Creo que uno de los momentos más tristes y desoladores de la lucha antiterrorista tuvo lugar cuando una buena parte de este país sonrió con displicencia, incluso rió, ante aquella petición de las actas de las reuniones del Gobierno con ETA realizada por Rajoy en el Congreso en la pasada legislatura. Porque no sólo rió por ignorancia, con tantos «analistas» que desconocían a esas alturas la existencia de las actas o la importancia de tales documentos en los métodos de trabajo de ETA. Lo hizo espoleada más bien por aquel clima de impunidad moral en el que se desarrolló la negociación de Zapatero con ETA. Cualquier cosa valía, incluido Faisán.
Si el caso resucita ahora y ya nadie parece querer reírse, ni siquiera sonreír, no es porque haya cambiado el clima de laxitud moral sobre los tratos con terroristas, sino porque al Gobierno socialista se le ha ido la mano en sus turbios manejos para paralizar las investigaciones. Y una cosa es que el Estado se manche las manos con la sangre de los crímenes terroristas y otra que lo haga de forma chapucera y nos enteremos, que es lo que pasa con el caso Faisán y lo que ya no pueden admitir ni los que se reían con lo de las actas. La porquería, vale, pero si es secreta.
Y en este asunto ya casi nada es secreto. Ni las propias actas, los párrafos sobre el Faisán incluidos. Ni las llamadas entre responsables policiales la noche de autos, con el segundo de Rubalcaba de por medio. Ni las presiones del Gobierno para apartar a Grande Marlaska del caso. Ni las presiones mucho mayores, sobre Varela, para proteger a Garzón de los procesos judiciales que amenazan con sacarlo del Faisán.
Las cloacas del Estado han emergido a la superficie, la sonrisa ha quedado helada en tantas bocas complacientes y la calificación de «alta traición», empleada por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, se abre paso.
Edurne Uriarte - Catedrática de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco
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