La comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la Comisión Constitucional del Congreso fue ayer un episodio más -precedido el día antes por otras declaraciones del propio Rodríguez Zapatero- de la discordia desproporcionada que el Ejecutivo socialista mantiene contra la jerarquía de la Iglesia Católica en España. Han pasado diez días desde que cientos de miles de españoles secundaran el llamamiento de las autoridades eclesiásticas para un acto de defensa de la familia y no ha habido una sola jornada en la que faltara una acometida de miembros del Gobierno o de la dirección socialista contra los prelados españoles que criticaron determinadas leyes de esta legislatura. Ningún comunicado de ETA, ninguna de las embestidas de los nacionalismos contra la Constitución o la Corona ha merecido en estos casi cuatro años de Gobierno socialista una réplica tan continuada y gruesa como la que está dedicando a los obispos.
La vicepresidenta primera compareció a petición propia -nada le obligaba a hacerlo- y para enmarcar sus críticas en el contexto de una valoración sobre las relaciones entre Iglesia y Estado. Pero de estas nada se dijo, e incluso afirmó Fernández de la Vega que no hay motivo para revisar los acuerdos con la Santa Sede. Por tanto, la sede parlamentaria fue puesta al servicio de un interés puramente polémico y electoral, no para tratar un asunto de Estado, como es la relación con la Iglesia Católica. A pesar de que la vicepresidenta primera del Gobierno empleó un tono menos agresivo que otros dirigentes socialistas, el fondo de sus afirmaciones se mantuvo en la misma línea de hostilidad a la Iglesia Católica y de prolongación artificial de la polémica por las declaraciones de los monseñores Rouco Varela y García Gasco. El interés de los socialistas en anteponer su enfrentamiento con la jerarquía católica a los evidentes fracasos políticos de esta legislatura es una estrategia planificada para reforzar los perfiles más izquierdistas del Gobierno y mantener la cohesión de su electorado frente a tentaciones abstencionistas de los sectores más radicales. Sin embargo, la actitud del Gobierno ya no es un ejercicio legítimo a contestar unas críticas, sino que se ha convertido en una manifestación continuada de intransigencia frente a una institución, la Iglesia Católica, a la que el PSOE pretende deslegitimar por no presentarse a las urnas, como si los partidos políticos tuvieran el monopolio del derecho a valorar las leyes y a hacer críticas políticas.
El Gobierno está en su derecho de discrepar de la Iglesia Católica, pero no de negar a una institución hondamente arraigada en la historia, en la cultura y en la sociedad españolas la libertad para expresarse sobre leyes que, objetivamente, son contradictorias con el concepto cristiano de la familia. Tales críticas, por muy dura e incluso discutible que fuera su formulación, no constituyen una agresión al Parlamento, pues este es un órgano que genera leyes, no verdades absolutas; y tampoco representan un ataque ilegítimo al Gobierno, porque tampoco es este el depositario de los derechos ciudadanos.
Si las encuestas concedieran al PSOE una amplia ventaja sobre el PP, este enfrentamiento con la jerarquía católica no se habría producido o, en todo caso, habría tenido otro tono y contenido y no habría absorbido las energías políticas del Gobierno en los primeros días del año. Pero incluso como operación electoral para aliviar las estrecheces de los sondeos, puede ser contraproducente para el PSOE porque se enfrenta a una institución que sabe aguantar la tensión y los conflictos, y porque su radicalismo sectario puede retener votos -pero ahuyentar otros muchos-, y porque no ha conseguido que el Partido Popular cambie su agenda preelectoral. Al contrario, ayer Rajoy anunció que su Gobierno tendrá un ministerio de Familia y Bienestar Social, iniciativa que, en el contexto del monólogo partidista que el PSOE mantiene contra la Iglesia sobre leyes «sociales» como telón de fondo, es una baza del PP para afianzar un programa electoral pensado para mejorar la vida familiar y personal de los españoles.
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