Las Fuerzas de Seguridad del Estado creen que Nicaragua puede estar convirtiéndose en el nuevo refugio etarra en Iberoamérica, después de que los gobiernos de Violeta Chamorro invirtieran la situación y dieran respuesta a las peticiones de entrega hechas por las autoridades españolas. La vuelta al poder del sandinista Daniel Ortega en 2006 habría permitido a etarras huidos encontrar en suelo nicaragüense la tranquilidad perdida en otros países de la región, como México, plenamente comprometido en una política de cooperación antiterrorista con España. Un ejemplo de esta colaboración del gobierno mejicano fue la reciente expulsión del terrorista Juan Manuel Inciarte Gallardo, detenido en cuanto llegó al aeropuerto de Barajas y puesto a disposición judicial para responder de su implicación en seis asesinatos. La creación de un nuevo santuario en Iberoamérica sería para ETA un apoyo logístico fundamental, precisamente cuando el apoyo internacional a esta banda terrorista ha caído a mínimos históricos, dando paso no sólo a un repudio generalizado de las opiniones públicas, sino también a nuevas políticas compartidas entre España y los países donde los etarras tenían mayor respaldo social e ideológico.
La radicalización evidente del gobierno nicaragüense y su asociación a un movimiento regional de izquierda extremista son datos que deberían tenerse en cuenta como contexto de esta mudanza de terroristas de ETA. Si las FARC, que atacan despiadadamente a una democracia como la de Colombia, cuentan con simpatías e incluso apoyos cada día más explícitos de gobiernos vecinos, no sería extraño que esa simpatía por la violencia terrorista se extendiera también a la banda etarra.
La confirmación de esta nueva estrategia internacional de ETA debería ir seguida de una contundente respuesta del Gobierno español, olvidando sus indulgencias hacia los movimientos populistas de Iberoamérica y exigiendo garantías fiables a Daniel Ortega de que no está dando, por activa o por pasiva, amparo a etarras huidos de la justicia española. El retroceso organizativo de ETA tuvo un hito decisivo cuando los gobiernos europeos dejaron de verla como un «grupo armado» y empezaron a tratarla como un banda terrorista. El desmantelamiento de su frente internacional -ilegalización de Xaki- y la creación de instrumentos jurídicos bilaterales -Acuerdos de Perpiñán, con Francia, en 2001- y multilaterales, como la orden europea de detención y entrega, han reducido a ETA a su condición natural de banda asesina, sin adiciones políticas ni discursos legitimadores. También la mayoría de los gobiernos iberoamericanos, no todos, pasaron de la tolerancia hacia ETA a la cooperación con el Estado español, expulsando a etarras hacia nuestro país, bien por estancia ilegal, bien directamente por extradición.
Hay mucho que perder sólo con que ETA encuentre resguardo en un país como Nicaragua y, desde allí, pueda aprovechar en su beneficio, como un parásito, los cambios políticos que los gobiernos populistas de izquierda están impulsando por la región. El Gobierno de Rodríguez Zapatero está luchando ahora eficazmente contra ETA, con la comunidad internacional a favor. No debe consentir que los etarras se sientan seguros en Nicaragua ni en ningún otro lugar.
Editorial ABC
www.abc.es
Nenhum comentário:
Postar um comentário