El exgolpista bolivariano, últimamente empeñado en devolver a su monigote en Honduras al frente del gobierno, ha creado un modelo de sociedad basado en ciertas premisas que los gobernantes de progreso deberían tener muy en cuenta para solucionar los problemas de sus respectivos países.
La tan traída reforma laboral, asunto sobre el que gobierno y los sindicatos españoles tienen una opinión opuesta a la patronal, es para Chávez un asunto menor para el que tiene una solución la mar de sencilla. Básicamente se trata de que los empleados no cobren las horas extra y, eventualmente, hacer que trabajen de forma voluntaria sin cobrar un sueldo más allá de lo que el empresario, y en última instancia el gobierno de forma subsidiaria, fijen como precio justo.
Para Chávez, las horas extra son un "vicio" (sic) que hay que erradicar. En efecto, también los trabajadores venezolanos tienen la fea costumbre de exigir el pago de los honorarios correspondientes a las labores realizadas fuera de su horario habitual, con el incremento fijado en los acuerdos colectivos. Esto de los convenios, que Chávez denomina "contratos colectivos", es otra lacra de las relaciones laborales que el mandatario venezolano desprecia profundamente, porque atacan al Estado, es decir, a la capacidad gubernamental de fijar de forma científica cuánto debe cobrar cada trabajador.
Los progres europeos, divididos entre los que se declaran fascinados por las conquistas bolivarianas y los que disculpan los "excesos" totalitarios de la revolución porque se realizan por una causa elevada (la implantación del socialismo), deberían reflexionar sobre su condición laboral si vivieran en un país gobernado al estilo de su ídolo sudamericano.
Y como todo lo que hace Chávez les parece estupendo, incluida su campaña brutal contra los medios de comunicación privados (285 emisoras de radio cerradas son su última conquista en este terreno), sería bueno que importaran a sus empresas el modelo venezolano suprimiendo los convenios colectivos, dejando de cobrar las horas extra y cediendo al empresario la facultad exclusiva de decidir sobre su salario.
Pablo Molina, miembro del Instituto Juan de Mariana.
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