Es relativamente fácil no dejar a nadie indiferente. Basta con tomar de mano un asunto que hiera alguna sensibilidad concreta y levantar con él cuanta más polvareda posible: siempre habrá quien te apoye y quien piense que eres un canalla. Eso parece sabérselo Garzón al dedillo. Basta con remover el pasado convulso de una familia, de una sociedad o de un país para que inmediatamente alguien te lo agradezca y alguien te lo reproche: la Guerra Civil, por ejemplo. Amparado por los disparates de un gobierno empeñado en ganar la guerra setenta años después, llega el Juez Campeador y quiere desenterrar cadáveres para juzgarlos en sesiones bufas mediante las cuales calmar la sed del revisionismo. Va entonces y decide que los enterrados no pueden hacerlo en paz, se salta un par de cuestiones procesales elementales e ignora las decisiones soberanas que tomaron los legisladores que hace treinta años hicieron posible que se superaran escenarios de enfrentamiento, odio y revancha: la ley de Amnistía -tan discutida, por otra parte- debió estar redactada bajo la intolerable presión de las amenazas golpistas de la época y no es, por tanto, razón que justifique el olvido de lo ocurrido durante el levantamiento militar del 36 y el régimen nacido como consecuencia del desenlace del enfrentamiento posterior. Ahora, precisamente ahora, levantemos las pesadas losas que guardan cadáveres significados, interroguémoslos y volvamos a enterrarlos debidamente condenados. El hecho de que aquella Ley que amnistió a unos y a otros permitiera echar a andar un proceso como la Transición poco importa a quienes tienen la sensación, como Garzón, de que les ha chafado la fiesta treinta y cinco años después.
La actitud del juez ha merecido toma en consideración por parte del Supremo, con la mala suerte de que el asunto ha caído en manos de Luciano Varela, un magistrado que no parece, a pesar de su vocación «progresista», dejarse impresionar excesivamente por las Causas Generales. A Varela le atribuyen cercanía personal e ideológica con Belloch, Margarita Robles y tal, que no son, estrictamente, amigos del alma del Juez Cazador, y han querido ver en la severidad del instructor un aire de ajuste de cuentas entre togas. No parece muy sólido el argumento, pero es cierto que Varela, hasta el momento, no se está dejando impresionar por los «abajofirmantes» que piden una beatificación judicial para Baltasar Garzón, incluidos los jueces internacionales a los que ha acudido su defensa en una, parece, poco inteligente estrategia: no tengo la impresión de que a los jueces españoles les vaya a hacer mucha gracia que vengan a decirle cómo hacer las cosas unos togados que no conocen los detalles de caso alguno. Por lo demás, el caso que concurre junto al de esta Causa General, el archivo de una querella contra Emilio Botín, está tocado por la falta de finura. Nadie dice que no tuviera razón jurídica nuestro hombre como para archivar una querella contra nuestro banquero favorito, se dice, tan sólo, que no debía haber tomado esa decisión quien obtuvo meses antes una ayuda educativa del banco del querellado de equis miles de dólares para unos estudios en Norteamérica que a buen seguro fueron del todo provechosos. Por menos de ello, a cualquier otro juez sin clá, ni amiguitos en los medios cautivados por la posibilidad de desenterrar a Franco, le hubiera caído un paquete de consideración sin que protestase nadie. Al ser Garzón, la cosa cambia.
El futuro profesional de este magistrado tan amigo de personalizar al máximo las instrucciones es delicado. Puede ser apartado del servicio que tantos sinsabores le ha brindado y que, por otra parte, tan dispares resultados ha dado a la colectividad. Nadie debe olvidar la perseverancia contra ETA de un juez contumaz y valiente, y no conviene que pasemos por alto la desesperante tendencia a narcotizar procesos como el del Bar Faisán, el chivatazo, puestos en el otro fiel de la balanza. Varela tiene la palabra, pero me da que no va a ser muy amable. Y bien que lo siento.
Carlos Herrera
www.abc.es
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