La decisión de la Junta de Andalucía de indemnizar con 1.800 euros a las mujeres que demuestren haber sido vejadas por el franquismo entre 1936 y 1950 trasciende cualquier límite establecido hasta ahora en el debate sobre la memoria histórica y reinstala al Gobierno socialista andaluz en los métodos más rancios del caciquismo decimonónico. A pocos meses de las elecciones municipales y con las encuestas anunciando un vuelco electoral histórico en Andalucía, el Ejecutivo de José Antonio Griñán se lanza por la pendiente de la demagogia y da otro paso más en la manipulación del dolor de las víctimas republicanas de la Guerra Civil. Es, en efecto, una manipulación por el momento político elegido y por el planteamiento puramente económico de la reparación. Además, consciente del destiempo con que se toma esta medida, la Junta prevé que las humillaciones —corte de pelo al cero, exposiciones públicas, ingesta de ricino...— puedan ser probadas, seis o siete décadas después, mediante declaraciones juradas de la víctima, lo que garantiza conflictos legales e incluso fraudes, pese a la existencia de una comisión que se encargará de valorar las peticiones de indemnización.
La Junta ha actuado en este asunto de manera arbitraria, sin apoyarse en una demanda social concreta que lo justifique, ni falta que le hacía ante la motivación oportunista de la medida. Hay ya suficientes normas sobre la reparación de las víctimas como para amparar en ellas esta medida. El problema no es su coste económico ni las controversias legales que puede suscitar, sino la visión que encierra sobre la sociedad andaluza y su relación con el poder político, una relación sustentada por el subsidio, la subvención y, en general, el gasto público que haga falta para alimentar las redes de dependencia clientelar que tanto han hecho por mantener la hegemonía socialista, ahora en peligro ante el avance del Partido Popular. Es lamentable que la respuesta del Ejecutivo socialista de Griñán ante este desafío histórico que le plantean los andaluces con un probable cambio de gobierno —que tendría en las municipales su primer capítulo— consista en reincidir en métodos que explican el estado político de Andalucía. No es un plan de incentivación del empleo, ni de excelencia educativa ni de lucha contra el fraude en el PER. Lo que se le ocurre a la Junta de Andalucía es poner precio al sufrimiento, como antes se ponía precio al hambre.
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