De ignominiosa cabe calificar la reacción del Gobierno de Zapatero ante las pruebas que evidencian, una vez más, la colaboración del régimen chavista con ETA y que han sido, en esta ocasión, facilitadas por la confesión de los terroristas detenidos la semana pasada. No es ya que Zapatero y Moratinos hayan guardado el cobarde silencio de costumbre, es que destacados miembros de su Gobierno han salido en tromba a defender al caudillo venezolano, aun cuando su embajador en Madrid ha acusado a la Guardia Civil de arrancar a los etarras su confesión bajo torturas.
Así, la vicepresidenta Fernández de la Vega ha destacado el "alto grado de colaboración en política antiterrorista" que, según ella, el régimen venezolano está brindando a España. El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, en la línea del caudillo venezolano, ha restado credibilidad a la confesión de los etarras al afirmar que las declaraciones de estos deben ponerse siempre "en un congelador". Por su parte, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, si bien ha considerado "verosímil" la confesión de los etarras de que fueron adiestrados en Venezuela, ha manifestado que "ni tan siquiera sospecha" que el Gobierno de Hugo Chávez "tuviera que ver con estos entrenamientos".
La cantidad de incoherencias y de clamorosas mentiras y ocultaciones en las que los miembros del Ejecutivo de Zapatero han tenido que incurrir para salvar la cara al mandatario venezolano no tiene límites. Para empezar, no es la confesión de los etarras sino un auto judicial a cargo del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, el que desde el pasado mes de marzo denuncia claramente "la cooperación del Gobierno venezolano" en la alianza entre ETA y las FARC y el que revela, entre otros bochornosos capítulos, cómo militares venezolanos escoltaron en 2007 a etarras que iban a impartir "cursillos" de adiestramiento armando a los terroristas colombianos. Este auto, basado en informes policiales, tanto españoles como extranjeros, así como en documentos y material informático incautados a los terroristas, no ha recibido ahora más que una confirmación con la confesión de los etarras detenidos la semana pasada de que ellos también recibieron en 2008 ese adiestramiento en Venezuela, bajo la protección y ayuda del alto cargo del Gobierno de Chávez, el etarra Arturo Cubillas.
Al margen de las reiteradas negativas de extradición de Cubillas por parte del Gabinete de Chávez, recordemos asimismo que uno de los detenidos en Francia el pasado mes de marzo, José Lorenzo Ayestarán, alias "Fanecas", es otro etarra al que Hugo Chávez se había negado durante años a extraditar a España, el mismo al que llegó a ofrecer la nacionalidad venezolana en diciembre de 2006, el mismo al que posteriormente facilitó su vuelta a la "lucha armada" permitiéndole salir de Venezuela.
Si las declaraciones de Fernández de la Vega hablando del "alto grado de colaboración en política antiterrorista" del régimen venezolano son una afrenta para los españoles en general, y para las víctimas del terrorismo muy en particular, las manifestaciones del vicepresidente Chaves, que quitan credibilidad a lo que digan los etarras, es simplemente un insulto a nuestra inteligencia. Chaves no sólo se contradice con Rubalcaba, sino que finge ignorar que la confesión de los etarras es redundante sobre lo que la policía, la Fiscalía y la Audiencia nacional ya sabían. Por otra parte, quitar credibilidad a lo que confiese un etarra por el hecho de ser etarra es tanto como negar valor probatorio a la delación entre delincuentes en todo proceso penal. Si la "doctrina" de Chaves imperara, muchos de los etarras cuya condena ha sido facilitada por las confesiones de sus compañeros bien podrían estar ahora, en lugar de la cárcel, gozando de la protección del régimen venezolano.
Es bochornoso que a estas alturas España no haya roto sus relaciones diplomáticas con Venezuela ni haya elevado ante los organismos internacionales la más enérgica denuncia. Pero ¿qué cabe esperar de un Gobierno como el de Zapatero que por conceder honorabilidad a Hugo Chávez es capaz de quitar credibilidad a nuestra policía, a nuestra Fiscalía y a nuestros tribunales de justicia?
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