A Rafael Ricardi, un pobre toxicómano del Puerto de Santa María, le cayeron 36 años de prisión por una violación que no cometió, y nadie le ha pedido disculpas después de que cumpliera trece expiando un delito ajeno. Le han puesto en libertad con el seco ritual carcelario, adiós muy buenas, y eso es lo que hay. Trece años por nada. Hoy, Ricardi verá en la televisión un alboroto en la puerta de un presidio por la que habrá salido Iñaki de Juana Chaos, condenado a más de 3.000 años por asesinar a 25 personas, y probablemente no entenderá nada. Como tampoco lo entienden los deudos de las víctimas de ese serial killer al que cada muerto le ha salido a menos de un año de condena. Veintiún años por veinticinco asesinatos. Eso también es lo que hay.
Pero no se puede llamar justicia al sistema que permite casi simultáneamente este doble sinsentido. Un sistema que tiene agujeros sin fondo por los que caen los inocentes y por los que escapan los culpables. Un sistema que tritura la vida de un hombre sin recursos y tira a la basura sin respeto el dolor de las víctimas de un delirio de violencia política. Un sistema que ofende el sentido común al permitir un agravio de infamia.
Con De Juana ha fallado toda la estructura moral y política de la democracia, incapaz de articular una respuesta penal a su mayor desafío. Una democracia acomplejada ante la cadena perpetua, timorata a la hora de evaluar el carácter perverso del terrorismo y su incapacidad intrínseca de arrepentirse. Una democracia que durante décadas ha preferido negarse a sí misma, con ceguera contumaz, la necesidad de defenderse de manera terminante ante la sistemática y organizada agresión de un designio político visionario. Una democracia enferma de debilidad, de dudas y de divisionismo.
Toda esa carga pusilánime ha hecho crisis en este caso clamoroso que ofende la dignidad colectiva por su carácter chapucero y su torpeza jurídica. Ha faltado sentido de la previsión, determinación política, cohesión institucional, y ha sobrado conformismo, cobardía y tacticismo. No sólo ahora, en el reciente encogimiento maniobrero de un tramposo «proceso de paz», sino desde el principio, cuando los partidos democráticos se negaron a revisar un Código Penal elaborado desde bases ajenas al reto de la violencia terrorista. El resultado es una desoladora ausencia de respuestas que desemboca en la impotencia estéril de un absoluto, lacerante, pesimista y estrepitoso fracaso. Todo ha fallado: la legislación, la voluntad, la perspectiva, la estrategia, la Justicia, el Estado. Lo único indemne en este generalizado despropósito es la gigantesca entereza moral de unas víctimas que resisten la humillación y el oprobio sin merma de dignidad y sin una sola concesión a la tentación de la venganza.
Al final, éstos son los hechos. Rafael Ricardi, toxicómano, inocente, trece años de cárcel. Iñaki de Juana, terrorista, culpable de 25 asesinatos, veintiún años de prisión. Y seguimos llamando justicia al sistema que consiente esta ignominia.
Ignacio Camacho
www.abc.es
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