 | Según relata Ricardo Arias Calderón en un artículo que me envía Ana Nuño, la crisis comenzó "cuando el presidente Zelaya no presentó el presupuesto en el año 2008 para su aprobación por el Congreso Nacional". |
"Intentó destituir al jefe de las Fuerzas Armadas sin tener facultad constitucional para ello –añade Arias–, pero la Corte Suprema de Justicia se lo impidió; insistió en una consulta popular, no prevista por la Constitución Nacional de Honduras ni por la ley, sin explicar lo que encontraba mal o inadecuado en la Constitución vigente y qué es lo que deseaba que se modificara de ella".
"En Derecho Público –prosigue–, los funcionarios únicamente pueden hacer aquello que la ley explícitamente les permite, y el Presidente Zelaya, siendo el mayor y más alto de los servidores públicos se salió de ese marco legal. Todo indica que lo que buscaba, entre otras cosas, era poder volver a reelegirse, siguiendo el ejemplo de Hugo Chávez. Más grave aún fue que desoyó las advertencias del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuraduría de la Nación, de la gran mayoría de miembros de gobierno y oposición del Congreso, y entre otros del Defensor de los Derechos Ciudadanos quienes le advirtieron que lo que intentaba hacer era ilegal y que no podían avalarlo".
Narra más abajo Arias Calderón que la Iglesia Católica y la Evangélica han dado su apoyo al gobierno de Micheletti, y la Conferencia Episcopal de Honduras afirma en un documento que "las instituciones del Estado democrático hondureño están en vigencia y que sus ejecutorias en materia jurídico-legal han sido apegadas a derecho. Los tres poderes del Estado (...) están en vigor legal y democrático de acuerdo a la Constitución". No obstante, los obispos critican el procedimiento de expatriación forzosa de Zelaya a Costa Rica: hubiesen preferido, y con toda razón, que fuese detenido y juzgado. Ese recelo del episcopado se justifica aún más cuando el nuevo gobierno de Honduras, más allá de sus declaraciones, no ha hecho hasta ahora nada más que rasgarse las vestiduras y proclamar a voces su constitucionalismo.
En una entrevista concedida a La Nación de Buenos Aires, el presidente de la Corte Suprema de Honduras, Jorge Rivera, aseguró que la expatriación del mandatario fue apegada a la Constitución, rechazó que haya habido una asonada cívico-militar en el país y sostuvo que "el verdadero golpe de Estado" lo estaba preparando Zelaya por su pretensión de reformar la Constitución.
Todo parece claro. Pero no está tan claro.
Hay evidencia de que Mel Zelaya, con su pinta de galán maduro del cine mexicano de los años cincuenta, estaba a punto de cometer varias tropelías: pasarse, y pasar a Honduras, con armas y bagajes al bloque castrochavista, ese fantasma del socialismo real que actúa como factor de extorsión para un Occidente necesitado de petróleo y como punta de lanza de la instalación musulmana en Hispanoamérica (al que el gobierno español mira con muy buenos ojos); reformar la Constitución para poder hacerse elegir indefinidamente, como lo hacen los presidentes españoles, por poner un ejemplo (si estamos hablando de regímenes democráticos auténticos, no podemos tirarnos de los pelos porque los presidentes de América Latina pretendan hacer lo que aquí se hace, y a lo cual Aznar, moralmente irreprochable al retirarse a los ocho años de su elección para el cargo, no se atrevió a poner coto por la vía legislativa). Para colmo, ha demostrado ser un tipo payasesco y poco de fiar con sus escenificaciones de retorno frustrado en la frontera de Nicaragua, que el circo televisivo de Chávez se ha encargado de difundir en todo el mundo.
No obstante, Micheletti ha dejado lugar para el debate desde el momento en que se hizo cargo del gobierno, por decir lo menos, por vías poco ortodoxas, al permitir que fuera un grupo de militares encapuchados el encargado de entrar a tiros en la residencia presidencial y detener a Zelaya para enviarlo a Costa Rica. Por otra parte, casi ninguno de los opinantes u opinadores que he leído en estos días da cuenta de quién es Roberto Micheletti, quien asegura tener "contactos diplomáticos" –no confirmados– con naciones tan variopintas como Panamá, China e Israel.
