segunda-feira, 18 de maio de 2009

Defender la vida

La protección de la vida humana es el principio de toda civilización humana. Por el contrario, el desprecio a la vida sólo conduce a la barbarie. La crisis moral que aqueja a muchas sociedades occidentales tiene que ver con la quiebra de este principio básico: la defensa de la vida como principio fundamental, la protección de la vida humana desde su principio hasta el fin. Cuando el no nacido puede ser triturado con absoluta impunidad o cuando nos planteamos eliminar a aquellos que no tienen ya utilidad social, estamos deslizándonos por una peligrosa pendiente que conduce a la implantación de una autodestructiva cultura de la muerte en nuestra sociedad.

La Constitución española, nuestra máxima norma de convivencia, salvaguarda este derecho a la vida como valor supremo. El Tribunal Constitucional interpreta que esta defensa de la vida protege también al ser humano aún no nacido. El aborto puede ser despenalizado en algunos supuestos en los que este derecho del no nacido colisiona con los derechos de otros, por ejemplo la salud de la madre. Pero nuestra Constitución consagra el derecho a la vida, no el derecho a abortar, como derecho fundamental.

En contra de este principio moral y de este mandato constitucional, el Gobierno ha aprobado un proyecto de Ley que establece un inexistente derecho al aborto y deja al nasciturus en la más absoluta desprotección. El proyecto de Zapatero contiene alguna otra aberración, como que las menores puedan abortar sin tan siquiera conocimiento ni consentimiento de sus padres. Esta reforma supone en la práctica una liberalización total del aborto que sitúa a España como una de las legislaciones más permisivas de toda Europa para acabar con la vida de los no nacidos. A pesar de su soledad parlamentaria, parece que el Gobierno podrá articular una mayoría de izquierda en el Parlamento para sacar adelante esta propuesta.

Hacer frente a este proyecto inmoral e inconstitucional exige al menos tres tipos de respuestas. Antes que nada exige una fuerte movilización social de todos aquellos que creemos en el valor supremo del derecho a la vida. No se trata de organizar una movilización contra nadie, sino en defensa de los más débiles, quienes ni siquiera pueden defenderse. Hay que hacer comprender al Gobierno que hay una parte muy importante de la sociedad, quizá mayoritaria, que se opone a esta reforma. La sociedad española debe ser consciente de lo que está en juego y saber que hay causas por las que merece la pena luchar y salir a la calle. La vida, sin duda, es la más noble y trascendente de todas las causas posibles.

En segundo término, hay que plantear una batalla jurídica. En este sentido, ha sido un gran acierto el anuncio del Partido Popular de que llevará al Tribunal Constitucional este proyecto de Ley en caso de ser aprobado en los términos propuestos por Zapatero. A pesar de los ataques a la independencia de la Justicia que ha protagonizado este Gobierno, un mínimo de rigor debería en última instancia declarar inconstitucional la reforma propuesta. En un Estado de Derecho hay principios fundamentales que están por encima del juego de las mayorías y las minorías parlamentarias coyunturales.

Por último, pero no menos importante, es preciso plantear una firme y decidida oposición política a esta reforma. Es verdad que la actual composición del Parlamento augura que el proyecto de Ley podrá salir adelante con el voto de todos los partidos de izquierda. Pero la inmensa mayoría de los votantes del PP están radicalmente en contra de liberalizar el aborto y nos exigen una oposición clara y eficaz a este dislate. Es más, la defensa del derecho a la vida es un principio esencial de nuestro programa político.

Lo peor es caer en la desesperanza de dar la batalla por perdida. Hay que lograr que el PSOE tenga con este proyecto el mayor coste político posible. Lo más importante es articular una mayoría social en defensa del derecho a la vida. Esa mayoría será la mejor garantía para la salvaguarda de este principio constitucional y la señal de que la sociedad española ha recuperado principios morales que resultan fundamentales para su futuro.

Ignacio Cosidó, diputado del Partido Popular por Palencia.

http://www.libertaddigital.com

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