La sociedad española tiene hoy una oportunidad en Madrid para demostrar que la implantación del aborto libre en España no recibe, en absoluto, el consenso que vende el Gobierno en la propaganda oficial del proyecto de ley que está pendiente en el Congreso de los Diputados. Es una reforma injusta, arbitraria y provocadora, que pretende imponer la agenda «social» de la izquierda sin reparar en los costes de división social y conflictos jurídicos y éticos que va a desencadenar. Es una clara apuesta por alimentar la discordia sectaria, de la que el Gobierno socialista no ha desistido como directriz de su visión de la sociedad. La despenalización del aborto, para hacerlo libre y sin condiciones hasta las catorce semanas de embarazo y falsamente regulado hasta la semana veintidós, no es la respuesta a una demanda social, ni siquiera a una reivindicación de las mujeres españolas, sino el reflujo partidista de un Gobierno empeñado en desestructurar la sociedad española con reformas legales innecesarias, pero letalmente eficaces en la siembra de conflictos.
La sola idea de que en un Estado moderno de Derecho pueda negarse la condición humana -y, por tanto, los derechos inherentes a tal condición- al ser que es concebido por la unión de un hombre y una mujer desmantela la teoría de los Derechos Humanos, insostenible desde el momento en que se niega su presupuesto, que es la protección de la vida desde que comienza. La verdad del aborto no es la repetición analfabeta de eslóganes sobre la dignidad de la mujer y la seguridad jurídica, sino la destrucción de una vida humana por medio de espantosas técnicas homicidas. En pleno siglo XXI, el «progresismo» -no sólo de la izquierda- ofrece a la mujer una solución primitiva a sus problemas: la muerte del hijo no nacido, sin aceptar las evidencias científicas sobre la autonomía del nasciturus, ni el carácter progresivo de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte, ni la superioridad moral de toda política que apueste por la vida frente a las que optan por su destrucción.
Socialmente, España cuenta con una estructura de servicios públicos asistenciales que puede amparar a la mujer embarazada en las más adversas situaciones, liberándola de la carga de un hijo que puede ser adoptado por familias que esperan años para tener uno. Científicamente no hay duda, más allá de las que produce la ignorancia consentida, de que el nasciturus es un ser humano desde su concepción, sin que nadie que afirme lo contrario haya podido demostrarlo. Pero, ¿cómo va a poder demostrarse que el ser concebido por una mujer no es humano? Lo inhumano es el aborto.
La oposición a este proyecto de ley es una causa justa de la sociedad española y la movilización que hoy recorrerá Madrid, desde la Puerta del Sol hasta la Puerta de Alcalá, ha de ser el despertar de una conciencia ética y apolítica sobre la vida, que no sólo no es ajena al Derecho, sino que es el mejor fundamento posible para la organización pacífica de una sociedad. Los detractores de esta convocatoria se han empeñado en presentarla como un acto de obediencia debida a la Conferencia Episcopal y al Partido Popular, cuyas cúpulas no acudirán oficialmente para respetar la autonomía de los organizadores. Ese mensaje despectivo hacia los movimientos provida, ya caduco, retrata a quienes lo lanzan y demuestra que no conocen bien la pluralidad de sensibilidades que existe en los españoles, y que en el caso de la oposición al aborto atraviesan ideologías políticas y confesiones religiosas. Sólo a ellos les resulta difícil entender que la muerte legalizada de decenas de miles de seres humanos mueva a millones de ciudadanos a pronunciarse en contra. Esta manifestación que hoy se celebra en Madrid ha de ser un llamamiento multitudinario al Gobierno para que rectifique claramente y retire del Congreso de los Diputados un proyecto de ley que empobrece moral y socialmente a España.
Editorial ABC
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