El etarra Iñaki de Juana Chaos sale hoy de prisión. El terrorista más sanguinario del «comando Madrid» de ETA recupera su libertad sin pedir perdón por sus 25 asesinatos, sin haber pagado las indemnizaciones a sus víctimas, sin haber dado muestra alguna de arrepentimiento y sin condenar el terrorismo. Lo hace como un héroe de la izquierda abertzale que no sólo se ha reído a carcajadas de las víctimas y sus familias, como él mismo ha confesado, sino que se ha mofado de las normas del juego democrático a través de sus huelgas de hambre, su sospechoso título universitario y demás tretas administrativas para dar esquinazo a los pagos que debe realizar a los damnificados por sus matanzas.
Los más de tres mil años de cárcel a los que fue condenado por su sangrienta trayectoria materializada en al menos once atentados se vieron reducidos a dieciocho a consecuencia de la flaqueza del antiguo Código Penal y gracias a la obtención de varias redenciones extraordinarias y controvertidos beneficios penitenciarios. De hecho, tendría que haber sido excarcelado en agosto de 2005. Pero un mes antes, la Justicia decidió mirar con lupa sus últimas actuaciones en busca de pruebas para evitar su salida y las encontró: unos artículos publicados en el diario «Gara» en diciembre de 2004. Tras una considerable rebaja respecto a la sentencia inicial de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo le enviaba a prisión tres años por amenazar a los directores de varios centros penitenciarios.
Esta condena que hoy expira ha sido testigo de uno de los episodios más bochornosos del abuso de poder en la era democrática de nuestro país, que las víctimas del terrorismo no olvidan. Ocurrió en marzo del pasado año, en plena negociación con la banda terrorista, cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió recompensar a De Juana con una excarcelación hospitalaria aderezada con una serie de privilegios injustificables. Era la primera vez que el Estado de Derecho cedía ante un órdago lanzado por un terrorista a través de una manipulación del Poder Judicial para encubrir de falsa legalidad una decisión política. Este chantaje terrorista que ETA y De Juana supieron aprovechar dejando en ridículo al Gobierno generó una oleada de rechazo en todo el país, que se echó a la calle para exigir su vuelta a prisión. Sin embargo, no fue hasta un día después del anuncio de la ruptura del alto el fuego permanente de ETA cuando el Gobierno ordenaba la vuelta del etarra a la cárcel de Aranjuez.
Ahora, con la puesta en libertad de Iñaki de Juana Chaos, resulta inevitable pensar que ETA ha ganado una nueva batalla a la Democracia. No es para menos, teniendo en cuenta que a De Juana cada uno de los 25 asesinatos que ha cometido sólo le ha supuesto ocho meses de cárcel. Si a eso se añade que residirá en la misma calle que otras cinco víctimas de ETA, a las que no ha pedido perdón, la desazón en la ciudadanía es aún mayor.
Por eso, a estas alturas resulta poco reconfortante para las víctimas del terrorismo que las fuerzas políticas improvisen en caliente un acuerdo para evitar que los etarras se mofen de esta manera de sus víctimas y se evadan de pagar sus deudas con ellas. Una vez más el pacto llega tarde, al igual que la decisión de la Fiscalía de investigar de nuevo al terrorista para devolverle a su celda. Está claro que urge, sin dejar lugar a electoralismos oportunistas, un trabajo más serio para reformar la legislación antiterrorista y no dar margen de impunidad alguno a los terroristas. En suma, evitar que haya más «De Juanas» en libertad.
Los más de tres mil años de cárcel a los que fue condenado por su sangrienta trayectoria materializada en al menos once atentados se vieron reducidos a dieciocho a consecuencia de la flaqueza del antiguo Código Penal y gracias a la obtención de varias redenciones extraordinarias y controvertidos beneficios penitenciarios. De hecho, tendría que haber sido excarcelado en agosto de 2005. Pero un mes antes, la Justicia decidió mirar con lupa sus últimas actuaciones en busca de pruebas para evitar su salida y las encontró: unos artículos publicados en el diario «Gara» en diciembre de 2004. Tras una considerable rebaja respecto a la sentencia inicial de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo le enviaba a prisión tres años por amenazar a los directores de varios centros penitenciarios.
Esta condena que hoy expira ha sido testigo de uno de los episodios más bochornosos del abuso de poder en la era democrática de nuestro país, que las víctimas del terrorismo no olvidan. Ocurrió en marzo del pasado año, en plena negociación con la banda terrorista, cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió recompensar a De Juana con una excarcelación hospitalaria aderezada con una serie de privilegios injustificables. Era la primera vez que el Estado de Derecho cedía ante un órdago lanzado por un terrorista a través de una manipulación del Poder Judicial para encubrir de falsa legalidad una decisión política. Este chantaje terrorista que ETA y De Juana supieron aprovechar dejando en ridículo al Gobierno generó una oleada de rechazo en todo el país, que se echó a la calle para exigir su vuelta a prisión. Sin embargo, no fue hasta un día después del anuncio de la ruptura del alto el fuego permanente de ETA cuando el Gobierno ordenaba la vuelta del etarra a la cárcel de Aranjuez.
Ahora, con la puesta en libertad de Iñaki de Juana Chaos, resulta inevitable pensar que ETA ha ganado una nueva batalla a la Democracia. No es para menos, teniendo en cuenta que a De Juana cada uno de los 25 asesinatos que ha cometido sólo le ha supuesto ocho meses de cárcel. Si a eso se añade que residirá en la misma calle que otras cinco víctimas de ETA, a las que no ha pedido perdón, la desazón en la ciudadanía es aún mayor.
Por eso, a estas alturas resulta poco reconfortante para las víctimas del terrorismo que las fuerzas políticas improvisen en caliente un acuerdo para evitar que los etarras se mofen de esta manera de sus víctimas y se evadan de pagar sus deudas con ellas. Una vez más el pacto llega tarde, al igual que la decisión de la Fiscalía de investigar de nuevo al terrorista para devolverle a su celda. Está claro que urge, sin dejar lugar a electoralismos oportunistas, un trabajo más serio para reformar la legislación antiterrorista y no dar margen de impunidad alguno a los terroristas. En suma, evitar que haya más «De Juanas» en libertad.
Editorial
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