En contra de los principios más elementales de la defensa de la vida humana, el Partido Socialista pretende «vender» la nueva ley del Aborto como un éxito para los derechos de la mujer. La reforma impulsada por Bibiana Aído entra en vigor el próximo 5 de julio y el Ministerio de Sanidad se apunta a este inaceptable planteamiento con su intención de enviar «agentes de salud» a las aulas para enseñar a los niños las grandes «ventajas» de la doctrina gubernamental sobre el sexo, el matrimonio y la eliminación del feto. Sanidad tiene la intención de enviar profesionales afines a la causa para impartir unos sedicentes cursos de salud afectiva y sexual. Algunas de las viñetas y consignas que circulan por determinados institutos ofrecen una imagen lamentable sobre la consideración ética y el propio rigor intelectual de sus promotores. El Gobierno da así un paso más en su concepción ideológica sobre el aborto, porque hasta ahora no se había atrevido a tratar este drama personal y social con una frivolidad que resulta intolerable cuando está en juego la vida del nasciturus.
Adoctrinar a los escolares a favor de una opción política y ética determinada es fiel reflejo de una mentalidad totalitaria que resulta contraria al pluralismo democrático y a lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución en materia de educación. Frente al sectarismo ideológico y el oportunismo partidista, parecen no servir de nada las reglas básica de la moral y la defensa de la vida de los seres más indefensos. La llamada ley de la Salud Sexual y Reproductiva supone un grave atentado al derecho de los padres, y también a la institución familiar, protegida específicamente por la Norma Fundamental. Es muy triste que algunos políticos aparezcan triunfantes en una foto después de aprobar una ley que facilita la eliminación de vidas humanas, pero mucho peor es que ahora se quiera adoctrinar a los niños en beneficio del interés particular de los promotores de la ley. Por supuesto, los Ministerios de Sanidad y de Igualdad no tienen en cuenta que está pendiente la presentación de recursos ante el Tribunal Constitución y que los efectos de la puesta en marcha de la norma son irreversibles.
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