Cuando cien legisladores de los países que conforman el Grupo de los Ocho (G8) y otras economías emergentes (Brasil, China, India, Sudáfrica y México) se reúnan hoy y mañana, 20 y 21 de febrero, en Brasilia para abordar, junto con líderes del ámbito empresarial, un acuerdo post 2012 (cuando expira el Protocolo de Kyoto), seremos testigos de un cambio en la forma en que se conducen las negociaciones globales.
Es fundamental que los legisladores de economías con un alto consumo energético se reúnan para alcanzar un consenso sobre las medidas prácticas a adoptar en esa dirección. En el mundo interdependiente de hoy, ello pude tener un impacto positivo sobre quienes han de tener la responsabilidad de negociar un acuerdo futuro. Organizado por Globe Internacional, una red mundial multipartidaria de legisladores, este dialogo se inició tras la Cumbre del G8 en Gleneagles, Escocia, y ha logrado influir en los gobiernos del G8 y en los de economías emergentes. Después de fructíferas reuniones en el Parlamento Europeo de Bruselas, en el Senado de Estados Unidos y en el Bundestag alemán, es el momento de involucrar a las economías emergentes en el debate. Por esa razón, legisladores de todo el espectro político asistirán a la reunión de febrero, que auspicia el Congreso de Brasil.
Pero, ¿por qué Brasil? Porque la comunidad internacional reconoce que Brasil debe ser parte de la solución global al cambio climático. Esta nación de América del Sur ha logrado abordar sus propios desafíos de desarrollo, y al mismo tiempo se ha convertido en líder mundial en algunas áreas del medio ambiente.
Brasil representa el principal ejemplo de matriz energética no contaminante, mucho menos contaminante que la de la mayoría de los países ricos. Gracias a ello, ha conseguido dejar atrás la dependencia energética por medio de la expansión de fuentes de energía alternativas, como la producción de energía hidroeléctrica, etanol y bio-combustibles. Brasil lleva la delantera en el uso de etanol a partir de la caña de azúcar, una fuente de energía agrícola no contaminante y renovable que puede convertirse en una importante fuente complementaria, especialmente si se eliminan las barreras comerciales en países desarrollados y se genera un mercado mundial. La tecnología brasileña se ha transferido a países africanos en un intercambio de conocimientos «sur-sur».
Por otro lado, Brasil ha demostrado un compromiso claro y ha alcanzado enormes logros en un tema tan complejo como el uso sostenible y la protección de los recursos forestales, los más extensos del planeta, y mayores que toda Europa occidental. El país ya ha designado un 25 por ciento de su territorio (más de dos millones de kilómetros cuadrados) como áreas de protección, gracias a la creación de unos cien millones de hectáreas de zonas protegidas municipales, estatales y federales, y la demarcación de una superficie equivalente de tierras indígenas. El programa «Zonas protegidas en la región del Amazonas», de diez años de duración, ha iniciado la creación de un sistema de zonas protegidas de unos 500.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a una superficie mayor que todo el sistema de parques nacionales de Estados Unidos. El programa comenzó hace cuatro años y hoy ya se han creado 13,5 millones de hectáreas de nuevas zonas de protección estricta, estatales y federales, como el magnífico parque nacional de las Montañas Tumucumaque, de 3,5 millones de hectáreas. Además, el programa incluye otros ocho millones de hectáreas de parques ya existentes, que cubren una superficie más grande que la del Reino Unido.
Otro ejemplo del avance que ha alcanzado Brasil es que, hoy en día, el 15 por ciento de la madera del país se extrae mediante técnicas sostenibles de gestión forestal, mientras que hasta hace quince años la cifra era casi cero. No muchos países del mundo pueden exhibir resultados similares.
Los países en desarrollo, y en particular Brasil, reconocen que el cambio climático es una amenaza mundial y temen por el impacto que pueda tener en su economía, los medios de subsistencia y la calidad de vida de su población. No obstante, ninguna solución global será plausible si esta obstaculiza de alguna forma el crecimiento de los países en desarrollo.
Según la ONU, para que los países en desarrollo progresen hacia una economía con bajo consumo de carbono en 2030, se requieren inversiones del orden de 100.000 millones de dólares por año, a los que habría que añadir entre 28.000 y 67.000 millones para adaptarse al daño ya causado por el cambio climático. Siendo optimistas, una buena parte de estos fondos provendrán del sector privado. No obstante, el financiamiento del sector público todavía seguirá siendo crucial. Para reducir las emisiones de carbono es necesario un sistema global más justo, donde países desarrollados y en desarrollo puedan crecer en igualdad de condiciones. Las naciones ricas saben que su apoyo financiero a un desarrollo ecológicamente sostenible en los países en desarrollo beneficiará a todo el planeta. Es posible avanzar hacia una solución que reconozca que el uso sostenible de recursos naturales es fundamental para el desarrollo y, por ello, los países en desarrollo no deberían ver penalizados sus esfuerzos de crecimiento y lucha contra la pobreza.
El Banco Mundial, como cooperativa global de países desarrollados y en desarrollo, contribuye hacia el logro de dicho objetivo. El Banco ha comenzado a diseñar mecanismos financieros innovadores y concesionarios para el desarrollo de energías no contaminantes y la adaptación al cambio climático, con el apoyo del Reino Unido, Estados Unidos y Japón. En un futuro próximo, los fondos fiduciarios para reducir las emisiones de carbono que administra el Banco Mundial permitirán financiar la reducción de emisiones en sectores de la economía como el transporte, en lugar de hacerlo solamente por proyectos. En la reciente conferencia de Cambio Climático en Bali, se lanzó el «Fondo para reducir las emisiones mediante la protección de los bosques» (FCPF, por sus siglas en inglés), un mecanismo de financiación pionero para combatir la deforestación tropical y el cambio climático. Estos proyectos ampliarán el alcance del mercado de emisiones y las herramientas disponibles para futuras negociaciones sobre el cambio climático.
Los legisladores que se reunirán en Brasilia tendrán la oportunidad de impulsar una agenda positiva basada en soluciones a la altura de las expectativas de la opinión mundial. Junto con el sector privado, están en una posición única para decidir qué soluciones son a la vez prácticas y políticamente viables.
Pamela Cox
Vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe
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