La lectura dominical de la prensa me ha descubierto una de las mayores indignidades que como argumento haya podido dar en alguna ocasión cualquier gobierno. "Fuentes" del Ministerio de Asuntos Exteriores español dijeron a una periodista que viajaba junto al titular de esa cartera, Miguel Ángel Moratinos, que la decisión de excarcelar a un grupo de presos políticos cubanos y traerles a España estaba tomada al menos desde enero. |
Las mismas "fuentes" (no cabe descartar que se trate del propio Moratinos, o alguien que transmita lo que él personalmente le encargue que diga) sostienen que la muerte de Orlando Zapata Tamayo y la huelga de hambre de Guillermo Fariñas habrían "dificultado" la puesta en marcha de la medida.
Este argumento es, simplemente, insostenible. Si ya existía la voluntad de excarcelar a parte de los presos políticos, se los podría haber excarcelado mientras Orlando Zapata Tamayo estaba en huelga de hambre, y se hubiera así salvado su vida. Como vienen insistiendo los propios presos exiliados a la fuerza en España, si no están ahora en prisión es sólo gracias a Zapata Tamayo, Fariñas y las valerosas Damas de Blanco. Son las acciones de estos dos hombres y ese grupo de mujeres lo que ha logrado poner contra las cuerdas a la dictadura de los hermanos Castro.
Dice Moratinos que cuando terminen estas excarcelaciones no quedarán presos políticos en Cuba. Es falso. La medida tomada tan sólo afecta a los miembros del Grupo de los 75. Incluso aunque se excarcelara también a los que se han negado a venir a España, quedarían otros 125 presos políticos en las prisiones cubanas. También dice el ministro que con estas liberaciones ya no tiene sentido mantener la Posición Común Europea (que no implica sanciones y sí, que los gobiernos europeos dialoguen con la disidencia). De nuevo falso. Establece una relación causa-efecto inexistente. Dicha Posición es anterior a la Primavera Negra, con lo que muchos de los presos políticos de entonces seguirán en prisión, y además no sólo habla de los opositores encarcelados: pide reformas democratizadoras y medidas relacionadas con el respeto a los Derechos Humanos que no han tenido lugar.
El Gobierno español ha aceptado desempeñar el papel de cómplice. Disfraza de acción humanitaria y vende como mérito de su política de concordia lo que no es más que una operación política destinada a ayudar al régimen castrista en un mal momento. La situación en la que se mantiene a los recién llegados a España demuestra una absoluta indiferencia ante su sufrimiento, y se les intenta, desde las instituciones controladas por el Ejecutivo, desorientar y dividir. Se busca, además, dispersarles geográficamente. El objetivo de esto último no es otro que impedir que creen aquí, en su exilio español, un grupo fuerte de oposición al castrismo.
Antonio José Chinchetru
http://exteriores.libertaddigital.com
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