La política exterior de un país se constituye sobre todo de símbolos y señales, unas veces sutiles y otras tan expresas como las visitas oficiales que se hacen y las que se reciben. Las señales que está emitiendo la diplomacia española en los últimos meses son cada vez más equívocas y todas ellas, como poco, muy confusas para un país que aspira a ser considerado como un miembro importante de la comunidad de países democráticos y libres. El colmo de esa política de la confusión está siendo la visita del boliviano Evo Morales, un dirigente que ha impuesto a sus conciudadanos una Constitución basada en principios racistas, que ha extorsionado a empresas españolas y que pisotea en todos sus discursos los valores liberales que son la base de las sociedades occidentales. No es corriente que un jefe de Estado extranjero se permita hacer campaña electoral en España, lo que es a todas luces impropio para los usos diplomáticos. Desde el punto de vista de la legalidad en su país, parece aún más desacertado puesto que se trata de la utilización expresa de su papel de presidente de la República en visita oficial para obtener una ventaja en las elecciones legislativas de diciembre.
Una cosa así no sucedería si no hubiera cierto grado de complicidad implícita por parte del Gobierno español, que le ha recibido con los brazos abiertos, después de haber formalizado la condonación de la deuda directa y de haber arreglado las cosas para que los bolivianos residentes en España puedan votar en las elecciones municipales. Es difícil no ver una extraña confusión de valores en este cambalache que rodea la visita de un dirigente como Morales, que representa inequívocamente una política muy peligrosa para la democracia en Iberoamérica.
A unos como el ecuatoguineano Obiang y al libio Gadaffi los visita el ministro de Asuntos Exteriores; otros como Hugo Chávez y Hugo Morales llegan a Madrid para dar la impresión de que andan «como Pedro por su casa», como si España formase parte de ese sindicato de gobiernos que abanderan lo que se ha denominado la «revolución bolivariana». El Gobierno no puede ignorar que todos ellos representan una política con la que no se puede ser complaciente porque está desafiando continuamente los principios en los que se basan las democracias avanzadas. La posición de España en el mundo debe ser la de defender la libertad y la democracia, no la de compadrear con los gobiernos que provocan inestabilidad.
Editorial de ABC
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