La catarata de críticas y descalificaciones lanzadas por diversos dirigentes socialistas contra la Iglesia Católica, con ocasión de la multitudinaria concentración en defensa de la familia celebrada el pasado domingo en Madrid, ha dado paso este martes a un comunicado oficial del PSOE en el que los socialistas se comprometen a "no dar un paso atrás", al tiempo que acusan de forma apenas velada a los manifestantes de "no respetar o ignorar principios esenciales de la democracia".
No le falta razón al secretario general del Grupo Popular en el Congreso, Jorge Fernández, al calificar esta airada reacción de los socialistas de "anticlericalismo casposo y decimonónico", y al atribuirlo al "nerviosismo" que les ha causado a los socialistas el éxito de la convocatoria. También es de destacar el carácter liberticida y engañoso que han demostrado tanto las declaraciones de los dirigentes socialistas como el propio comunicado de su partido ante esta multitudinaria manifestación en defensa de la familia.
Si poco respeto a las libertades civiles mostraba el secretario de Organización del PSOE, José Blanco al instar a la Iglesia a "presentarse a las elecciones" o "quedarse al margen de la política", menos respeto a la verdad ha mostrado su partido al presentar en su comunicado la concentración de la familia como si de una reivindicación contraria a la Constitución se tratara.
Si el PSOE quiere de verdad recordar lo que dice nuestra Ley de leyes, que empiece por recordárselo a sus socios secesionistas, que –ellos sí– protagonizan muy frecuentemente reivindicaciones contrarias a los principios más fundamentales que sustentan nuestra Carta Magna. Pero que el PSOE dé presuntuosas lecciones de recién llegado a una institución como la Iglesia Católica que lleva siglos reivindicando la igualdad de todos ante la ley, el valor de la tolerancia o la separación del ámbito político y religioso es el colmo de la desfachatez.
Poder oponerse públicamente a una determinada política, aunque sea desde el ámbito de la fe, no sólo nada tiene que ver con "legislar la fe", sino que constituye uno de los derechos más esenciales de un régimen democrático y de libertades. Más aún cuando esas políticas surgidas de una mayoría parlamentaria –que constitucionalmente siempre es transitoria– pueden conculcar los propios principios constitucionales o el propio ámbito de libertad individual.
La reivindicación del matrimonio como unión de un hombre y una mujer, o la defensa de que a los niños adoptados no se les prive de la figura paterna o materna, o la defensa de la vida humana desde la concepción, o de la libertad de los padres para educar a sus hijos, son todas ellas reivindicaciones plenamente constitucionales. Lo que está por ver es si también lo son las, en cualquier caso, criticables políticas con las que el Gobierno de Zapatero ha conculcado todos estos principios y valores.
A la Iglesia Católica le asiste el derecho a criticar esa política, tanto como a cualquier partido político o cualquier otra organización de la sociedad civil que considere que, en el ámbito de protección a la familia y en el del respeto a la libertad individual, lo que hemos hecho con Zapatero es dar un gran paso atrás.
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