La megalomanía de Baltasar Garzón

Durante mucho tiempo, en Occidente fueron los Estados los competentes para juzgar los hechos acontecidos en su territorio. Sin embargo, en los últimos años los activistas pro derechos humanos han promovido el concepto de jurisdicción universal, según el cual un juez puede considerarse competente para entender sobre un delito cometido en un país distinto del suyo.

Los defensores de esta idea tienen su héroe en Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional española. Militante socialista en su etapa universitaria, Garzón se convirtió –a los 32 años– en el magistrado más joven de la AN. Desde hace muños años, ejerce lo que sólo puede definirse como "megalomanía judicial".

Garzón, muy proclive a aparecer en los medios, ha perseguido al ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, al primer ministro italiano Silvio Berlusconi, al difunto líder chileno Augusto Pinochet y a 98 militares argentinos (pese a que en la Argentina se promulgó una amnistía tras el fin de la guerra sucia). En 2003 acusó incluso a Osama ben Laden y a otros 34 presuntos terroristas –algunos de los cuales estaban bajo custodia española– de pertenencia al grupo implicado en los ataques del 11-S, que, como todo el mundo sabe, no se perpetraron en suelo español. Pese a su deseo de capturar y procesar a Ben Laden, sólo 18 de los acusados fueron encarcelados por tener lazos con grupos terroristas, aunque no con el 11-S.

A finales del año pasado, Garzón reabrió la guerra civil española acusando de crímenes de guerra al general Franco (que lleva muerto 33 años) y a otras 44 personas, todas ellas militares o miembros de Falange Española. Puesto que la amnistía de 1977 dio por zanjado el conflicto mediante la reconciliación nacional, la iniciativa no suscitó reacciones airadas. Poco antes de que la AN dictaminara que la causa no era de su competencia, el juez estrella abandonó la investigación. 

También en 2008, Garzón dio con un nuevo objetivo, mucho más importante: los presuntos contaminadores de la atmósfera. Aseguró que combatiría el calentamiento global llevando a los culpables ante la justicia, estuviesen donde estuviesen. Todavía no ha puesto en marcha su plan. En cambio, ha emprendido una nueva batalla judicial, que implica a dos ciudadanos rusos, uno de los cuales ha vivido tranquilamente en Mallorca durante diez años.

El pasado junio Garzón ordenó el arresto de Guennady Petrov. En medio de un gran despliegue, con helicópteros y periodistas en el lugar de los hechos, la Guardia Civil rodeó la casa de Petrov, requisó joyas, coches y demás objetos de valor e interrogó a Guennady y a su mujer por espacio de cuatro horas. Guennady fue a parar a la cárcel, acusado de blanqueo de dinero, falsificación de documentos y evasión de impuestos.

Irónicamente, Petrov se había mudado a España para escapar de la mafia rusa. No tenía antecedentes penales en España ni en su país. Su abogado dice que el tribunal no ha reunido pruebas suficientes como para justificar la acusación y que Petrov no merece ser llevado a juicio (según la legislación española, puede permanecer recluido hasta cuatro años sin ser juzgado).

En octubre, el juez estrella volvió a recurrir a la jurisdicción universal; esta vez, para interrogar al parlamentario ruso Vladislav Reznik por sus supuestas conexiones con el crimen organizado. Reznik vive en Rusia, pero tiene una casa –comprada por Petrov– en Mallorca; casa que fue convenientemente registrada, a resultas de los cual se procedió a la requisa de varios bienes. El también miembro de la Duma Víctor Pleskachevsky declaró, tras conocer la operación garzonita:

Teniendo en cuenta la fama que tiene Garzón de instruir casos políticos, y que el registro [de la casa de Reznik] se ha producido al mismo tiempo que otro caso judicial igual de mediático (...), tenemos motivos para sospechar que este operativo tiene motivaciones políticas.

Garzón se tomó un año sabático en 2005-2006 para dar clases en la Universidad de Nueva York, por lo que recibió 200.000 dólares, que sumó a su salario habitual. El Consejo General del Poder Judicial español sostiene que aquél no informó a sus superiores de su doble remuneración, tal como marca la ley. Los miembros del Consejo deben decidir a mediados de este mismo mes si sobreseen el caso o castigan a Garzón.

Si finalmente deciden dar carpetazo al asunto, el mundo entero estará atento a los nuevos movimientos del megalómano; por si vuelve a fijarse objetivos suculentos, como oficiales del ejército o miembros pasados o presentes del Gobierno de EEUU sospechosos, a su juicio, de incurrir en crímenes de guerra.

PETER HANNAFORD, miembro del Comité del Peligro Presente y ex asesor de Ronald Reagan.

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