Según la "memoria histórica" que intenta imponer el gobierno de la colaboración con el terrorismo y el separatismo, del entierro de Montesquieu y otras hazañas, el 18 de julio fue un golpe militar más o menos fascista dirigido a destruir la democracia republicana y su gobierno legítimo, salido de las urnas.
La realidad, si atendemos a los hechos, parece algo distinta. Como conviene insistir una y otra vez, hasta que cale la evidencia, dicho frente se compuso, oficial o extraoficialmente, de marxistas radicales del PSOE, stalinistas, anarquistas y, en torno a ellos, republicanos de izquierda golpistas --que aspiraban a instaurar un régimen parecido al del PRI mejicano, es decir, una dictadura de izquierdas--, separatistas catalanes, también golpistas, más el ultrarracista PNV; y durante la guerra serían protegidos y orientados por aquel padre de las democracias que fue Stalin. Todos esos grupos habían estado comprometidos en mayor o menor grado en la sublevación de octubre del 1934 contra un gobierno de centro derecha, este sí legítimo y salido por gran mayoría de las urnas de noviembre de 1933.
Si aquellos partidos cambiaron de táctica después de su derrota en 1934, no cambiaron de objetivos. En realidad siguieron, conscientemente o no, el modelo de Hitler, que en 1933 había obtenido el poder legalmente para desde él destruir el orden democrático. Y así se presentaron a las elecciones de febrero de 1936. Estas elecciones, al revés que las de 1933 no fueron democráticas: como consigna el mismo Azaña, transcurrieron entre violencias, con deserción en muchos lugares de los gobernadores civiles que debían asegurar su recuento; y las cifras de las votaciones no fueron publicadas oficialmente. La supuesta victoria del Frente Popular fue en realidad una enorme maniobra de intimidación, exitosa ante una derecha deprimida.
El gobierno emprendió entonces, efectivamente, la liquidación de la legalidad republicana, parcialmente democrática, mediante actos despóticos como una revisión de actas para despojar a la derecha de todavía más escaños, la destitución ilegal del presidente de la república Alcalá-Zamora, la protección a los pistoleros de izquierda o la ilegalización de la Falange, la eliminación de la independencia judicial, purgas en la administración, etc. Todo ello en estado de excepción, estricta censura de prensa y merma de los derechos civiles.
Paralelamente, socialistas, anarquistas y comunistas, convencidos de que su gran momento se acercaba, reiniciaron un proceso revolucionario en las calles y campos, con asaltos a sedes y periódicos de la derecha, destrucción de iglesias y obras de arte, de registros de la propiedad y unos trescientos asesinatos en cinco meses. Los crímenes culminaron en el secuestro y asesinato del jefe efectivo de la oposición, Calvo Sotelo, realizado por fuerza pública mezclada con milicianos socialistas, todo un retrato de la situación.
Contra aquel proceso revolucionario y contra aquel gobierno ilegítimo de raíz se levantó por fin una parte de los militares secundada por una gran parte del pueblo (afluyeron más voluntarios a los nacionales que a los rojos). Ganaron los sublevados e instauraron una dictadura autoritaria, que libró a España de la guerra mundial, de un nuevo intento de guerra civil y dejó un país próspero y reconciliado que permitió el paso sin mayores traumas a una democracia. Democracia amenazada hoy, precisamente, por quienes se consideran herederos de aquel Frente Popular. Esa parece ser la "democracia" que les gusta, y por algo están en pleno proceso de involución política.
Algunos me han reprochado haber escrito Franco para antifranquistas. Pero el mismo no es más que la consecuencia lógica del primero que publiqué sobre estas cuestiones, Los orígenes de la guerra civil, donde queda de manifiesto quienes organizaron aquella guerra y qué propósitos perseguían.
Pío Moa
http://blogs.libertaddigital.com/presente-y-pasado (En Época)
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