El juez del Gobierno

Cuando un Gobierno se toma, a través de la Fiscalía, tantas molestias para salvar a un juez sospechoso nada menos que de varios delitos en tres procesos completamente diferentes, cabe deducir que el juez presenta un interés o una utilidad extraordinarias para dicho Gobierno. O que la impresionante campaña pro-Garzón de la izquierda no responde únicamente a un sentimiento de solidaridad e identificación ideológicas con el presunto delincuente, error que podemos cometer al valorar la movilización de la prensa progubernamental en su favor.

Que Garzón pasó de juez a líder ideológico es evidente desde hace tiempo. Y mucho más ahora que los medios de la izquierda han perdido todos los autocontroles y se han lanzado a una enloquecida defensa del juez, al margen de cualquier consideración sobre las acusaciones judiciales que penden sobre él. Indiferentes a si ha delinquido pues lo habría hecho por una buena causa ideológica.

Pero Garzón parece aún más que eso. Porque más llamativa es aún la apasionada implicación del Gobierno en la defensa de un juez sometido a tres procesos judiciales, cuando lo esperable en un Estado de Derecho es que se quedara exquisitamente al margen. Una implicación que sólo sirve para fortalecer las sospechas sobre las connivencias entre el juez y el Gobierno tanto en los procesos relacionados con la negociación etarra como con el caso Gürtel. O las sospechas sobre la existencia de una trama Gürtel que no es precisamente la de los imputados o de una trama Faisán que tampoco es la de los etarras. Como si el «buen fin» de ambos procesos dependiera de Garzón más que de las leyes y de los hechos.

El Gobierno y la izquierda han convertido a Garzón en una causa política. Lo que es una forma de admitir que la labor del juez en los últimos años era más política que judicial. E incluso más gubernamental que judicial.

Edurne Uriarte - Catedrática de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco

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