El legado liberal en España

El pensamiento más despreciado en la España del siglo XX fue el liberal, por culpas propias y ajenas. La diversidad de grupos y personalidades que se han definido como liberales desde 1808 hasta 1978 –y después– permite hacer un análisis lejos de martirologios y mixtificaciones.

A la vez que se puede defender que los grandes estadistas de la contemporaneidad española fueron liberales, no nos deben doler prendas a la hora de exponer los errores dogmáticos y políticos que cometieron algunos liberales, o a la de señalar a los que hicieron de la revolución su profesión, o a la de denunciar a los que consideraron la exclusión del adversario la única forma de gobernar. Es decir: debe diferenciarse a Cánovas y Sagasta –equiparables a los grandes gobernantes de su época– de gente como Ruiz Zorrilla y Azaña: éste último puede asimilarse a quienes, a principios del siglo XX, llevaron las democracias europeas a la crisis total.

El legado de aquellos liberales que crearon y desarrollaron el Estado nacional no ha sido reconocido por los que han denostado sus bases políticas, económicas, sociales o culturales y les han culpado de los supuestos males de España. El origen y los motivos de tal crítica ya los apuntó José María Marco en La libertad traicionada (1997). Los liberales de finales del XIX y comienzos del XX consideraron que socialistas y nacionalistas eran elementos de modernización y regeneración del sistema representativo, y no creían que su intención era romper la estructura del Estado constitucional para acercarse al socialismo o a la independencia. Dejaron de ser liberales para ser otra cosa y se produjo la crisis de la Restauración: cayeron la Monarquía y la Constitución –no cabe obviar el error de Alfonso XIII– y vinieron una dictadura, una República trágica, una guerra civil y otra dictadura.

La crisis que vivió el liberalismo en España a principios del siglo XX fue similar a la que padeció en otros países de Europa en esos mismos años. Esto no sirve de alivio, pero sí permite sacar el caso español de la excepcionalidad en la que muchos aún lo colocan. El cuestionamiento del parlamentarismo, de los derechos individuales, de la democracia, del capitalismo o de las fronteras nacionales afectó de lleno al liberalismo, que había puesto en pie el Estado nacional.

Los logros de las personalidades, grupos y partidos que componían el mundo liberal entre 1808 y 1923 son expuestos por Felipe-José de Vicente Algueró en ¡Viva la Pepa! Los frutos del liberalismo español en el siglo XIX, editado por Gota a Gota. El autor es catedrático de instituto, especializado en Historia, y se nota. El tono didáctico, sencillo y cercano está presente en todo el texto; quizá De Vicente entiende que el lector desconoce nombres, trayectorias y acontecimientos, y que así debe ser la reivindicación, con orgullo contenido, de lo que denomina "frutos". El libro es un acierto, no sólo porque muestra el interés que una editorial vinculada a un partido político tiene por la Historia, sino porque es una obra de divulgación que puede llegar a un público amplio.

Los "frutos" políticos son claros: la nación soberana, la Constitución como salvaguardia de los derechos del hombre y regulador de los poderes del Estado, el sistema representativo y la ampliación paulatina del sufragio..., medidas todas ellas que acompasaron el desarrollo del país, al ritmo de las naciones más avanzadas de Occidente. En 1834 sólo había cuatro países en Europa con un régimen constitucional; uno de ellos era España, que estableció el sufragio universal masculino en su Constitución de 1869, la más liberal del momento. La inestabilidad de aquella España, donde se sucedían sin solución de continuidad los gobiernos, las constituciones y las casas reinantes, no mayor que la registrada en Francia, pero sí mucho menos sangrienta. Esa inestabilidad explica que llegaran al poder hombres de valía, con sentido de Estado, junto a aventureros y demagogos.

Entre tanto, la economía se iba desarrollando. Y eso a pesar de que el país tuvo que reconstruirse dos veces: tras la Guerra de la Independencia y tras la Primera Guerra Carlista. Se creó un mercado nacional y una red de transportes, y se alcanzó la unidad fiscal y bancaria, que consolidó "una estructura económica liberal que ha marcado la historia económica de España por muchos años" (p. 81). Esto no quita para señalar que la desamortización de Mendizábal se hizo mal y se presentó peor, o que la política ferroviaria estuvo trufada de corrupción. En este sentido, el historiador Leandro Prados de la Escosura ha señalado que si se hubiera dispuesto de un marco más liberal –difícil, en un entorno europeo proteccionista–, reducido el peso del sector agrario y aumentando el capital físico y humano, el crecimiento habría sido mayor.

La educación fue otro de los elementos importantes para los liberales, desde la Ley de Instrucción Pública de Claudio Moyano (1857) hasta, en opinión de De Vicente, la Institución Libre de Enseñanza (1876) o la Junta de Ampliación de Estudios (1907). Por esta última pasaron Severo Ochoa, Laín Entralgo, Luis de Zulueta, Claudio Sánchez-Albornoz, Manuel Azaña, Fernando de los Ríos, José Ortega y Gasset, Besteiro, Zubiri, Alberti y Pérez de Ayala, entre otros. El objetivo de los liberales, dice el autor, era

regenerar el país mediante el desarrollo de una sociedad culta y educada, que dispusiera de una elite intelectual bien preparada capaz de formar nuevas generaciones de españoles en este ambiente de libertad y búsqueda del conocimiento, fundamento de las sociedades liberales (p. 183).

El resultado fue mediano, como es bien sabido, posiblemente porque al plan educativo no se le dio tiempo suficiente. Lo que sí es cierto es que el régimen de la Restauración creó las condiciones adecuadas para que afloraran en el siglo XX las dos generaciones que compusieron la llamada Edad de Plata de la cultura española.

La legislación social fue de igual modo un logro de los liberales, a pesar de que la historiografía contraria la ha presentado como una conquista del "movimiento obrero" ante la "burguesía". Tanto el liberalismo progresista como el conservador adoptaron medidas en el último cuarto del siglo XIX y a principios del XX para regular los conflictos colectivos, la invalidez laboral, la higiene y la seguridad en el trabajo, así como para garantizar los derechos de asociación, manifestación y huelga. En este orden de cosas, el liberal Segismundo Moret creó la Comisión de Reformas Sociales (1885), que el conservador Maura la transformó en el Instituto de Reformas Sociales (1903), dirigido por seis representantes de la patronal y otros tantos de los sindicatos. En esta tónica, los gobiernos liberales dieron leyes como las de Descanso Dominical (1904), Inspección de Trabajo (1906), Huelgas (1909) y Retiro Obrero (1913), o la que estableció la jornada laboral máxima de ocho horas (1919).

El liberalismo, como señala De Vicente, ha sido el elemento más determinante para la construcción de la España contemporánea. Su gran cuenta pendiente, sin embargo, ha sido su incapacidad para crear una cultura política liberal, con tradiciones cimentadas en la lealtad al parlamentarismo y al constitucionalismo, que fuera crítica, sí, pero leal, capaz de resistir los embates de los totalitarios, de aferrarse a las normas de juego, con una confianza que nos hubiera librado del ocaso de la libertad en el siglo XX. Por soñar, que no quede.

Jorge Vilches

FELIPE-JOSÉ DE VICENTE ALGUERÓ: ¡VIVA LA PEPA! LOS FRUTOS DEL LIBERALISMO ESPAÑOL EN EL SIGLO XIX. Gota a Gota (Madrid), 2009, 303 páginas.

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