En el lenguaje "creativo" que caracteriza al Gobierno de Zapatero, en el que la crisis económica se denomina "desaceleración transitoria", el trasvase del Ebro a Barcelona se bautiza como "conducción temporal de agua" y al caos en nuestros juzgados se define como "problema endémico de retraso" se nos anuncia ahora una reforma para ampliar nuestra "libertad religiosa" que mucho me temo que signifique en realidad justamente lo contrario, la imposición de un laicismo obligatorio para el conjunto de la sociedad española.
Hay quien interpreta que Rodríguez Zapatero trata con esta iniciativa de provocar una cortina de humo que distraiga la atención de la opinión pública de problemas como la crisis económica, el caos de la Justicia o las tensiones territoriales, ante los que el Gobierno tiene escasa o nula capacidad de respuesta. Pero en mi opinión, hay en la intención del Gobierno algo más que una mera maniobra de distracción. Se trata de promover la transformación de una sociedad mayoritariamente católica en una sociedad radicalmente laicista, debilitar a la Iglesia católica como una de las instituciones sociales más influyentes y erradicar de nuestro país unos valores cristianos sin los cuales ni España, ni Europa, ni Occidente serían lo que son ni podrán seguir siéndolo.
Sin conocer aún los detalles de esta reforma, es evidente que la iniciativa nace de una clara inspiración anticlerical. Hay que recordar las amenazas nada veladas del Secretario de Organización del PSOE anunciando en plena campaña electoral "que nada volvería a ser igual para la Iglesia católica tras el 9 de marzo". Por otro lado, el Gobierno no oculta que el objetivo fundamental de la reforma es acabar con los supuestos privilegios de la mayoría católica y situar en un plano de estricta igualdad a todas las confesiones religiosas en nuestro país. Pero la realidad es que no todas las religiones tienen igual grado de implantación en nuestra sociedad. Por mucho que pese a Zapatero, que no a muchos otros socialistas, los españoles seguimos definiéndonos en una gran mayoría como católicos. Y esta es una realidad que los poderes públicos no pueden desconocer.
El objetivo más inmediato de esta reforma pasa en mi opinión por garantizarse un mejor control social desde el poder político, un objetivo inherente a la izquierda, debilitando a una institución como la Iglesia católica que mantiene una notable influencia social y que ha dado muestras de no ceder en la defensa de sus principios morales a ninguna presión política. Para ello no se duda en promocionar otras religiones que mantienen preceptos difícilmente compatibles con nuestros principios democráticos más básicos, como la igualdad plena entre hombres y mujeres, la diferenciación estricta entre el ámbito político y el religioso o la propia concepción de la libertad.
Pero el objetivo a largo plazo parece ser acabar definitivamente con unos valores cristianos que siguen siendo mayoritarios en nuestra sociedad y que son radicalmente opuestos al proyecto de transformación social que Zapatero pretende impulsar. Así, para poder avanzar en cuestiones como la liberalización total del aborto, el reconocimiento de la eutanasia, la manipulación genética del ser humano, el adoctrinamiento ideológico de los niños en la escuela o en una concepción estrictamente laicista de la sociedad, es necesario previamente eliminar los valores de la familia, de la vida o de la libertad que se encuentran profundamente enraizados en nuestra sociedad. Se trata en última instancia de erradicar los valores cristianos que se encuentran en la génesis de nuestra civilización occidental, de nuestro ser como Nación y que aún hoy siguen siendo ampliamente mayoritarios en nuestra sociedad.
Ignacio Cosidó
Diputado del Partido Popular por Palencia
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