El último asesinato de la organización terrorista ha vuelto a provocar las mismas reacciones y condenas tantas veces repetidas después de cada crimen. Y como en ocasiones precedentes, también podría ocurrir que los decisores políticos volviesen a ignorar las consecuencias que deben extraerse cuando una vez más se ha corroborado la voluntad asesina de ETA. Con el fin de evitar tan peligrosa inercia es preciso aplicar medidas que den sentido a palabras de condena y declaraciones de intenciones que sin hechos que las respalden quedan vacías de contenido.
En primer lugar, y con objeto de diseñar una eficaz estrategia anti terrorista, resulta obligado definir correctamente el tipo de amenaza que la banda comporta. ETA opera en diferentes frentes, siendo diversas las expresiones de violencia que requieren respuesta desde el Estado. No sólo debe prevenirse y perseguirse el asesinato, sino todas las manifestaciones terroristas con las que la banda intenta avanzar en la consecución de sus objetivos. El control político y social que ETA ha conseguido mediante su presencia en las instituciones debe ser neutralizado al tiempo que se combaten otros medios mediante los cuales la organización terrorista obtiene recursos materiales, humanos y financieros. El Estado no puede permanecer impasible o tolerante ante la violencia que mata, pero tampoco frente a la que no deja vivir a los ciudadanos coaccionados por la intimidación etarra.
De nuevo debe insistirse en la necesidad de reconstruir un consenso en torno a la política antiterrorista al que se apela después de cada asesinato. Sin embargo, nada se ha hecho por recomponer la unidad que garantizó excelentes resultados al articularse una respuesta como la que PP y PSOE diseñaron en torno al Pacto por las Libertades entre 2000 y 2004. Durante la pasada legislatura la firme presión política, policial, social, judicial e ideológica frente a ETA quedó en suspenso al optar el gobierno por la negociación con la banda. Aunque algunos de los instrumentos utilizados para presionar al movimiento terrorista han sido recuperados recientemente, la presión política es aún infructuosa al evidenciarse una preocupante falta de unidad entre los principales actores democráticos. Lamentablemente no se aprecian esfuerzos por recomponer un consenso político vital para debilitar a la banda. En ausencia del mismo, ETA seguirá sufriendo embates, pero podrá encontrar alivio en un decisivo frente de la lucha antiterrorista como es el político.
Así ha ocurrido al sustituirse el modelo antiterrorista que excluía la negociación con la banda por otro que situó el diálogo como su eje fundamental y que todavía sigue contemplándolo. Estériles son las declaraciones de los representantes gubernamentales asegurando que no hay expectativas de diálogo con la banda, pues esa posibilidad sigue abierta a pesar del fracaso de la última experiencia. En este apartado la política antiterrorista carece de credibilidad y, por tanto, de capacidad disuasoria ante ETA, como exponen la banda y su entorno al recordar cómo sucesivos gobiernos españoles han negado la posibilidad de negociar con los terroristas para incumplir posteriormente su palabra. Tamaña concesión sigue sirviendo a ETA para movilizar a su militancia, ya que refuerza el argumento terrorista que defiende la violencia como eficaz al ser el garante de la negociación que el Estado niega pero que después concede.
Los posicionamientos que diez años atrás mostraban los dirigentes del PSOE revelan los negativos efectos derivados de la actitud que hoy sigue manteniendo el gobierno. En mayo de 1998, tras el asesinato del guardia civil Alfonso Parada, el comité federal del PSOE aprobó una resolución política en la que declaraba: «Es grave y erróneo insistir antes, durante y después de los atentados, en proponer y ofrecer a los terroristas un diálogo o una negociación política, sea ésta una oferta que se hace con la condición previa del cese de la violencia o sin ella». El texto, que fue aprobado con la reveladora abstención de Jesús Eguiguren, señalaba: «Se está otorgando carta de naturaleza a una verdadera oferta de impunidad puesto que colocamos en la mano de los terroristas la decisión del cuándo dejan de matar, dando la sensación de que sus crímenes serán impunes después de esa supuesta negociación o diálogo que la democracia les ofrece».
Los socialistas denunciaban otro de los perversos efectos generados al aceptar el diálogo, pues «la causa que los terroristas alegan para matar adquiere legitimación y cobertura sociopolítica que prolonga y agrava el terrorismo mismo». Por ello consideraban urgente reconducir «esta grave equivocación política y acabar ya con la sensación de impunidad que alimenta a los violentos»: «Los terroristas deben perder la esperanza de conseguir algo, tanto personal como políticamente, matando y extorsionando al pueblo vasco y a la democracia española. Basta ya».
Es evidente que la negociación política con ETA aceptada por el gobierno, y materializada en el denominado Pacto de Loyola en el que se aceptaron importantes transformaciones del marco jurídico político, alienta esas esperanzas de los terroristas a las que aludía la proposición socialista de 1998. Se alimenta asimismo la creencia en la eficacia del terrorismo etarra cuando el gobierno admite que la unidad contra el terrorismo seguirá sin materializarse a causa de las discrepancias que mantiene con la oposición respecto a futuros diálogos con la banda.
También en mayo de 1998 el ex presidente Felipe González manifestaba una postura radicalmente distinta a la del actual gobierno al afirmar: «Si les decimos que cuando dejen de matar se abrirán no sé qué posibilidades, les estamos dejando en sus manos la decisión de cuántos muertos van a provocar hasta que decidan que ya es bastante». González aseguraba que «pese a los últimos atentados, ETA está muy débil, pero tiene la llave de la cárcel en el bolsillo».
Añadía por ello que «los terroristas no van a reaccionar hasta que los demócratas recuperemos la llave de la cárcel», lo que le llevaba a concluir lo siguiente: «Les damos oxígeno con esa frase de que cuando dejen de matar les consideraremos buenos chicos; es monstruoso».
El diagnóstico que subyace bajo las declaraciones citadas llevó a los socialistas a respaldar un Pacto por las Libertades que resquebrajó el mito de la imbatibilidad de ETA. Si ese modelo se aplicara hoy, persistiéndose en una presión inalterable e integral desde diversos frentes, constituiría una novedad en el marco de la estrategia antiterrorista que a lo largo de las últimas décadas ha recurrido sucesivamente al recurso del diálogo a pesar de su improductividad. El mensaje político que la democracia trasladaría a ETA con semejante determinación representaría un perfecto complemento a la acción antiterrorista que se desarrolla desde otros ámbitos como el policial y el judicial.
Si los partidos democráticos renuncian a recomponer una política antiterrorista firme y consensuada, ETA encontrará un relevante estímulo al lograr un poderoso argumento de propaganda y motivación. En consecuencia la férrea aplicación y reactivación del Pacto representa una coherente respuesta que debe marcar la estrategia antiterrorista a medio y largo plazo. Insuficiente resultará el excelente trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad a la hora de contener y combatir la amenaza terrorista si la política y los políticos facilitan a la banda un contexto en el que el terrorismo resulta rentable para los intereses de ETA. Las divergencias entre gobierno y oposición respecto a la política antiterrorista pueden ser difíciles de superar, desafío que, no obstante, debería incentivarles a redoblar sus esfuerzos por enmendar tan dañina situación. En caso contrario, el terrorismo seguirá cobrándose vidas y coartando la libertad de los ciudadanos mientras se sucede la rutina de condenas y de intenciones retóricas que convierten la ansiada determinación y unidad contra ETA en mera ficción.
Rogelio Alonso
Profesor de Ciencia Política. Universidad Rey Juan Carlos
Nenhum comentário:
Postar um comentário