 | Rodolfo Torre Cantú era el candidato con más posibilidades de ganar la gobernación del estado mexicano de Tamaulipas. Era. Ahora es la penúltima víctima del vendaval de narcoviolencia que asuela México, y que se ha cobrado más de 23.000 vidas desde que el presidente Calderón decidió, en diciembre de 2006, mandar el Ejército a luchar contra los cárteles de la droga. |
En los primeros cinco meses de este año 3.365 personas murieron en el marco de la guerra contra las drogas, cifra que duplica la ya inaudita de 2009. Las cosas están llegando a tal punto, que en sólo cinco días del pasado junio perdieron la vida cerca de 170 personas.
Y ahora volvamos al asesinato de Torre Cantú, porque nos procura información relevante sobre lo audaces y poderosos que se han vuelto los cárteles. En primer lugar, reparemos en el estatus de aquél: se trata de la víctima con más alto perfil político desde el asesinato, en 1994, del candidato del PRI a la Presidencia de la nación: Luis Donaldo Colosio. Los cárteles están, pues, enviando el mensaje de que nadie, por muy prominente que sea, está fuera de su alcance.
También conviene reparar en la profesionalidad de los criminales que asesinaron al señor Torre. Su vehículo fue presa de una emboscada en la carretera hacia el aeropuerto de Ciudad Victoria: emparedado entre otros dos vehículos, se convirtió en el blanco más fácil. En el asalto, además de Torre, murieron varios de sus guardaespaldas.
Lamentablemente, este modus operandi cada vez es más frecuente en los ataques contra las fuerzas armadas y del orden, así como contra otros funcionarios. "Lo que están empleando son tácticas de guerra", afirma el experto Javier Cruz Angulo. Y añade: "Esto va más allá de las estrategias habituales del crimen organizado".
Si la tendencia persiste, estaremos ante algo sumamente preocupante para la estabilidad, incluso para la viabilidad, del Estado mexicano. En muchos casos, el armamento que utilizan los narcos es superior al que manejan la Policía y el Ejército mexicanos. Si a la superioridad material se añade la táctica, los cárteles pueden pasar de ser meras organizaciones criminales a un movimiento insurgente de primer orden, lo cual representaría una amenaza formidable para el Estado mexicano.
Hay indicios de que los cárteles ya no atentan sólo para ganar territorio a mafias rivales o para escarmentar a las fuerzas del orden; de hecho, alguna de sus acometidas parecen ser puros actos de terror. Pensemos, por ejemplo, en la matanza perpetrada en enero en Ciudad Juárez en la que perecieron dieciséis adolescentes que asistían a la fiesta de cumpleaños de un compañero de clase. No se trata de un caso aislado.
Efectivamente, Ciudad Juárez está siendo golpeada con inusitada fuerza por la narcoviolencia, es un caso límite, pero la petición de los empresarios locales no deja de ser una prueba de que para mucha gente el Gobierno es incapaz de cumplir con sus funciones básicas, entre las cuales se cuenta, evidentemente, la de mantener el orden público. Por si esto fuera poco, cada vez son más los policías y demás funcionarios que renuncian a sus puestos de trabajo. El pasado diciembre, ocho funcionarios de Tancitaro (Michoacán) presentaron su renuncia argumentando que estaban siendo amenazados por los narcos. Es lógico que tomaran en serio las amenazas, pues en marzo de ese mismo año un reputado concejal de la ciudad, Gonzalo Paz, fue secuestrado, torturado y asesinado.
Varios empleados públicos mexicanos están buscando refugio en EEUU. Hubo un caso que recibió notable atención por parte de los medios: a finales de 2009, Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García, un próspero suburbio de Monterrey, confesó que había enviado a su familia a vivir a EEUU; y añadió: "En este momento, la situación no es lo suficientemente segura como para que vuelvan".
Fernández no es el único. Hay rumores de que el alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, tiene una casa al otro lado del río, en El Paso, donde pasaría casi todas las noches y residiría su familia. Reyes Ferriz se niega a comentar el rumor, pero otros no tienen reparo en hacerlo. Para Miguel Fernández, un antiguo ejecutivo de la Coca Cola que anda ahora tratando de poner fin al caos desde la fundación Plan Estratégico para Juárez, la idea de que el alcalde viva en la ciudad, asediada por la violencia, es "una broma". "La ley dice que tiene que vivir en Ciudad Juárez, pero todos saben que vive allá [en El Paso]".
Alejandro Junco de la Vega comanda el Grupo Reforma, el emporio de prensa escrita más grande de México y de toda América Latina. Este magnate de la comunicación se lamenta de que tenga que proteger a sus periodistas... y protegerse a sí mismo. De hecho, y tras recibir amenazas de los narcos, hubo de mandar a su familia a Texas.
Una de las principales señales de advertencia de que un país puede convertirse en un Estado fallido es, precisamente, ésta del éxodo de las élites empresariales y políticas. Quizá México haya entrado en la zona oscura. De hecho, en las áreas más violentas del país, como Ciudad Juárez y Tijuana, hay señales aún más contundentes de que las cosas van muy muy mal: numerosas familias de las clases alta y media están o han hecho las maletas. Según las autoridades de El Paso, al menos 30.000 mexicanos, principalmente de clase media, han cruzado la frontera a lo largo de los dos últimos años para encontrar un refugio seguro lejos de la violencia.
Todavía es prematuro para concluir que México se está convirtiendo en un Estado fallido. El país tiene instituciones importantes, entre las que cabe citar a los partidos políticos, a la Iglesia Católica y a varias grandes corporaciones, que pueden desafiar a los cárteles. Pero la tendencia es preocupante, y la noción de que México podría descender a semejante abismo ya no es enteramente improbable. La Administración Obama ha de prestar mucha más atención a lo que ocurre al otro lado de nuestra frontera sur.
© El Cato
TED GALEN CARPENTER, vicepresidente para estudios de Defensa y Política Exterior del Cato Institute.
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