El Código Penal cubano, vigente desde 1987, especifica en su artículo 72 que «se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista». En Cuba, a la arbitrariedad en términos legislativos, se añade la arbitrariedad en el ejercicio del poder. Raúl Castro lo dejó bien claro el pasado 1 de agosto, cuando proclamó ante la Asamblea Nacional que «no habrá impunidad para los enemigos de la patria». La frase ha desencadenado, como bien ha resaltado LA RAZÓN, una oleada de detenciones, palizas y malos tratos contra algo más de 40 opositores y disidentes.
La represión coincide con el fracaso de la operación lanzada a medias por el gobierno socialista español, con Moratinos al frente, y la dictadura cubana, para expatriar a unos cuantos presos políticos. Tras la muerte de Orlando Zapata, Moratinos y Rodríguez Zapatero quisieron hacer un lavado de cara a la dictadura y publicitar esta operación como una muestra de apertura del régimen, dispuesto a «liberar» a los opositores. La operación ha salido mal porque los disidentes no se han resignado al papel que les habían fijado el régimen de Castro y sus compañeros del gobierno español. Los disidentes han dejado bien claro que no han sido liberados, sino expulsados de su país, al que no pueden volver. También han recordado a la opinión pública las atroces condiciones de las cárceles cubanas, que ellos mismos han padecido como tantos exiliados cubanos que viven en España. Otros, como el heroico Óscar Elías Bracet, no han aceptado la expulsión y permanecen encarcelados.
El papel del gobierno español, aunque no extraña a nadie, adquiere aún más relevancia porque el régimen de Castro está, como pocas veces en su historia, en situación de extrema precariedad. Ya ha quedado claro que la muerte de Orlando Zapata no va a ser olvidada y seguirá determinando por mucho tiempo las reacciones ante la política represiva del régimen castrista. Hay más. Es bien sabido que Chávez está en horas bajas y no puede seguir aportando ayuda en la misma cantidad que lo ha hecho hasta hace poco tiempo. El comercio exterior cubano se hundió en más de un tercio en 2009. Falta de todo, en particular comida. Tampoco hay divisas para pagar a los importadores.
El régimen cubano lo achaca todo, como siempre, al «embargo» norteamericano. En Estados Unidos, unos cuantos demócratas se están esforzando para levantar la prohibición de los viajes de ciudadanos norteamericanos a Cuba. El gobierno español, por su parte, ha trabajado intensamente para que la Unión Europea derogue la «posición común» sobre Cuba, vigente desde 1996 y que condiciona las relaciones con Cuba a la promoción de un proceso de transición a la democracia y al respeto a los derechos humanos. En vez de presionar a los dictadores en un momento crítico, hay quien parece estar empeñado en darles balones de oxígeno. Será por eso de la «moral socialista».
José María Marco
www.larazon.es
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