Lo que se puede dar por sentado es que ni Zelaya ni Michetti son democratones de toda la vida: eso es imposible si se quiere hacer carrera política en un país como Honduras, con tremendos altibajos, golpes de estado, guerras civiles, intervenciones, etc. La democracia, en la mayor parte de América Latina, es un lujo y no un hábito. Sólo los países mayores, por territorio, cultura e historia, pueden dar de tanto en tanto personajes como Alfonsín, Uribe o Cardoso; pero aun Venezuela, poderosa, rica, culta y con todos los recursos para ser realmente independiente, después de Gallegos o de Betancourt, no va más allá de un Chávez.
Sin saber quién es Micheletti, quiero atreverme a ir un poco más allá intentando un retrato de su ministro asesor Billy Joya, Billy Fernando Joya Améndola, capitán retirado del ejército hondureño, también conocido como Licenciado Arrazola, sobre el cual me manda recortes de prensa argentina Félix Gazaniti Klinger.
De él sabemos que fue responsable del secuestro y tortura de seis estudiantes de la Universidad Nacional de Honduras en 1982. Que, antes de eso, en los años setenta, Pinochet lo había becado en Chile y Suárez Mason, uno de los más siniestros miembros de la dictadura militar argentina, lo había cooptado para que colaborara con él, como instructor, en la creación del tristemente célebre Batallón de Inteligencia B3-16.
Después de eso, fue el ideólogo del escuadrón de la muerte que operó en Honduras en la década de 1980. En octubre de 1985, Joya fue acusado de violaciones a los derechos humanos –una docena de asesinatos, secuestros y torturas, y se le inició un proceso legal–, ante lo cual se marchó, primero a Colombia, donde permaneció muy poco tiempo, y luego a España, donde también fue procesado y buscado para su extradición a Honduras.
La orden de detención fue consecuencia de la denuncia hecha por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, que presentó un informe pormenorizado de lo ocurrido en la madrugada del 27 de abril de 1982, fecha en la que Joya había encabezado un operativo, sin orden legal, irrumpiendo con veinte efectivos en la casa del subprocurador general de la República, Rafael Rivera Torres, que estaba esa noche acompañado por sus dos hijas y otros cuatro estudiantes. Sin explicación alguna, todos ellos fueron llevados a una comisaría. A Rivera Torres lo liberaron enseguida, pero los jóvenes, incomunicados, fueron trasladados a una cárcel clandestina, en la que fueron sometidos a tortura: golpes, hambre, amenazas de violación, simulacros de fusilamiento. A los ocho días soltaron a cuatro de los estudiantes tras especificarles lo que les sucedería si contaban algo. Otros dos pasaron a la condición de detenidos legales y se los acusó de atentar contra la seguridad y el Estado. Finalmente, fueron absueltos.
Enrique Santiago, que fue el abogado en España de uno de los jóvenes, logró localizar a Joya en Sevilla. Hace unos días, explicó que el ex militar "fue sometido a un procedimiento de extradición a Honduras, donde nunca rindió cuentas ante la Justicia por los graves crímenes que había cometido", porque las autoridades locales "facilitaron su absoluta impunidad".
En una reciente aparición en televisión, Joya tuvo la desafortunada idea de comparar a Mel Zelaya con Salvador Allende: flaco favor a Micheletti, a quien asociaba irremediablemente con Pinochet. Claro que ya no existe la URSS, y que es probable que este animal lo ignore. Pero su presencia en el nuevo gabinete da qué pensar, ¿no? Aunque antes de comer de la mano del nuevo presidente lo haya hecho de la de Zelaya y de cuantos le precedieron: si no, estaría preso.
Probablemente, como suele suceder en aquel desdichado continente, no haya buenos y malos, sino, como parecen maliciar los obispos, sólo malos y peores.
Horacio Vázquez-Rial
vazquezrial@gmail.com
www.vazquezrial.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário