Terrorismo y sinrazón

Es una rareza lograr desvelar lo absurdo de una decisión política con una sola declaración. Pero eso mismo fue lo que pasó cuando John O. Brennan, asesor de Seguridad Nacional y Contraterrorismo de la administración Obama, anunció que el terrorista nigeriano Umar Farouk Abdulmutallab había estado "hablando con la gente que lo detuvo", pero ahora "ya no tiene que hacerlo porque Abdulmutallab tiene un abogado de oficio y se le va a juzgar en un tribunal civil".

¿Cómo dijo? Imagínese si Mohamed Atta, que pilotó uno de los aviones del 11-S contra las Torres Gemelas, hubiera logrado sobrevivir. Ahora, suponga que las autoridades decidieran tratar a Atta como si sólo hubiera entrado a robar en una licorería... nada de interrogatorios, sólo la acusación de haber cometido un crimen, que encima le hubieran puesto un abogado de oficio y que estuviera camino del tribunal del condado más próximo. Probablemente el caso habría terminado en un acuerdo con el fiscal, por ejemplo que Atta diese información a cambio de una pena más suave.

La opinión publica estaría escandalizada. Habría exigido que Atta fuese tratado como lo que era: un combatiente enemigo. Se habría esperado que las autoridades hicieran todo lo posible para sacarle toda la información que tuviera y así prevenir otro ataque.

Entonces, ¿qué ha cambiado? A pesar de lo que dice el presidente, la administración Obama actúa como si los atentados terroristas en territorio americano fuesen asuntos criminales y no actos de guerra. Esa política conlleva que cuando un terrorista planee ataques contra ciudadanos americanos, lo mejor para él será que intente matar en suelo americano a tantos como le sea posible. De esa forma, el terrorista no sólo logrará que lo juzgue un tribunal civil y que le adjudiquen abogados de oficio, cortesía de los contribuyentes americanos. El terrorista puede guardarse sus secretos. Y no tendrá que hacer frente a los soldados americanos tratando de eliminarlo en Afganistán o Irak.

A eso le llamo yo incentivos perversos. Se supone que la ley está para proteger a los ciudadanos americanos, no para que se conviertan en blancos fáciles de los terroristas.

Uno se pregunta qué es lo que tendrá que hacer un terrorista dentro de Estados Unidos para lograr que lo interroguen. ¿Tendrá que matar a cientos o a miles de americanos? Y si fuera así, ¿cuál es la diferencia legal en lo referente al lugar del juicio? La cuestión de la jurisdicción no depende de si hay víctimas mortales sino de la naturaleza de la acción y el tipo de persona que la perpetra. Un terrorista que tiene éxito matando a cientos de americanos es tan combatiente enemigo como aquel que trata de hacerlo pero falla en el intento.

Uno también se pregunta por qué la administración Obama se tomó el trabajo de establecer un grupo de élite dentro del personal de Seguridad Nacional para dirigir los interrogatorios a presos de "alto valor". ¿Será que una operación de Al Qaeda intentando matar a 300 americanos no tiene el suficiente alto valor? ¿Y qué decir sobre todos esos terroristas entrenados para seguir los pasos de Abdulmutallab? Y las vidas que estos terroristas amenazan, ¿no convierten al terrorista nigeriano en alguien de suficiente valor como para que lo interroguen?

Es cierto que el presidente George W. Bush llevó al terrorista británico Richard Reid a un tribunal civil. Por las razones que sean, eso sentó un desafortunado precedente político; pero ninguno legal que sea vinculante. No hay un requisito legal que establezca que extranjeros como Reid o Abdulmutallab tengan que ser juzgados por un tribunal civil de Estados Unidos. El caso más definitivo del Tribunal Supremo sobre el tema, ex parte Quirin, dictaminó que los combatientes enemigos (en este caso, saboteadores alemanes) arrestados en Estados Unidos, pueden ser juzgados por un tribunal militar.

A Obama le gusta marcar las diferencias entre él y George W. Bush. Además está en su perfecto derecho de hacerlo y debería marcar esas diferencias con Bush siendo "verdaderamente" duro con el terrorismo.

Pero no lo ha hecho. A pesar de todas sus protestas, parece ser que Obama no cree que gente como Abdulmutallab esté cometiendo actos de guerra contra Estados Unidos. La posición del presidente respecto a los detenidos y sobre Guantánamo lo tiene tan enredado en líos legales que simplemente no puede ver algo que en realidad es muy obvio: concretamente que hay una enorme diferencia legal entre un ciudadano de Estados Unidos que intenta cometer un asesinato por razones personales y un terrorista de origen extranjero (es decir, alguien que no es ciudadano de Estados Unidos) que lo hace por razones políticas en nombre de una organización dedicada a librar una guerra contra Estados Unidos.

Abdulmutallab debería haber sido entregado a expertos de inteligencia militar en interrogatorios y detenciones. Luego debería haber sido juzgado por una comisión militar. Además de hacer justicia correctamente y de respetar la Constitución, esto habría servido para enviar un mensaje a futuros terroristas: no se les tratará con guantes de seda si se les atrapa dentro de territorio americano intentando matar a ciudadanos americanos.

Lamentablemente, habrá terroristas en este momento con la boca abierta por la incredulidad. A duras penas creerán la suerte que tienen porque si atacan a civiles dentro de territorio americano, en lugar de matar soldados en un campo de batalla en el extranjero, la jugada les puede dar buenos réditos si es que llegan a arrestarlos.

No hay nada en la Constitución o en las leyes que nos exija arriesgar vidas americanas por esta clase de absurdo legal. La ley se hizo para proteger a los ciudadanos americanos. No le estamos haciendo ningún favor a nuestro derecho constitucional con la pretensión de que los combatientes enemigos tengan los mismos derechos que los criminales comunes y corrientes.

©2010 The Heritage Foundation
* Traducido por Miryam Lindberg

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