El funeral por Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, que se celebraba anualmente el 20-N en el Valle de los Caídos, dejará paso a partir de ahora a la misa conventual del día, sin perjuicio de su aplicación a la memoria de ambos difuntos. A su vez, el 3 de noviembre tendrá lugar en la misma sede una celebración litúrgica en conmemoración de los caídos en la guerra civil, sin distinción alguna de bandos o ideologías. La decisión del abad del Valle de los Caídos -que hoy explica y justifica en la Tercera de ABC- es una prueba de sensatez y sentido común frente al revisionismo dogmático e interesado que inspira la fallida Ley de la Memoria Histórica. La sociedad española cuenta ya con una madurez más que suficiente para asumir su propio pasado, tanto en su grandeza como en su servidumbre, una vez que la Transición logró encauzar la convivencia social y política por el camino inequívoco de la democracia constitucional y pluralista. Rodríguez Zapatero se empeña en reabrir episodios ya cerrados, ya sea como guiño a los sectores radicales que le prestan su voto o como maniobra de distracción ante los problemas que preocupan realmente a los ciudadanos. En cualquier caso, carece de sentido la apertura de fosas y la reivindicación de sucesos ocurridos hace muchos años, con la pretensión de escribir -a la inversa- una historia de «buenos» y de «malos» que no se corresponde con la realidad de los hechos ni con la objetividad que requiere la investigación del pasado.
Se trata ahora de ofrecer una prueba de normalidad y buen sentido en el cumplimiento de la ley, reafirmada por la Fundación Francisco Franco con el acuerdo de no convocar nuevos funerales en el Valle de los Caídos. En su artículo de hoy el abad recuerda que 35.000 españoles de uno y otro bando reposan en ese lugar sagrado y mantiene con rigor la tesis de que el objetivo es preservar la reconciliación frente a aquella trágica convulsión «entre hermanos de patria». Hay quienes todavía pretenden convertir la tragedia colectiva en un pretexto para mantener viva y activa una división entre españoles que sólo existe a estas alturas en la mente de unos cuantos intransigentes. Los valores de la Constitución de 1978 están asumidos por la inmensa mayoría social, que contempla por ello con lógica inquietud cómo se impulsa desde el Gobierno un proceso revisionista y cómo algunos jueces pretenden -sin éxito por fortuna- hacerse publicidad a cuenta de la tragedia que supone una guerra civil con sus secuelas posteriores.
El anuncio del abad del Valle de los Caídos es una contribución prudente y respetuosa con todos para la superación de querellas sin objeto. Es también una lección para oportunistas, capaces de atizar viejos rencores al servicio de sus intereses particulares. Nadie tiene derecho a estas alturas a utilizar la historia en su provecho ni es lícito inventar una memoria «colectiva» cuando la memoria es una percepción subjetiva que puede o no coincidir con los datos objetivos que aporta la historia. La sociedad española exige por todo ello que desaparezcan para siempre estas polémicas artificiales y perturbadoras.
Editorial ABC
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