La mala fe tanto del juez como de los denunciantes queda comprobada una y otra vez a lo largo del auto, en que lo mismo le da comparar al régimen de Franco con la Alemania comunista, que hablar de "un exilio forzoso de miles de personas". Lo primero no precisa comentario, porque cae en el ámbito de la simple estupidez; en cuanto al exilio, no fue en modo alguno forzoso, sino voluntario, como demuestra el hecho de que la gran mayoría de los exiliados volvió a España ya en el mismo año de terminación de la guerra, y los pocos retornados que fueron condenados por delitos diversos estuvieron pronto en libertad: sucesivos indultos liberaron a la gran mayoría de los presos antes de ocho años, incluidos los conmutados de pena capital a cadena perpetua. Los exiliados permanentes lo fueron, en unos casos, porque tenían cuentas muy graves con la justicia, por crímenes o robos (los dirigentes del Frente Popular, aparte de su responsabilidad en miles de asesinatos, expoliaron concienzudamente el patrimonio histórico y artístico español, así como a los particulares de toda condición social); o porque, siendo inocentes, detestaban al nuevo régimen por ir contra sus ideas políticas; o porque esperaban volver en triunfo desde el extranjero cuando las condiciones internacionales les fueran propicias, como esperaron, en vano, al terminar la guerra mundial. Garzón considera también víctimas a los perseguidos y fusilados con motivo del maquis, que no fue otra cosa que un intento de reanimar la guerra civil, dirigido por los comunistas y que llevó a cabo gran número de asesinatos, secuestros, atracos, etc. Curioso criterio el del juez sobre el concepto de "víctima".
El total de víctimas de crímenes franquistas lo estima Garzón, muy precisamente, en 114.266 a lo largo de dieciséis años, cifra dada por un grupo de expertos "sin perjuicio de que las cifras puedan ser diferentes". ¿Quiénes son esos "expertos"? Se trata, en general, de individuos fuertemente ideologizados y subvencionados por el poder con el propósito de llegar a determinadas conclusiones. El historiador Ángel David Martín Rubio ha examinado y criticado muchos de esos informes y ha encontrado, como cabía esperar, numerosas inexactitudes, atribuciones falsas (incluyendo a veces a izquierdistas muertos por otros izquierdistas), casos de difícil comprobación o que pudieron haber caído en combate, etc. Y, por supuesto, los "expertos" parten del supuesto, perfectamente falso, repitámoslo, de que las víctimas defendían un sistema democrático y eran inocentes de cualquier crimen, salvo el de militar en partidos del Frente Popular y similares. Un juez, si quiere responder a ese nombre, tendría que haber analizado unos informes de origen tan turbio, contrastándolos además con otros más independientes; pero, como de costumbre, Garzón da por buenas, sin más averiguación, acusaciones con gran probabilidad de ser exageradas o calumniosas, y que en muchos casos lo son sin duda.
Por otra parte afirma el auto:
En todo caso se hace necesario dar respuesta procesal a la acción iniciada porque sigue habiendo víctimas y su derecho exige emplear todos los medios precisos para satisfacerlo y, especialmente, para hacer cesar la comisión del delito y los efectos derivados del mismo que sólo tendrá lugar con la búsqueda y localización de los cuerpos de los desaparecidos.
¿Hacer cesar la comisión del delito? ¿Es que sigue habiendo delitos de ese tipo? En fin... Pero vamos a otro aspecto: los de la "memoria histórica" llevan ya muchos años buscando y removiendo tumbas, y hablando a troche y moche de "las fosas del franquismo", de "los enterrados en las cunetas", de la "necesidad de que las víctimas tengan un duelo", de su "dignidad", etc. (olvidando por completo a numerosas víctimas de derecha que nunca fueron identificadas, o a izquierdistas asesinados por otros del Frente Popular, de los que hay abundantes testimonios). Entonces, la pregunta es: ¿cuántos cuerpos han desenterrado en todos estos años de ruido mediático y subvenciones? Su mayor empeño ha sido encontrar un "Paracuellos" del que acusar a la derecha, y en algún momento creyeron tenerlo, en Órgiva, Granada: un osario de 4.000 víctimas hombres, mujeres y niños, se aseguraba, incluso con testigos de las matanzas. Analizados los huesos, resultaron ser de cabras y perros, y el asunto fue tapado. En otras ocasiones, los desenterrados eran derechistas fusilados por sus contrarios. Repitamos, pues, la pregunta: ¿cuántos enterrados en fosas y cunetas han encontrado en tantos años? ¿Cuántos han sido identificados claramente como izquierdistas? ¿En qué condiciones fueron enterrados en esos lugares? Son preguntas a las que debiera haber contestado el auto de Garzón, si realmente trataba de hacer justicia y no una propaganda política barata.
Aunque, ya lo dijimos, todo el montaje cae por su base ante la evidencia de que no debe quedar vivo casi ninguno de los presuntos responsables de crímenes, y Carrillo, que sí lo está, ha sido excluido graciosamente por un juez que es la antítesis del espíritu de la justicia, de la democracia y de la veracidad histórica.
Pío Moa
http://www.libertaddigital.com
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