El fraude de ley consiste en utilizar una norma que da cobertura aparente a un acto para conseguir un resultado contrario a Derecho. El caso del barco abortista holandés que pretende actuar frente al litoral de Valencia responde al pie de la letra a las características del fraude: se trata de embarcar a las mujeres en el puerto valenciano y llevarlas a aguas internacionales para que puedan abortar, eludiendo la ley española todavía en vigor. Hay mucho de propaganda en una operación apoyada por determinadas clínicas, grupos feministas y partidos radicales, con el concurso de ciertos personajes habituales en este tipo de montajes, como sucede con Pilar Bardem. No obstante, lo principal es que se vulnera de forma evidente la ley española y que los poderes públicos tienen el deber inexcusable de impedir unas maniobras que suponen una burla para autoridades y ciudadanos. Lo más sorprendente es que la delegación del Gobierno parece dispuesta no sólo a consentir el fraude, sino incluso a cooperar en una actividad ilegal con el pretexto de garantizar la seguridad del barco frente a una supuesta actuación de grupos contrarios al aborto. El derecho a la vida es algo demasiado serio para que se juegue impunemente con la dignidad de las personas. El Gobierno impulsa una reforma innecesaria del Código Penal en esta materia, con el único objetivo de buscar el apoyo de la izquierda extrema; pero, mientras no se apruebe, es obligatorio cumplir y hacer cumplir la norma actual sin permitir trampas ni disfraces.
Editorial
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