El sumario del caso del doctor Morín continúa desvelando datos que incrementan la alarma social. Al dato de que Morín y sus colaboradores practicaron abortos a niñas de trece años y extrajeron fetos incluso de 33 semanas, se une ahora que el doctor está infectado con el virus VIH y que en ocasiones empleaba a limpiadoras como instrumentistas en el quirófano. Los imputados se deshacían de los fetos como si fueran residuos sanitarios, además de trocearlos y pincharlos para eliminar cualquier expresión de vida. Los hechos referidos aparecen en las más de 4.000 páginas del sumario judicial, cuya lectura provoca una sensación de rechazo y horror en cualquier persona con un mínimo de sensibilidad. La infracción clara y evidente de la legislación penal debe ser sancionada por los jueces con rigor. Ni siquiera con la más amplia y extensiva interpretación puede aceptarse que tales atrocidades estén amparadas por la ley de despenalización del aborto y, por tanto, los autores de tales conductas y sus cómplices sufrirán las consecuencias que establece el ordenamiento jurídico. Desde el punto de vista político, el caso de las clínicas abortistas ha suscitado un debate social que sigue pendiente después de la reciente campaña electoral. El PSOE ha lanzado mensajes contradictorios, puesto que algunos sectores aprovechan la coyuntura para reclamar una ley de plazos, otros hablan de impedir las interpretaciones abusivas de los supuestos actuales de despenalización y otros muchos manifiestan que lo mejor es dejar las cosas como están.
Los ciudadanos tienen derecho a saber a qué atenerse sobre una materia que afecta a sus más profundas convicciones. La responsabilidad incumbe ahora a Rodríguez Zapatero, que no puede comportarse como un candidato dispuesto a contentar a votantes, sino que debe ejercer como un gobernante que tiene que tomar decisiones inaplazables. Si la opción es el mantenimiento de la ley actual, es imprescindible poner los medios para que se cumpla con todo rigor, evitando las conductas degradantes puestas de manifiesto por este sumario y por diversas informaciones que han saltado a la luz pública. Si, por el contrario, el Ejecutivo se propone impulsar una reforma, debe aclarar los términos de la misma para que pueda someterse al debate social y político. La protección de la vida humana antes del nacimiento está reconocida por el artículo 15 de la Constitución, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional sobre la reforma del Código Penal en 1985. El aborto afecta no sólo a la conciencia desde una perspectiva confesional, sino también desde cualquier postura humanista en defensa de la dignidad de la persona. Por eso Zapatero está obligado a aclarar cuanto antes qué prevé hacer.
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