Según los datos, todavia provisionales, Hugo Chávez ha ganado el referendum que convocó para reformar la Constitución y poder perpetuarse así en el poder. Con un 67,05 % de participación electoral, votaron "Sí" un 54,36% (6.003.594 votos), y "No" un 45,63% (5.040.082 votos). Resultado que habría de aceptarse si el sentido y la realización del referendum hubiesen sido plenamente democráticos.
Pero no ha sido así. En primer lugar, el intento de mantenerse, prácticamente de forma vitalicia en su cargo, va en contra de la división temporal del poder, que en el siglo XXI exige que nadie pueda ejercerlo sin un límite en el tiempo. Por lo tanto, Chávez sabe perfectamente que seguir el ejemplo de Castro, Franco u otros dictadores, en principio y en final, repugna a la razón.
Pero para evitarlo ha actuado astuta y demagógicamente buscando la legitimación de sus actos en el pueblo, lo mismo que los monarcas absolutos reivindicaban el apoyo de Dios. Es más: ha dicho textualmente que será presidente "hasta que Dios y el pueblo quiera", cuenta pues, a su juicio, con dos fuentes de legitimación: el apoyo divino y el presunto del pueblo.
En cuanto al primer apoyo, no cabe duda de que es harto difícil de comprobar, por lo que debe admitirse la duda de que exista. Pero, en cambio, el segundo es bastante más que discutible, porque se puede demostrar si se ha dado o no. Un referéndum para que sea realmente válido exige tres condiciones mínimas: un contexto democrático, una pregunta bien formulada y una pluralidad de medios de comunicación con absoluta garantía de que se respeta la libertad de expresión.
En estos momentos no es posible admitir que en Venezuela haya un contexto democrático, sino que, por el contrario,la presión ejercida por los seguidores de Chávez para que los ciudadanos votasen "sí" ha sido enorme, hasta el punto de que si sirve de muestra un botón, basta con el que nos suministra la expulsión del eurodiputado español Luis Herrero.
Y habría que comprobar asimismo que todo el proceso electoral ha sido autentico y legal, lo que provoca dudas. En segundo lugar, la pregunta que se ha sometido a la votación del pueblo venezolano, recuerda curiosamente aquella frase genial de los hermanos Marx sobre "la parte contratante", es decir, todo menos una pregunta bien planteada y fácil de entender.
Para comprobarlo baste leerla: "¿Aprueba usted la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución tramitada por la Asamblea Nacional que amplía derechos políticos del pueblo con el fin de permitir que cualquier ciudadano o ciudadana, en ejercicio de un cargo de elección popular, pueda ser sujeto de postulación como candidato para el mismo cargo por el tiempo establecido constitucionalmente dependiendo su posible elección exclusivamente del voto popular?".
Como se ve, un ejemplo de claridad y rigor conceptual que habría producido las delicias de Descartes y la envidia de Maquiavelo. En cualquier caso, no cabe dudar de la habilidad demagógica de los organizadores del referéndum, que conocen perfectamente la regla de Panurgio que formuló el politólogo francés Maurice Duverger, esto es, en una consulta de este tipo, el cuerpo electoral tiende a inclinarse más fácilmente hacia el "sí", que hacia el "no", por lo que siempre la pregunta se plantea interesadamente en función de una respuesta afirmativa.
Y, por último, en lo que se refiere a la pluralidad de los medios de comunicación y la libertad de expresión, no parece que esté claramente garantizada actualmente en Venezuela, cuando existe una enorme desproporción de los medios de que dispone el Gobierno con respecto a los de la oposición.
En definitiva, una vez más la historia nos enseña que han sido precisamente los enemigos de la democracia los que han utilizado con más frecuencia esta forma de consulta popular, sobre todo, como ocurre en este caso, en su versión de plebiscito.
Jorge de Esteban, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense y Presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO. Ha sido embajador de España en Italia y Presidente de UNEDISA-EL MUNDO. Autor de más de cuarenta libros de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Diplomacia.
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