 | Hace unos días, Felipe González Márquez, que gobernó durante catorce años sin dejar de tratar el tráfico de drogas como problema policial y tragedia social, se lanzó a abogar por su legalización. Y abrió un debate que, hasta la fecha, no ha hecho más que reeditar argumentos pasados a favor y en contra. |
En las páginas de Libertad Digital he encontrado discursos a favor, firmados por liberales de pro con los que lamento no coincidir en esto de convertir el tráfico ilegal en comercio legal y dejar que la vida siga como pueda, con lo que apuestan por un libre albedrío para cuyo ejercicio no hay condiciones mínimas en los Estados actuales. Es para estos respetados amigos para los que escribo mi columna de hoy. En primer lugar, porque lo que no he encontrado en sus tesis es un marco de referencia histórico que nos oriente acerca de por qué ahora y por qué Felipe González:
– Ahora, porque en México la situación se ha hecho insoportable e irreparable: "Si la divinidad dispusiera que esta noche terminara el narcotráfico en México, mañana estaríamos muriéndonos de hambre. O casi", escribía en El Universal Jacobo Zabludovsky el pasado 12 de abril. Y precisaba que el aporte del narcotráfico a la economía mexicana era de 40.000 millones de euros.
– Felipe González, porque es socio (hay quien no dice "socio", sino "palanganero") de Carlos Slim, la mayor fortuna mexicana, y el señor Slim quiere una solución rápida y eficaz para que todo ese dinero siga fluyendo sin los inconvenientes que ponen la DEA, la policía y el ejército mexicanos, en los que sobran corruptos a los que pagar, y las autoridades europeas, que han puesto ya su granito de arena al permitir que España contrate empresas privadas –es decir, mercenarios– para que controlen ese aspecto de nuestro desastre general.
No se trata, pues, de la propuesta de un liberal ni de un momento cualquiera. Si hace veinte años los legalizacionistas se oponían a la solución policial del problema, ahora tienen que oponerse a la solución militar. Que, todo hay que decirlo, apenas si limita el negocio de las FARC y de Al Qaeda, principales motores de la primera empresa mafiosa de alcance universal. Que yo sepa, no es hábito fumigar campos de cultivo en Colombia ni en Afganistán.
Pero supongamos por un momento que se legalizan la venta y el consumo de drogas de todo tipo. ¿Quiénes serían los socios capitalistas de las nuevas empresas farmacéuticas? Tal vez la suma de todos los grandes laboratorios y macroempresas paralelas, como Monsanto –que manda sus propios matones a obligar a los pequeños propietarios rurales de Hispanoamérica a firmar contratos de cesión de sus tierras por cinco años para cultivar soja y dejar atrás campos esterilizados por largo tiempo–, pudiera invertir ese capital. Pero los primeros propietarios serían los productores actuales, el conjunto de ínfimos y medianos cultivadores que trabajan, y seguirían trabajando, para la mafia que trafica en drogas y armas, lo que cabría denominar, parafraseando a Eisenhower, el "complejo militar estupefaciente". No se trata de legalizar, pues, la droga, sino de convertir a los delincuentes que mayor daño han hecho a la humanidad en toda su historia en dignos empresarios.
Si el consumo aumenta, la marginalidad aumentará simultáneamente, porque el hecho de comprar en una farmacia, y no a un dealer callejero, no hace al consumidor más apto para trabajar. Y, como es obvio, el nuevo sector marginal será tan difícil de reintegrar como el viejo.
Por otra parte, la legalización reforzaría al Estado, que cobraría impuestos sobre la droga como sobre cualquier otro producto. Valga el ejemplo del tabaco, cuyo consumo se pretende prohibir hipócritamente cuando en España se recaudan cerca de 10.000 millones de euros anuales por este rubro. ¿Persecución de fumadores y mano abierta para la heroína? Algunos hosteleros previsores han puesto carteles que dicen: "En este establecimiento se permite fumar TABACO".
Cuando Fidel Castro dijo que la droga era la mejor manera de "liquidarle una generación entera al imperialismo en su propio territorio" (véase Norberto Fuentes, Dulces guerreros cubanos, Seix Barral, 1999) no estaba diciendo una tontería. Y hay que reconocerle que su éxito no fue total, pero sí considerable.
¿Qué queremos para la humanidad? ¿Inmensas cohortes de idiotizados marginales y agresivos, contribuyentes indirectos y con derecho a voto? ¿O alguien en su sano juicio cree de verdad que la oferta no penalizada de estupefacientes en la botica y sin receta permitirá un sano ejercicio del libre albedrío? ¿Realmente cree algún liberal que cualquier contrato entre individuos es válido? ¿Realmente podemos aceptar un contrato en el que una de las partes no sea libre? El adicto no es una persona libre. Dice Boaz en su clásico Liberalismo que cada individuo tiene derecho a vivir su vida como desee, "siempre y cuando respete los derechos iguales de los demás". Y no traigo a colación esa frase a propósito de los pobres adictos, que sin saberlo han firmado un contrato de esclavitud –han abdicado de sus derechos naturales–, sino a propósito de los productores y vendedores de venenos, que no respetan los derechos iguales de los demás.
En efecto, tenemos derecho a vivir nuestra vida como nos plazca, pero de momento ése no es un derecho reconocido en la inmensa mayoría de los Estados existentes, sino un derecho que hay que conquistar y garantizar. Es un proyecto, una meta por alcanzar. Por ahora, cada individuo vive su vida como puede. El liberalismo es también un objetivo moral.
Horacio Vázquez-Rial
http://revista.libertaddigital.com
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