Por lo que no hay más remedio que insistir en los hechos.
Ya he explicado la causa profunda de esa colaboración: PSOE y ETA comparten un 90% de ideología. En un libro de inmediata salida, La transición de cristal, detallo la evolución del PSOE desde el comienzo de la transición hasta el primer Gobierno de Felipe González. En resumen, la ETA y el actual gobierno se consideran socialistas, punto muy definitorio. Lo que hoy se entiende por socialismo es un tanto vago, pero Rodríguez ha afirmado la plena continuidad del PSOE de los cien años de honradez y planificación de la guerra civil. Solo los muy ingenuos lo creerán mera palabrería: en política, las palabras tienen siempre consecuencias. Una de ellas es el antifranquismo visceral también común a ETA y PSOE. Aversión lógica, pues fue Franco quien venció la revolución totalitaria que la izquierda quiso imponer cuando se sintió con fuerzas. Ese antifranquismo irreconciliable tiene a su vez efectos políticos, manifiestos, a través de la ley llamada de memoria histórica, en la pretensión de legitimar un siniestro Frente Popular y de deslegitimar la transición democrática, ya que ella se hizo desde el franquismo y no contra el franquismo, como querían tanto el PSOE como la ETA.
Punto típico de esa ley son las altas "indemnizaciones" con dinero público a los etarras "víctimas del franquismo" a partir, vaya, de 1968. El antiespañolismo constituye otra afinidad fundamental. La ETA es radicalmente antiespañola, y para el PSOE la idea de España resulta más bien negativa, de "ultraderecha", con una historia lamentable, por no decir criminal. Son semejanzas fundamentales, nada secundarias, entre los dos grupos, y sin tomarlas en cuenta todo análisis queda en la superficie y lo anecdótico. Por supuesto, hay más: los dos defienden las dictaduras tercermundistas frente al "imperialismo" o como quieran llamarlo, son feministas, "progresistas", etc.
Sin estos rasgos comunes no habrían existido esas colaboraciones: seguramente no se habrían producido con un grupo asesino de carácter derechista. Tal es la clave inconfesada de la colaboración. Para dar a esta su justo valor obsérvese, además, que Rodríguez heredó de Aznar una ETA acosada e impotente, a la que pudo acabar de destruir con solo seguir la misma política.
Veamos ahora la historia de esa complicidad. La ETA era un grupillo extremista apenas conocido hasta que en 1968 empezó a asesinar. Fue hacerlo –y por hacerlo– cuando recibió masivo apoyo moral, propagandístico y político de gran parte del clero vasco y de otros cleros, del PNV, de la oposición antifranquista casi en pleno, de parte de la prensa española (lo explicaría muy bien Juan Tomás de Salas), de prensa y gobiernos extranjeros, en especial el francés, que ofreció a la ETA un santuario desde el cual reponerse de las desarticulaciones policiales y seguir golpeando en España. Fueron estos apoyos los que convirtieron a un pequeño grupo de pistoleros en una especie de potencia política. El apoyo, respeto y simpatía por los terroristas tuvo su ápice en el Juicio de Burgos, de 1970, transformándolo en una victoria política internacional para los terroristas; y más todavía en 1975, con las últimas ejecuciones del franquismo, cuando hasta los gobiernos progresistas europeos rivalizaron en respaldo de hecho a la ETA y en olvido despectivo de sus víctimas, mientras se sucedían las manifestaciones violentas por Europa, saqueo y quema de embajadas, bombas en centros españoles, etc. Así proporcionaron a la ETA una asombrosa victoria, facilitando su enraizamiento en una parte de la población vasca.
La razón de tan férvido afecto a la ETA tenía dos planos: las citadas afinidades ideológicas, y el cálculo de que los ingenuos jóvenes etarras harían el trabajo sucio a la oposición, para luego dejarle el terreno libre para la política, una vez acabado el franquismo. Lo segundo no ocurrió, pero la simpatía soterrada se mantuvo con una nueva forma: la "solución política", es decir, las negociaciones, auspiciadas por la izquierda y por el grupo PRISA, y aceptadas por la UCD.
Para entenderlo mejor, examinemos el término: una negociación implica ofertas y demandas de ambas partes, según ha recordado con toda lógica Salvador Ulayar. Como, entre otras cosas esa negociación suponía poner a la ETA al nivel del Estado democrático, reconociéndola, contra todo derecho, como una potencia política (el asesinato como forma de hacer política y a sus presos como políticos, aunque se dijera contradictoriamente lo contrario), y como la opinión pública rechazaba cada vez más esos manejos, los gobiernos mentían negando sostener tales tratos, o pretendían que solo negociaban la disolución de la ETA, sin contrapartidas. Esta farsa, naturalmente, tomaba a los españoles por idiotas y reflejaba la endeblez de nuestros políticos, pero continuó año tras año. Con Felipe González se completó mediante un terrorismo gubernamental que no se oponía a la negociación, sino que buscaba obligar a la ETA a limitar sus exigencias. En definitiva, la ETA ofrece dejar de matar y a cambio exige la secesión de "Euskadi". El Gobierno le ofrece, ya le ha dado, reconocimiento internacional, dinero, indemnizaciones, estatuto de nación o estado asociado, desmantelamiento de facto de la Constitución, etc. Probablemente también indulto general a plazo medio y anexión de Navarra.
Sólo Aznar, por influencia de Mayor Oreja y contra la opinión de gran parte del partido, adoptó, con algunos fallos, una postura más acorde con el estado de derecho y la democracia, con espléndidos resultados. Estos resultados valieron a Rodríguez para soñar con un premio Nobel de la Paz consiguiendo que la acorralada ETA dejase las pistolas a cambio de dichas concesiones –es decir, colaboración– exorbitantes. Y doblemente innecesarias, por cuanto los asesinos estaban en muy mala situación. Lo cual solo se explica por las mencionadas afinidades ideológicas: la ETA y el Gobierno contra España y la democracia.
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