José Luis Rodríguez Zapatero ha faltado a la verdad con ánimo de ocultar a los españoles la realidad de la situación económica. La confianza que los electores depositan en los gobernantes es un elemento esencial del sistema democrático. La gente sabe ya que el Ejecutivo desperdició los tiempos de bonanza en la pasada legislatura sin adoptar las medidas estructurales imprescindibles para fortalecer la economía española. Es consciente también de que existen dificultades objetivas y de que la solución de algunos problemas -entre ellos, el precio del petróleo o los tipos de interés- no está en manos del Gobierno. Lo que resulta intolerable para una sociedad madura es el engaño deliberado con fines oportunistas. El PSOE maquilló la realidad antes de las elecciones, cuando el propio presidente del Gobierno calificaba de «antipatriotas» a quienes se limitaban a decir la verdad. Después del 9-M, Rodríguez Zapatero adoptó una actitud absurda, utilizando eufemismos de todo tipo para negar la evidencia. A su vez, el vicepresidente económico dilapida su prestigio con una postura pasiva y distante que provoca cierta irritación y se traduce en un notable descenso en su valoración política. El ministro de Industria da la cara, pero sus ocurrencias sobre bombillas y corbatas ofrecen una imagen frívola que resulta incompatible con el rigor indispensable en estas circunstancias.
Es lógico que la última encuesta del CIS refleje la caída en picado de un Gobierno insolvente. No hay precedentes en nuestra democracia reciente de un varapalo tan fuerte en tan poco tiempo para el partido en el poder, que hace apenas unos meses obtenía la mayoría en las urnas. El PP ha resuelto a tiempo sus problemas internos y desarrolla ahora una labor de oposición sólida y eficaz que empieza a calar en la opinión pública. El barómetro del CIS es significativo del fracaso de un equipo flojo e incoherente que carece de proyecto político: suspende incluso el propio presidente del Gobierno y sólo tres ministros aprueban por la mínima. La causa no es la crisis en sí misma, sino la percepción social de que alguien hace trampas con las palabras y los hechos, lo que justifica este deterioro acelerado. La sociedad española no se puede permitir un Gobierno débil y sometido a los vaivenes de la aritmética parlamentaria. El desbarajuste territorial impulsado desde hace unos años pasa ahora su factura, con una nueva versión del Plan Ibarretxe que nadie termina de desactivar y un Estatuto catalán que Montilla pone en práctica sin consideración alguna hacia lo que pueda decir en su momento el Tribunal Constitucional.
Según los datos del CIS para el mes de abril, el PSOE sacaba 6 puntos de diferencia al PP, reducidos ahora a dos décimas. Es un batacazo en toda regla para el Ejecutivo, aunque la vicepresidenta se consuele pensando que tienen cuatro años por delante para demostrar la existencia de un proyecto. Más valdría que empezaran cuanto antes, y también que algunos ministros dejaran de ser unos perfectos desconocidos para la gran mayoría de los ciudadanos, como también reflejan los datos. Las operaciones cosméticas, como la convocatoria de un consejo de ministros en mitad de agosto, sólo sirven para prolongar el engaño. España afronta una crisis económica importante y el Estado de Derecho tiene que hacer frente a desafíos soberanistas que exigen una defensa activa y eficaz de la Constitución. No sirven las sonrisas, el talante o el buenismo, sino que es deber del Gobierno crear las condiciones adecuadas para generar seguridad y confianza en los distintos sectores sociales. Por eso, ha llegado la hora de decir la verdad a los ciudadanos y de ofrecer soluciones a los problemas, aunque -vistos los antecedentes- es ilusorio pensar que Rodríguez Zapatero está en condiciones de aportar lo que la sociedad exige en una coyuntura tan difícil en el plano político y económico.
Editorial ABC
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