 | En uno de esos largos textos que, siguiendo el ejemplo de Fidel Castro, publica para impartir doctrina y mostrar su peculiar modo de ver el mundo, Chávez proclama: "El tiempo es propicio para que todos los poderes, liberados del lastre de su división –como consecuencia de una nefasta herencia que debemos superar más temprano que tarde– trabajen coordinadamente como lo exige el constitucionalismo popular que toma forma en Venezuela y en nuestra América". |
En esas líneas lo realmente importante es la consideración de la división de poderes como un "lastre" del que hay que liberarse, una "nefasta herencia" que ha de ser superada. Sólo teniendo en cuenta esto puede llegar a entenderse en qué consiste ese constitucionalismo presentado con el adjetivo de "popular" del que habla el paladín del socialismo del siglo XXI. Al igual que hiciera el denominado socialismo real del siglo XX –y sigue haciéndolo en países como Cuba, China o Vietnam–, la nueva careta de ese totalitarismo utiliza las palabras para designar justo lo contrario de lo que significan.
En el bloque soviético democracia significaba dictadura y libertad, opresión. Justo como ocurre en residuos comunistas como Cuba o Vietnam, y en la Venezuela de Chávez. Ahora, constitucionalismo pasa a querer decir todo lo contrario. En la tradición constitucionalista iniciada con las revoluciones liberales del siglo XIX, y en la que se inscriben personajes tan falseados por los totalitarios como Simón Bolívar y José Martí, la división de poderes es fundamental.
Pero la mentira de Chávez no termina ahí. Él escribe como si el fin de la separación de poderes fuera algo por hacer, cuando hace tiempo que él ya emprendió esa tarea. En Venezuela ya no hay jueces que administraran justicia antes de la llegada del caudillo al poder. Los tres últimos episodios de la intromisión chapista en la Justicia son muy recientes. La destitución de la juez de primera instancia en lo penal Mercedes Chocrón contó con tan pocas garantías legales que el régimen venezolano tiene que enfrentarse a un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otra magistrada, María Lourdes Afiuni, ha sido detenida por decretar la libertad condicional de un banquero perseguido por el Gobierno. Como terrible colofón, la presidenta del Tribunal Supremo, Luisa Estrella Morales, declaró que la separación de poderes debilita al Estado y que, por tanto, debe eliminarse.
El legislativo ve recortado cada vez más su campo de actuación en Venezuela y países afines. Cuando esto no ocurre, los presidentes directamente ignoran la obligación de acudir al Congreso para la aprobación de normas o acuerdos. Así, en el caso de Ecuador, la Asamblea espera desde hace medio año para votar si se da el visto bueno a la integración del país en el bloque bolivariano ALBA, que ya es real por deseo de Rafael Correa. Tampoco se respeta la división vertical, entre los poderes nacionales y regionales o municipales. En Venezuela y otros países, cuando una región o un ayuntamiento tienen un gobierno de signo contrario al del presidente se le quitan atribuciones o se le priva de los recursos que necesita para funcionar.
La división de poderes hace tiempo que dejó de ser un lastre para Chávez y compañía. De esa "nefasta herencia" tan sólo quedan unos pequeños restos, que poco a poco irán desmantelando.
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