Píldora con secuelas

Ha causado perplejidad en medios sanitarios el anuncio conjunto de las ministras Trinidad Jiménez y Bibiana Aído sobre el libre acceso a la píldora poscoital sin necesidad de receta médica ni límite de edad. Más allá de planteamientos éticos o sociológicos, los profesionales de la sanidad reclaman un análisis científico riguroso sobre las consecuencias de la universalización de la llamada «píldora del día después», dado que los argumentos expuestos por las ministras chocan con la evidencia más elemental. Frente a la afirmación sin pruebas de que este producto no es abortivo, los expertos establecen que la píldora evita que el óvulo, ya fecundado, pueda implantarse en el útero en un alto porcentaje de ocasiones. Por supuesto que produce efectos secundarios, desde náuseas y vómitos hasta transtornos ginecológicos y neurológicos. No se trata de informaciones confidenciales o puramente técnicas, sino que aparecen con toda claridad en el prospecto de alguna de las marcas más conocidas. Podría incluso facilitar la aparición de enfermedades infecciosas y, en el plano psicológico, sitúa a las adolescentes ante una decisión que puede acarrear secuelas muy complejas. A mayor abundamiento, el ejemplo del Reino Unido -utilizado en concreto por la ministra de Sanidad- demuestra que el medicamento aumenta también el riesgo de enfermedades de transmisión sexual.

Dadas las circunstancias, es una irresponsabilidad permitir que esta píldora poscoital pueda adquirirse sin problemas por veinte euros en una farmacia como si fuera un simple producto higiénico o cosmético. Hay que suponer que los profesionales de la medicina tienen algo que decir cuando se trata de proteger la salud sexual. En vez de receta médica, estamos ante una receta gubernamental orientada por criterios ideológicos e intereses oportunistas. Si el PSOE prefiere ignorar los argumentos morales o sociales, debería al menos tener en cuenta el derecho a la salud que la Constitución otorga a todos los ciudadanos. Los datos actuales reflejan que cerca de 600.000 mujeres reciben cada año en España el tratamiento de la píldora del día después, una cifra que puede incrementarse notablemente si se lleva a la práctica el proyecto del Ejecutivo. No se trata de eliminar obstáculos para el acceso de las personas más jóvenes a los métodos anticonceptivos, como pretende el Gobierno, sino de una opción ideológica que pasa por encima de los requisitos científicos más elementales. Es imprescindible escuchar a los expertos antes de adoptar una fórmula errónea y sin sentido.

Editorial ABC
www.abc.es