El venezolano Hugo Chávez nunca ha escondido sus planes imperiales. Lo que empezó como el eje Cuba-Venezuela incluye hoy a Ecuador, Bolivia, Nicaragua y las islas caribeñas de Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas y Dominica. Pertenecen a la (rebautizada) Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA). Argentina y Paraguay son íntimos del grupo. El partido del gobierno en El Salvador responde directamente a Chávez.
El hecho de que gobiernos de la izquierda moderada presten apoyo a Caracas y los dirigentes de centroderecha anden en puntas de pie por temor a consecuencias internas da al autócrata venezolano un amplio margen de maniobra. Empleando a Petrocaribe, un mecanismo para suministrar petróleo subvencionado a trece de las quince islas del CARICOM más Cuba y Guatemala, la mano larga de Chávez trasciende el ALBA. Los beneficiarios del soborno venezolano retribuyen el petróleo dando apoyo a Chávez en la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas. Fueron determinantes en la elección de José Miguel Insulza como Secretario General de la OEA en 2005 y tienen capacidad para reelegirlo en 2010.
Los ojos del caudillo venezolano se fijan ahora en el Perú, donde la pobreza ha caído a un tercio de la población gracias a la democracia liberal y la empresa privada. El 29 de mayo, el boliviano Evo Morales envió una carta a una reunión de comunidades indígenas en la región peruana de Puno convocando a una rebelión abierta. Durante un reciente alzamiento nativo contra los decretos gubernamentales que buscaban relajar las restricciones sobre la minería y la agricultura privada en la selva amazónica, el gobierno de Nicaragua concedió asilo político a Alberto Pizango, el agitador acusado por las autoridades peruanas de ser responsable de la muerte de docenas de policías.
La estrategia de Chávez reposa en una red de franquicias políticas repartidas por la región: les vende a sus potenciales aliados el derecho a explotar su marca «Socialismo del siglo XXI» a cambio de servilismo político.
Tras su llegada al cargo en 1999, Chávez utilizó referendos y comicios para deshacerse del sistema de pesos y contrapesos. Pergeñó una nueva Constitución que proporcionó el entramado «democrático» para reemplazar a la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral y los tribunales. Cada institución actúa con el fin de controlar e infligir temor en la población. El sistema electoral está diseñado para crear el espejismo de la mayoría. Según «Súmate», una respetada organización, el padrón de votantes ha crecido 52 por ciento en diez años. Ninguna institución independiente ha podido verificarlo. Las máquinas «captahuellas» que registran las impresiones dactilares en los centros de votación permiten a las autoridades rastrear la identidad de quienes votan en contra de Chávez. Otras formas de control «democrático» incluyen la colosal expansión del Estado. Casi 5 millones de venezolanos -el 28 por ciento del padrón electoral- dependen de él para su subsistencia. Si sumamos a sus familias y las fuerzas armadas, hablamos de la mayoría de los votantes.
Chávez ha obtenido el manejo de tres cuartas parte de los medios de comunicación. A comienzos de julio, 285 estaciones de radio y TV fueron clausuradas. Los tribunales son otra pieza clave de la dictadura «democrática». De todos los cientos de jueces que se encontraban en funciones cuando Chávez llegó al poder, sólo tres permanecen. Los nuevos jueces provisionales están persiguiendo a los alcaldes y gobernadores de la oposición elegidos en 2008.
Estas son, pues, la ideología y el método que Chávez ha convertido en franquicia. El ecuatoriano Rafael Correa ha sustituido los pesos y contrapesos por instituciones subordinadas a él a través de elecciones y referendos; una nueva Constitución le permitió este año conseguir la reelección. Mediante acusaciones fraudulentas, asumió el control de las estaciones de TV de la familia Isaías y ahora tiene cercada a Teleamazonas. En Bolivia, Evo Morales será reelegido en diciembre porque modificó las reglas mediante una nueva Constitución aprobada en un referendo; también utiliza el armazón «democrático» para concentrar poder mediante la intimidación y de masivas expropiaciones rurales. Daniel Ortega, que se robó los comicios locales del año pasado en Nicaragua, anhela una nueva Constitución para buscar la reelección permanente.
La cataléptica economía de Venezuela, la caída de la producción de petróleo en ese país debido a la corrupción y la ineficiencia, y el hartazgo con la revolución en otros países sugieren que Chávez podría enfrentar grandes obstáculos en el futuro. Pero si los propios latinoamericanos no responden a ese desafío antidemocrático con una vigorosa y desacomplejada defensa de la libertad, la región perderá el siglo XXI tal como perdió el XX.
Álvaro Vargas Llosa
(c) 2009, The Washington Post Writers Group
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