Si un líder político abogara en España por unas fuerzas policiales que no pudieran usar la fuerza, probablemente se pediría su retirada por el peligro evidente de sus teorías para la seguridad de los españoles. Pues ésa es exactamente la situación de nuestro Ejército, la de un cuerpo militar que no puede usar la fuerza. Y no porque lo exija cualquier líder desvariado, sino porque lo ordena el mismísimo Gobierno.
Dijo ayer la ministra de Defensa que los militares hicieron en Somalia lo máximo dentro de la ley para tratar de detener a los piratas. Y añadió que el Ejército no está autorizado para intervenir en tierra ni tampoco para tirar a matar. En otras palabras, que el Ejército sólo está autorizado a mirar, o a ayudar a pagar rescates a los piratas, o a trabajar como una ONG. Y que le están prohibidas sus propias funciones, las de defensa.
Lo que podría haber tenido como esperpéntico resultado la sanción a un teniente que disparó a los piratas, algo que la Armada ha negado, pero que los pescadores que estuvieron allí han denunciado de forma reiterada.
La crisis de Somalia representa la perfecta realización de este Ejército inutilizado por el Ejecutivo. Sin la excusa en este asunto de una guerra extranjera, la de Afganistán, para justificar la inacción de los militares. En Somalia había unos ciudadanos españoles secuestrados por un enemigo claramente identificado y sin ninguna sociedad civil de por medio que complicara la acción. Y, sin embargo, como en Afganistán, la orden ha sido la pasividad.
Y es que una buena parte del socialismo, empezando por este Gobierno, sigue instalado en el más puro extremismo izquierdista en su concepción del Ejército. En la línea de Llamazares que denunció ayer al PP por querer un ejército africanista (sic) que actúe en la calle Serrano para proteger las joyerías y los intereses privados (otro sic, aunque cueste creerlo).
Edurne Uriarte - Catedrática de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco
www.abc.es (26-11-2009)
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