¿Divididos por el aborto?

Los políticos tienen una extraña fijación en lograr la unidad y en evitar en cualquier caso las divisiones. Aparentemente, cuando una propuesta es apoyada por una cierta mayoría de personas, deja de ser necesario analizar su contenido. Unidad se convierte automáticamente en "bueno" y división en "malo". La crisis económica ofrece un ejemplo paradigmático: Zapatero le pide a Rajoy que arrime el hombro y apoye sus planes de gasto público para así lograr la "unidad" frente a la crisis. Poco importa si las propuestas tienen sentido o son un completo disparate, lo esencial es que sean fruto del consenso.

Lo mismo parece estar sucediendo con la nueva ley del aborto. El PP acusó inicialmente al Gobierno de abrir debates inútiles que causaban división sólo para encubrir el fiasco de su política económica; ahora Zapatero culpa al PP de promover la división por haber recurrido su proyecto normativo ante el Tribunal Constitucional. La principal crítica que se dirigen ambas formaciones es simplemente que remueven las tranquilas aguas de la sociedad, pero poco o nada entran a reflexionar sobre si la ley es un acierto que protege los derechos de los individuos o, por el contrario, es un fiasco que atenta contra los mismos.

Probablemente el PP se niegue a entrar en ese debate para no parecer que se distancia de ese centro político que espera que le lleve a La Moncloa (es decir, para no "dividir" a sus votantes), mientras que el PSOE rehúye analizar sus huecos planteamientos (como que abortar es lo mismo que someterse a una operación de cirugía estética) precisamente para evitar descubrir cuan vacíos están.

Y sin embargo el debate sobre el contenido de la ley (y no sobre su mayor o menor aceptación social) debería ser el único relevante o, al menos, el más relevante: lo malo no se convierte en bueno por el hecho de que mucha gente así lo quiera.

El problema de la ley del aborto, al margen del discutible encaje que tenga dentro de nuestro ordenamiento jurídico, va más allá del consenso normativo que se haya impuesto en un determinado momento. Su error es anterior y procede del posible conflicto de derechos entre los padres y el nasciturus que la nueva ley tan mal resuelve.

Sentado que el embrión es un ser humano y que, al igual que otros seres humanos tiene un conjunto de derechos entre lo que sobresale el derecho a la vida, la cuestión es hasta qué punto ese derecho a la vida prima sobre otros derechos concurrentes de los padres. La conocida sentencia del Tribunal Constitucional 53/85 trataba de manera bastante acertada este asunto ya que partía de la protección jurídica de la que era merecedor el nasciturus para exceptuarla en una serie de supuestos donde entrara en grave e irresoluble conflicto con otros derechos fundamentales de los progenitores (por ejemplo, el derecho a la vida de la madre). El aborto no se instituía como un derecho, sino como salida excepcional para una serie cerrada de casos.

La ley del aborto de Zapatero pretende convertir lo excepcional en norma y crear un "derecho a abortar" que sólo significa que el ser humano estará completamente desprotegido durante sus primeras 14 semanas de su vida. Los padres quedan absolutamente eximidos por privilegio legal de su responsabilidad sobre el embrión que se derivada precisamente de haberlo concebido. No es libertad lo que grita Zapatero, sino libertinaje: la licencia estatal para violar los derechos ajenos.

Y tal extremo será siempre criticable por mucha división que supuestamente excite. Aunque, a decir verdad, la única división que debería originar es la división entre los defensores de los derechos humanos y los partidarios de su progresiva abolición; una frontera que obviamente querríamos que se extinguiera pero no a costa de que todos se pasen al lado equivocado.

Editorial en Libertad Digital