Pero si hay un ejemplo de país hispanoamericano que lucha por la dignidad y la libertad de todos sus ciudadanos, éste es sin duda Colombia. Situado entre Ecuador y Venezuela, los dos principales polos de desestabilización de la región, Colombia padece desde hace décadas la presión terrorista de las FARC, un grupo de orientación marxista fuertemente armado, que ha hecho del asesinato, el secuestro y el narcotráfico su modo de vida.
A la evidencia de los vínculos entre los gobiernos "bolivarianos" y los terroristas de las FARC, notorios en lo que se refiere a la coincidencia de sus objetivos políticos, esta semana se suma la constatación de que las relaciones entre ambos van mucho más allá. La fiscalía colombiana tiene en su poder documentos que probarían que las FARC financiaron la campaña electoral de Rafaél Correa, entre ellos un vídeo encontrado en el ordenador de Raúl Reyes, líder terrorista abatido por el ejército colombiano en su ataque a un campamento situado en Ecuador en marzo del año pasado, que confirma la entrega de dinero a los emisarios del presidente ecuatoriano.
No se trataría ya únicamente de la acusación de la fiscalía de otro país, sino del reconocimiento por parte de uno de los protagonistas de que el presidente de Ecuador ha recibido dinero de un grupo terrorista. La patética reacción del presidente Correa, negando la evidencia y calificando la incontestable prueba gráfica de sus vínculos con los terroristas de las FARC como "una arremetida de la derecha" con el objetivo de "desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región", es la típica reacción de un político populista que elude sus responsabilidades e intenta situar el foco de atención en una imaginaria conjura exterior.
Las investigaciones de las autoridades colombianas y las pruebas halladas hasta el momento de la colaboración de las FARC con el partido político del presidente ecuatoriano, debieran tener también una respuesta adecuada por parte de la "comunidad internacional". El gobierno de Zapatero, uno de los más veloces en retirar a su embajador en Honduras, tal vez podría hacer también en este caso un gesto, aunque fuera simbólico, si es que quiere seguir blasonando de defensor de la democracia y enemigo del terrorismo. En caso contrario, constataríamos una vez más que la política exterior de Zapatero y Moratinos no se inspira en los grandes principios enarbolados en sus discursos, sino simple y llanamente en el sectarismo ideológico tan común en la izquierda de todas las latitudes.
Editorial LD
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