Los partidarios de la suspensión de la nueva ley del aborto durante el tiempo en el que el Tribunal Constitucional decide si es o no acorde a nuestra Carta Magna alertan sobre el "daño irreparable" que supondría aplicar esta ley si luego el Alto Tribunal dictaminara su inconstitucionalidad. Lo cierto es que, con excepción de los abortos que ahora se pudieran perpetrar en embarazadas menores de edad sin conocimiento de sus padres, no hay ninguna diferencia respecto a la ley anterior en lo que a la protección de la vida del no nacido se refiere.
Hasta la entrada en vigor de la nueva ley, a cualquier mujer le bastaba alegar que el nacimiento de su hijo le podía acarrear "perjuicios psíquicos" para poder acabar con su vida en el seno de su vientre. Yo no conozco un solo caso de una mujer que alegando este motivo no haya podido abortar con total tranquilidad. La diferencia está en que ahora esos abortos se podrán seguir perpetrando sin tener que recurrir al coladero que les permitía la hipócrita ley anterior. Vamos, que la diferencia está en si hay que rellenar o no casillas en el momento en el que se solicita ese criminal eufemismo que constituye la "interrupción voluntaria del embarazo".
Es cierto, tal y como ya reconocí, que la diferencia entre ambas leyes sí se puede cifrar en vidas si tenemos en cuenta los abortos en embarazadas menores de edad sin consentimiento y conocimiento de sus padres. Sólo por esas vidas estaría justificada la suspensión de la nueva ley. Sin embargo, no por ello me resulta menos hipócrita la actitud de un partido como el PP que ha terminado siendo condescendiente con una ley que sí permitía acabar con los no nacidos cuando sus madres eran mayores de edad. Estas criaturas son "abortables" aunque el Constitucional hubiera suspendido la nueva ley, como lo seguirían siendo aunque luego la declarara inconstitucional. Sólo basta alegar, insisto, en que el nacimiento de la criatura constituye un riesgo para la salud psíquica de quien la engendró para poder acabar con su vida.
Por otra parte, me parece sorprendente que el PP, si cree que lo que está en juego son vidas, todavía confíe en que el mismo tribunal, que evidentemente no las ha tenido en cuenta al no querer suspender la nueva ley, termine declarándola contraria a nuestra Ley de Leyes. Claro que, bien pensado, no será la primera vez que vemos cómo, en una sentencia del Constitucional, el vicio rinde homenaje a la virtud.
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