Antes y después de la operación antiterrorista franco-mauritana que se producía el 22 de julio en suelo de Malí y en la que morían seis terroristas de Al Qaeda en las Tierras del Magreb Islámico (AQMI), Francia ha intensificado sus controles en los círculos alimentados por el radicalismo islamista. Antes, porque ya se venían produciendo disturbios en los suburbios de algunas ciudades, y después porque los propios terroristas de AQMI pidieron venganza contra Francia en un comunicado emitido el 16 de agosto en el que prometían "disturbios" al Gobierno francés. Conviene recordar además aquí cómo Francia ha sido amenazada anteriormente por AQMI por sus iniciativas para prohibir el uso del burka y del niqab en espacios públicos, una cuestión por otro lado de plena actualidad ya que en septiembre el Senado revisará el texto aprobado por la Asamblea Nacional el 13 de julio. Si tal prohibición se hace ley, Francia será el segundo Estado de la UE, tras Bélgica, en prohibir dichas prendas en espacios públicos.
Los disturbios en Grenoble a raíz de la muerte por la policía de un atracador fuertemente armado que les hizo frente, Karim Boudouda, el 16 de julio, recordaron de inmediato a otros producidos en diversas ciudades francesas en 2005 y que causaron estupor internacional. Policías tiroteados y amenazados de muerte, ellos y sus familias, coches quemados, comercios asaltados y otros ejemplos de coacción se desarrollaron en Grenoble durante tres días poniendo en alerta a las autoridades. La posterior detención de algunos cómplices de Boudouda y la intervención de armas vinieron a añadirse a los datos policiales sobre las violentas bandas formadas en buena medida por jóvenes de origen argelino y tunecino que controlan el tráfico de drogas y el bandidismo en Grenoble.
El Gobierno, alentado por una alarma social incrementada en esos días, procedió a proponer el endurecimiento de la legislación y a reforzar policialmente las ciudades afectadas, provocando de inmediato algunas de dichas medidas la reacción airada de la oposición socialista. Este ha sido el caso, por ejemplo, de la ley sobre delincuencia en menores promovida por Sarkozy y anunciada el 30 de julio. Además, una gran reunión que tendrá lugar el 15 de octubre está siendo preparada ahora por el secretario de Estado de Justicia, Jean-Marie Bockel, para contribuir a diseñar una política de seguridad más eficaz contra la creciente violencia interior desarrollada en algunos círculos. Por otro lado, el propio ministro del Interior, Brice Hortefeux, presentaba una querella ante el Tribunal de Gran Instancia de París el 13 de agosto contra el rapero Abdul X, objetivo de los sindicatos policiales por invitar en una de sus canciones a matar policías calificados de "keufs". Sobre el terreno, Sarkozy ha reforzado los Grupos de Intervención Regionales (GIR) que ponen en común los esfuerzos típicamente policiales con investigadores de Hacienda y de la Seguridad Social para perseguir a fondo la delincuencia y destapar sus redes de financiación y de lavado de dinero.
Francia se enfrenta desde hace años a los terroristas yihadistas y ante el asesinato por AQMI del rehén francés Michel Germaneau, el presidente Sarkozy prometía el 26 de julio que tal crimen odioso no quedará impune. Ello nos permite recordar ahora la gran operación preventiva de la Dirección Central de Información Interior (DCRI) realizada en varios suburbios de París a mediados de mayo y en la que eran detenidos doce individuos, la mayoría tunecinos, vinculados por la policía a las redes de envío de combatientes a Pakistán y a Afganistán.
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