Un año más, la Misa de la Familia concentrará en Madrid a una multitud de personas en este último domingo del año. La iniciativa puesta en marcha por el Arzobispado ha calado muy hondo en multitud de fieles, no sólo de la capital, sino también de otros muchos lugares de España y de toda Europa. El éxito de las celebraciones anteriores permite augurar una asistencia masiva a esta convocatoria para un acto litúrgico que no debe ser confundido interesadamente con un llamamiento político o partidista. En rigor, es una respuesta ante la llamada de la Iglesia a favor de una institución que goza del reconocimiento de una inmensa mayoría social, a pesar del desinterés de la Administración e incluso de la hostilidad de algunos políticos. Hace tiempo que el PSOE ha diseñado una deliberada ofensiva laicista. Por una parte, se trata de un proyecto de «ingeniería social» para transformar la realidad en nombre de un falso progresismo impuesto de forma obligatoria. Por otra parte, el objetivo es hacer guiños a la izquierda radical y crear debates artificiales con el fin de ocultar la incapacidad del Ejecutivo para hacer frente a la crisis económica y al drama del paro. Rodríguez Zapatero es el responsable principal de esta campaña, aunque procure situar en primera fila a personajes de tono menor, como la ministra Bibiana Aído. El proceso comenzó en la pasada legislatura con el matrimonio homosexual, el divorcio express o la Educación para la Ciudadanía, y continúa ahora con la ampliación de la ley del aborto, presentado como un derecho de la mujer en contra de las reglas más elementales de la moral, el Derecho y el sentido común. En el horizonte aparecen siempre nuevas medidas laicistas, como la supresión del crucifijo en las escuelas, mientras la vicepresidenta Fernández de la Vega anuncia de vez en cuando una reforma -innecesaria y sesgada- de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. En efecto, si el Gobierno quiere mantener una relación adecuada con la Iglesia debería limitarse a cumplir y hacer cumplir el artículo 16 de la Constitución y los acuerdos vigentes en lugar de promover una campaña de acoso hacia las manifestaciones públicas de la fe abrumadoramente mayoritaria en España. La Norma Fundamental establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero exige a los poderes públicos que mantengan relaciones de cooperación, en particular con la Iglesia católica, como reconocimiento lógico de la historia y la realidad social.
En este contexto, las familias católicas se sienten agredidas por una legislación injusta, que sale adelante a base de extrañas maniobras parlamentarias, y respaldan ampliamente a la jerarquía eclesiástica en su legítimo derecho a manifestar en voz alta la doctrina de siempre sobre la vida, el matrimonio, la familia y la educación de los hijos. De ahí que muchos miles de personas hayan decidido acudir a esta celebración eucarística, presidida por monseñor Rouco, impulsor de una iniciativa que ha calado muy hondo, sobre todo en una época del año particularmente propicia para dar un nuevo impulso a la defensa de la familia. Al margen de ideologías o creencias, el Ejecutivo y los grupos radicales que le apoyan deberían ser conscientes de que la institución familiar aparece reiteradamente en todas las encuestas como la mejor valorada por los ciudadanos. Tendría también que dar el valor que merece a la ingente obra solidaria que desarrolla la Iglesia a través de Cáritas y de otras muchas entidades y asociaciones para paliar, mediante la caridad, la ineficacia de la Administración en el auxilio a los más necesitados. Según las previsiones, un millón de personas asistirán hoy al encuentro en la madrileña plaza de Lima, convocado bajo el lema «El futuro de Europa está en la familia». Es una prueba evidente de la vitalidad de una institución capaz de superar una y otra vez los desafíos que le plantean, porque la familia es el ámbito natural para la expresión de las mejores cualidades del ser humano. A mayor abundamiento, la Constitución impone en su artículo 39 el deber de ofrecer una protección integral a las familias, aunque esta asignatura pendiente nunca se aborda con la necesaria voluntad política. Por ello, quedan sin atender las necesidades acuciantes de las familias numerosas y se ignora el papel de los padres y los abuelos para mantener en el hogar a los jóvenes que no pueden independizarse por falta de oportunidades.
En coherencia con una larga trayectoria, ABC apoya esta defensa firme y decidida de las convicciones de muchos millones de españoles, al margen de ideologías o partidismos. Es lamentable que la búsqueda oportunista de ventajas coyunturales impida una convivencia razonable en el terreno de la moral y las creencias religiosas, a pesar de que esta cuestión se había resuelto acertadamente en la Transición. Rodríguez Zapatero ha reabierto el debate de forma irresponsable. Si el presidente del Gobierno intenta construir un modelo de sociedad al margen de las convicciones generalizadas, encontrará cumplida respuesta en una gran mayoría de los ciudadanos. En todo caso, el acto de hoy en Madrid no está dirigido contra nadie, sino a favor de la vida, la libertad de conciencia, el derecho a la educación y los valores morales que inspiran la convivencia familiar.
Editorial ABC
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