Nunca he sabido encontrar el «justo medio» que predicaba Aristóteles; pero queda claro, en razón de la experiencia, que no se ha instalado en las proximidades de Baltasar Garzón, histrión mayor del Reino de España. El personaje, después de sintetizar en sí mismo todos los poderes del Estado y de haber pertenecido al Judicial, al Legislativo, al Ejecutivo y vuelto al Judicial -¡pobre Montesquieu!- le ha pedido al Registro una certificación de la muerte de Francisco Franco. Eso quiere decir que la estrella pierde brillo. En sus mejores años podría haber perfeccionado el esperpento dictando contra el viejo dictador una orden de busca y captura. Cualquier cosa menos pasar desapercibido.
Vaya por delante mi reconocimiento a las familias, azules o rojas, que tuvieron víctimas en la Guerra Civil -antes o después, que tanto monta- y que reivindican el derecho a saber dónde reposan los restos de su parentela. Una oración, una flor o un sencillo suspiro nostálgico constituyen puentes entre el ayer y el mañana tan sólidos e indestructibles como el ADN; pero todo, también el culto a los difuntos, es cuestión de formas y oportunidad. Ese derecho de las familias, curiosamente no ejercido en las tres décadas que llevamos de vigencia de la Constitución del 78 -antes de la muerte de Franco no hubiera sido posible-, pasa a ser, por obra y gracia de un juez, todo un festival de rencores y ajuste de cuentas pasadas. Algo que, sospechosamente, concuerda con la Memoria Histórica que alimenta José Luis Rodríguez Zapatero, nieto de uno de sus abuelos.
Conviene recordar que, hace justo 31 años, recientes las primeras elecciones democráticas que siguieron a la muerte del anterior Jefe de Estado -el 15 de octubre de 1977-, el Pleno del Congreso de los Diputados, con gran solemnidad y arrobo, aprobó la Ley 46/77, la Ley de Amnistía que votaron favorablemente 296 diputados, con solo 2 en contra, 18 abstenciones y 1 voto nulo: el 93 por ciento de los presentes. La más hostil de las intervenciones en contra de la Ley, cuyo mérito conviene entender en la medida de su momento y significación, fue la de Antonio Carro, diputado de AP, que llegó a comparar el texto como un equivalente a la toma de la Bastilla en la Revolución francesa.
Garzón, gran artesano de su propio pedestal, propone ahora a la sociedad española algo que a unos les resulta fundamental y justiciero y que, visto en su conjunto, a otros nos parece estólido: la exhumación, seis docenas de años después, de centenares, de millares, de cadáveres producidos en una bárbara guerra fratricida de la que, según demuestra la Audiencia Nacional, no nos hemos repuesto satisfactoriamente. La Transición no pactó la «impunidad» de ningún delito, se limitó, con gran generosidad de las partes implicadas, a buscar la superación del pasado. Algo que, en bien de su futuro, no quiere un juez iluminado.
M. Martín Ferrand
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